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Las tasadoras inmobiliarias vuelven al centro de la polémica por su mala praxis
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COMPETENCIA ABRE EXPEDIENTE A LA PATRONAL DEL SECTOR

Las tasadoras inmobiliarias vuelven al centro de la polémica por su mala praxis

La polémica está servida. La transparencia, independencia y buena praxis de parte de las tasadoras inmobiliarias está en duda después que la Comisión Nacional de la Competencia

Foto: Las tasadoras inmobiliarias vuelven al centro de la polémica por su mala praxis
Las tasadoras inmobiliarias vuelven al centro de la polémica por su mala praxis

La polémica está servida. La transparencia, independencia y buena praxis de parte de las tasadoras inmobiliarias está en duda después que la Comisión Nacional de la Competencia (CNC) anunciara ayer la apertura de un expediente sancionador a la patronal del sector.

El organismo regulador investiga a la Asociación Profesional de Sociedades de Valoración (Atasa)  por la posible fijación de precios, de forma directa o indirecta, o de condiciones comerciales o de servicio. En concreto, ha decidido abrir un expediente a porque ha visto "indicios racionales" de "prácticas anticompetitivas", aseguraba en un comunicado.

Atasa cuenta con 36 asociados, tal y como se puede consultar en su web. Entre ellas, figuran algunas de las tasadoras más fuertes de España como Tasamadrid, Valmesa y Valtectic que, junto a Sociedad de Tasación y Tinsa, que no forman parte de la patronal, controlan más del 50% del sector en España. Además, entre los asociados también figura un importante número de sociedades en manos de entidades financieras: como Tasamadrid (Caja Madrid), Servatas (BBK, Kutxa y Caja Vital), Tasagalicia (Novacaixagalicia, Caja Madrid), LKS Tasaciones (Caja Laboral), VTH (La Caixa), Tabimed (CAM). Así como la tasadora del Colegio de Arquitectos de España, Arquitasa.

Desde Atasa se defienden. Su director general de, Leandro Escobar, aseguraba ayer a El Confidencial que la decisión de Competencia "es un error y que en breve rectificará", al tiempo que ha insistido en que sus asociados, "de ninguna manera pactan precios sino que trabajan libremente con sus tarifas".  

En duda su independencia y su papel en el 'boom' inmobiliario

La resolución de Competencia no se conocerá hasta dentro de 18 meses y aunque según señala el organismo regulador "la del expediente no prejuzga el resultado final de la investigación", lo cierto es ha puesto en cuestión la actividad de las tasadoras que, por otra parte ya ha sido criticada y puesta en duda en ocasiones anteriores por parte de diferentes organizaciones de consumidores y usuarios que las acusan de haber inflado las tasaciones en pleno 'boom' y de continuar haciéndolo en pleno pinchazo de la burbuja.

No en vano, el papel de las tasadoras en el funcionamiento del mercado inmobiliario español es clave. De sus tasaciones depende no sólo que el banco o la caja de turno den luz verde a una hipoteca, también determinarán la cantidad de dinero que concederán al comprador para financiar la adquisición de un inmuebles sea éste vivienda u otro activo inmobiliario.

En pleno cerrojazo hipotecario, esto es, en un momento en el que tanto bancos como cajas han restringido el crédito a las familias para la compra de vivienda al tiempo que favorecen la financiación de inmuebles de su propiedad, las tasadoras están siendo acusadas de inflar las valoraciones de los inmuebles cuando favorece al sector financiero valorando al alza los inmuebles adjudicados y,, de manera más baja, los pisos de particulares. Lo han denunciado la Asociación para la Defensa de los Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros (Adicae) y la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU).

¿Imponen las entidades sus tasadoras al cliente?

Detrás de estas acusaciones subyace la importante presencia que bancos y cajas siguen teniendo en este sector. En 2009, las tasadoras relacionadas con entidades de crédito realizaron más del 40% de las tasaciones, porcentaje que se redujo al  21% en 2010 después de que Tinsa, la mayor tasadora de España por facturación y cuyos accionistas eran la CECA, Caixa Nova, Bancaja, Caja Granada y CCM, fuera adquirida en julio en el verano pasado por el fondo de capital riesgo Advent.

Sin embargo, de las 57 entidades registradas actualmente en el Banco de España, una docena están participadas por entidades financieras, fundamentalmente cajas de ahorros. Sólo dos tienen detrás a un banco: Sivasa, del Banco Santander, y Tasaciones Hipotecarias de BNP Real Estate, consultora inmobiliaria filial de BNP Paribas. Esta última también está asociada a Atasa.

Ante este aparente control, la pregunta surge por sí misma: ¿Pueden el banco o la caja imponer la tasadora que valorará el inmueble? En teoría, no, aunque en la práctica, según algunas fuentes consultadas, se produce en ocasiones. 

¿Y qué dice la ley? "La reforma de la Ley Hipotecaria de 2007 contempla que cualquier particular puede pedir a una de las sociedades homologadas una tasación independiente. Esto no significa que la entidad vaya a aceptarla, pero sí te concede la hipoteca sobre la vivienda no puede repercutir al cliente el coste de una segunda valoración", comenta un experto del mercado inmobiliario a El Confidencial.

¿Cuánto cuesta una tasación? 

Los precios varían entre unas compañías y otras y puede oscilar entre los 200 y los 300 euros. Solicitar una tasación independiente a la que propone la entidad puede ser una herramienta bastante útil de cara a la negociación de precios entre el vendedor y el comprador, ya que pone sobre la mesa con exactitud los metros cuadrados de los que dispone el inmueble, así como información urbanística, registral y catastral, además del plano de la propiedad, los linderos o servidumbres, las cargas que pudiera tener la vivienda o si ésta cuenta con un inquilino. Sin embargo, la inmensa mayoría de los compradores desconoce la posibilidad de solicitar una tasación independiente.

La polémica está servida. La transparencia, independencia y buena praxis de parte de las tasadoras inmobiliarias está en duda después que la Comisión Nacional de la Competencia (CNC) anunciara ayer la apertura de un expediente sancionador a la patronal del sector.