San Juan, 19 jul (EFE).- El Colegio de Abogados de Puerto Rico considera que existe base jurídica para iniciar un proceso de destitución del gobernador de la isla, Ricardo Rosselló, por su participación en un polémico chat, motivo este viernes de la séptima manifestación para pedir su salida.

Los sindicatos puertorriqueños convocaron un "cacerolazo" hoy para que Rosselló ceda el poder tras desvelarse su participación y la de su círculo íntimo de colaboradores en un chat en el que insultan a mujeres, se burlan de miembros del colectivo LGBT y traman estrategias contra rivales políticos.

La divulgación del informe del Colegio de Abogados coincide con una nueva manifestación con la que se trata de que el gobernador acceda a dejar su cargo, al que se aferra todavía a pesar de que pierde apoyos cada día, incluso de miembros de su propia formación, el gobernante Partido Nuevo Progresista (PNP).

La manifestación está convocada para las 17.00 hora local (21.00 GMT) en Bahía Urbana, a la entrada del Viejo San Juan, desde donde marcharán hasta La Fortaleza, la sede del Ejecutivo y residencia del gobernador.

La lista de sindicatos convocantes incluye a la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego (UTIER), la Coordinadora Sindical, Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego, Asociación Puertorriqueña de Profesores Universitarios y Central Puertorriqueña de Trabajadores, entre otros.

Los sindicatos siguen así la estela de los artistas, que el pasado miércoles convocaron otra manifestación con el mismo objetivo, que resultó multitudinaria.

La concentración del miércoles concluyó con enfrentamientos entre policía y manifestantes que se prolongaron durante la madrugada del jueves, que dio como resultado detenciones y destrozó de mobiliario urbano.

La batalla campal de la madrugada del jueves hizo que las autoridades redoblaran sus esfuerzos, razón por la que La Guardia Costera activó un plan de seguridad ante la protesta marítima anunciada por embarcaciones que se reunirán en la Bahía de San Juan, detrás de La Fortaleza.

Mientras, continúan sumándose apoyos a la destitución del gobernador, como el de los obispos católicos de Puerto Rico, que hoy pidieron la dimisión de Rosselló.

"Así, el señor gobernador ha herido despiadadamente un principio básico de todo gobierno para poder funcionar efectivamente bajo la ley, en particular, bajo la libertad", declaró el grupo de obispos, liderado por el presidente de la Conferencia Episcopal Puertorriqueña, Rubén González.

Los obispos católicos se unen así a la lista de personalidades que exigieron la destitución de Rosselló en las últimas horas, como la legisladora Yashira Lebrón, de su propio partido, precedida horas antes por el alcalde del municipio de Bayamón, Ramon Luis Rivera.

Otras figuras del PNP que le han pedido que abandone el cargo son el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz; el de la Cámara baja, Carlos Méndez; la representante ante el Congreso de EEUU, Jenniffer Gonzalez, y el exgobernador de la isla Luis Fortuño.

El informe del Colegio de Abogados realizado por juristas del más alto calibre de esa institución revela conductas y omisiones del gobernador en el chat, que pueden constituir delitos graves y menos graves que implican depravación.

El Colegio de Abogados pidió por ello a la Cámara de Representantes que cumpla con su deber constitucional de iniciar el proceso de juicio político.

"Es necesario finalizar este capítulo para dirigir al país hacia la recuperación de su economía, de los servicios esenciales afectados, y a un gobierno efectivo y confiable", indica el comunicado de los juristas.

El proceso de destitución está basado en el poder que brinda la Constitución a la Rama Legislativa, basado en causas específicas que están limitadas a la traición, el soborno, delitos graves o delitos menos graves que impliquen depravación.

La participación del gobernador en conversaciones dirigidas a perjudicar, oprimir, amenazar o intimidar a una persona en el libre ejercicio de un derecho o privilegio garantizado puede constituir una violación de la ley relativa al delito federal de conspiración.

A las manifestaciones diarias en San Juan, se unen las celebradas estos días en los municipios puertorriqueños de Ponce, en Mayaguez o en Cabo Rojo. EFE