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UGT propone "ayudas adicionales" a inquilinos que destinen más del 30% de sus ingresos al alquiler
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UGT propone "ayudas adicionales" a inquilinos que destinen más del 30% de sus ingresos al alquiler

UGT propuso este lunes establecer "ayudas adicionales" al inquilino cuando su nivel de esfuerzo económico sea superior al 30% de sus ingresos, especialmente para personas por

UGT propuso este lunes establecer "ayudas adicionales" al inquilino cuando su nivel de esfuerzo económico sea superior al 30% de sus ingresos, especialmente para personas por debajo de 2,5 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), lo que beneficiaría al 60% de la población ocupada.

El sindicato prevé así reforzar las ayudas ya previstas en el Plan Vivienda 2005-2008 destinadas a los inquilinos, ya que, en ciertos supuestos, la renta a pagar es muy alta.

En cuanto a las subvenciones al inquilino que otorga el plan estatal y que finalizan en dos años, propone que los mayores de 65 años o personas con discapacidades puedan seguir percibiendo ayudas mientras sean necesarias una vez vencido dicho plazo.

Estas son algunas de las propuestas presentadas este lunes en rueda de prensa por UGT para solucionar a las "verdaderas dificultades" que plantea en la actualidad el acceso a una vivienda digna, un mandato constitucional (artículo 47) al que "hay que dar cumplimiento", y que caminan en el "refuerzo" del Plan Vivienda 2005-2008.

En este sentido, el secretario de Acción Sindical, Toni Ferrer, y secretario confederal de Empleo y Protección Social, Jesús Pérez, consideraron que el fomento del alquiler "es la clave" para solucionar el problema del acceso a la vivienda en España, ya que, aunque calificaron el último dato sobre el incremento del precio de la vivienda libre en el primer trimestre (7,2%) de "reducción sustancial", pusieron de manifiesto que aún está "dos o tres veces por encima del IPC".

Por otro lado, el sindicato propone para incentivar la demanda, junto a las medidas ya referidas, eliminar el tratamiento fiscal preferente a favor de la propiedad, mediante beneficios fiscales equitativos entre acceso a a la propiedad y alquiler, en función de las rentas.

Entre estos cambios, cabría, según UGT, introducir una deducción del 10% del alquiler pagado en la cuota del IRPF, con un tope máximo de 1.000 euros anuales, para hogares con ingresos familiares no superiores a 3,5 veces el IPREM (1.747,20 euros al mes).

Asimismo, contemplan la creación de un Fondo Nacional de Ayuda al alquiler para personas que vive en parque privados de vivienda en alquiler, y subvenciones cuando las vivienda de alquiler supere los 90 metros cuadrados. En este caso, argumenta el sindicato, se mejorarían las condiciones del Plan Estatal, que prima las viviendas de menor tamaño.

Fomento de la oferta de viviendas en alquiler

Desde el punto de vista de la oferta, UGT propuso incentivos fiscales para los arrendadores que pongan sus viviendas en alquiler a los mismos precios que los de las viviendas públicas, siempre que el arrendamiento se haga a través de sociedades públicas de alquiler.

Además, la organización liderada por Cándido Méndez apuesta por establecer una "tributación especial" en el caso de viviendas deshabitadas de manera permanente y sin causa justificada. En este caso, "la legislación concretará las cuantías y los mecanismos probatorios de desocupación", añade. En este sentido, UGT propone también crear registros municipales de solares y viviendas desocupadas para su posible incorporación al mercado del alquiler con arrendamiento tasado.

Otras de las medidas presentadas, estarían orientadas a reforzar la "seguridad jurídica" para los arrendatarios, como favorecer el arbitraje para resolver conflictos entre las partes, un seguro de caución para garantizar el cobro de las rentas y fortalecer las actuaciones de las sociedades públicas de alquiler.

UGT propuso este lunes establecer "ayudas adicionales" al inquilino cuando su nivel de esfuerzo económico sea superior al 30% de sus ingresos, especialmente para personas por debajo de 2,5 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), lo que beneficiaría al 60% de la población ocupada.