La Fiscalía de Málaga investiga las primeras denuncias de acoso inmobiliario

La Fiscalía de Málaga investigará las dos primeras denuncias presentadas en Andalucía por un presunto delito de amenazas y coacción a los inquilinos de varios inmuebles que supuestamente padecieron el fenómeno conocido como 'mobbing inmobiliario' por parte de los propietarios de los mismos. El Defensor del Ciudadano de la Diputación Provincial, Francisco Gutiérrez, entregó el miércoles al fiscal Antonio Morales ambos escritos de denuncia al entender que los arrendadores de dos bloques de viviendas del centro de la capital malagueña "acosaron a sus ocupantes para que abandonasen sus hogares y así poder venderlos a precio de mercado".

Según Gutiérrez, estos vecinos padecen desde hace varios años "todo tipo de abusos como cortes en el suministro de luz y agua, dejadez en las labores de limpieza de las zonas comunes o abandono de basuras en los pisos", un fenómeno ya conocido en otras ciudades andaluzas como Cádiz y al que comúnmente se llama "asustaviejas".

Se trata de la primera vez que se da traslado a la Fiscalía la denuncia de estos hechos, si bien el Defensor del Pueblo Andaluz ya abrió en 2004 una queja de oficio al respecto "ante el cúmulo de protestas recibidas por vecinos de toda la región".

Gutiérrez, respaldado por el propio defensor del Pueblo, José Chamizo, y las asociaciones de vecinos Unidad y Solidaridad, confía en que la Audiencia Provincial proceda a incoar, una vez que estudie los hechos, los expedientes correspondientes "no sólo por la vía administrativa, sino también por la judicial".

Por su parte, el fiscal manifestó que los hechos "formalmente revisten los caracteres de un delito de coacciones" y aseguró que procederá a la investigación de los mismos y "en su caso a la determinación de los responsables".

No obstante, el Defensor del Ciudadano precisó que "lo verdaderamente grave ha sido la actitud de la Gerencia Municipal de Urbanismo por hacer caso omiso a las quejas que los vecinos vienen presentando por escrito desde marzo de 2005 por el "estado de insalubridad" de sus casas y que posteriormente confirmó la Inspección de Sanidad el pasado julio.

"Por el contrario, sí ha sido muy diligente para incoar un expediente de desalojo cuando los propietarios han provocado una ruina técnica de manera intencionada, aunque los residentes no recibiesen indemnización alguna".

En este sentido, aseveró que hay una responsabilidad "tanto de los arrendatarios como del Ayuntamiento", por desatender la propia ordenanza municipal de rehabilitación y vigilancia de los edificios, así como la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA).

Aunque el consistorio ya anunció el inicio de actuaciones de limpieza en la zona, según Gutiérrez, "no es más que un lavado de cara" y aseguró que, aunque los vecinos constataron la presencia de los operarios municipales "no pudieron entrar en las viviendas porque carecían de autorización".

En torno a una veintena de familias residentes en las calles San Félix Cantalicio y Mariscal se han visto afectadas por este acoso inmobiliario, "normalmente personas mayores, con pocos ingresos y que permanecen en estas viviendas desde hace más de cincuenta años en régimen de alquiler de renta antigua".

Manuel Morales, sobrino de una de las afectadas, explicó que los arrendatarios "dejan abiertas las puertas de los pisos que están vacíos para que sean ocupados por 'okupas' que se dedican a originar ruidos e incendios para asustar a los vecinos".