Las fotos aéreas del Instituto Cartográfico de Valencia servirán para inspeccionar irregularidades urbanísticas

Un certificado del Instituto Cartográfico Valenciano, en el que se recoja la existencia de una construcción irregular en un determinado municipio, servirá para iniciar una inspección y sustituirá al acta de investigación que hasta ahora debía realizar un funcionario personándose en el lugar. Así se recoge dentro del Programa de Control de la Legalidad Urbanística, puesto en marcha por las consellerias de Territorio y Vivienda, y de Justicia, Interior y Administraciones Públicas, junto con el Instituto Cartográfico autonómico, encargado de fotografiar desde el aire todo el territorio valenciano.

El conseller de Territorio y Vivienda, Esteban González Pons, explicó en rueda de prensa que, de esta manera, se puede sustituir la presencia física de agentes por documentos en los que se realiza una comparación entre dos fotografías aéreas (tomadas con dos años de diferencia) y se cruzan con los datos del catastro y el plan general municipal de ordenación urbana. Este programa intentará "detectar construcciones ilegales, restituir la legalidad y sancionar las infracciones", indicó González Pons, quien aseguró que esta iniciativa no sustituirá el trabajo que realizan los agentes, especialmente los del Seprona cuya labor, dijo, es "absolutamente insustituible".

La Generalitat empezará a recibir en 15 días las primeras actas de localidades afectadas por este tipo de ilegalidades, entre las que pretende perseguir las construcciones en suelos protegidos, las grandes urbanizaciones ilegales y aquellas edificaciones que impidan el desarrollo futuro de infraestructuras. "Perseguimos al gran infractor y no al que se construye una casa ilegal para pasar el fin de semana", afirmó González Pons, quien indicó que las inspecciones se centrarán en las grandes urbanizaciones ilegales existentes en la Comunitat, aunque también se actuará en caso de detectar una pequeña propiedad ilegal.

Sin embargo, para acabar con las pequeñas ilegalidades se pondrá en marcha un programa de concienciación ciudadana similar al establecido para la prevención de incendios, porque, según dijo, es necesario "cambiar la permisividad que existe en la sociedad" respecto a la construcción de una segunda residencia o una piscina ilegal. Asimismo, indicó que el programa prevé la creación de un consorcio de carácter voluntario de los ayuntamientos, similar al constituido en Menorca, para aquellas localidades con construcciones ilegales que quieran ceder la gestión urbanística al Gobierno valenciano y buscar soluciones conjuntas a esa situación.

El responsable de Territorio y Vivienda explicó que cuando se detecte una construcción ilegal se decretará la paralización de las obras, se notificará a las compañías de servicios públicos para que suspendan el suministro y se comunicará al Registro de la Propiedad para que conste la existencia de un expediente. Además, se requerirá al propietario y al ayuntamiento para que, si es posible, se legalice la construcción, y en caso de que no lo sea, en seis meses se deberá demoler de la edificación, reconstruir la situación anterior, reagrupar las parcelas y cesar de forma efectiva la actividad desarrollada.

Si las construcciones ilegales están amparadas por una licencia municipal, se requerirá al ayuntamiento que la anule y, en caso de que no lo haga, advirtió el conseller, el Gobierno valenciano presentará un recurso contencioso-administrativo. Se investigarán las edificaciones construidas en suelo no urbanizable y en suelo protegido, y se estudiará la evolución de la situación de los últimos cuatro años, ya que las primeras infracciones prescriben en ese tiempo mientras que las segundas no lo hacen nunca.