Madrid, 3 abr (EFECOM).- Los expertos del centro de pensamiento europeG consideran que los poderes públicos deben incentivar las emisiones sostenibles, con un potencial de 180.000 millones de euros anuales en Europa, y penalizar aquellas otras contaminantes, porque el mercado ya está demandado este tipo de activos limpios.

Las emisiones mundiales de bonos verdes superaron los 160.000 millones de dólares en 2018, con un saldo vivo de 372.000 millones de dólares, y en el caso europeo, de aquí a 2030 representarán en torno a 180.000 millones de euros anuales para financiar los compromisos de energía y clima de la Unión.

En el caso español, el mercado de bonos verdes está todavía poco desarrollado, puesto que mueve en torno a 5.000 millones de euros, si bien Iberdrola es el primer emisor privado del mundo.

Son datos de un estudio del Grupo de Opinión y Reflexión en Economía Política europeG, que preside el catedrático de Hacienda de la Universidad de Barcelona Antoni Castells y del que forman parte otros catedráticos y profesores de Economía, entre ellos Emilio Ontiveros, presidente de Analistas Financieros Internacionales (AFI).

En España, los principales bancos, actuando como colocadores o suscriptores de títulos verdes, emitieron en 2017 en torno a 2.000 millones de dólares con este tipo de instrumentos, muy por debajo de los principales agentes internacionales, cuyas operaciones superaron los 7.000 millones.

Por ello, los autores del informe consideran que es necesario un mayor impulso de la colaboración público-privada e incentivos a la inversión sostenible, que encajarían bien en una futura ley de cambio climático y transición energética.

El estudio concluye que las inversiones verdes tienen, al menos, la misma rentabilidad que las que no lo son, llamadas "marrones" en el argot, e incorporan además menor riesgo, contra la creencia tradicional de que este tipo de inversiones implicaba aceptar menores rentabilidades.

El centro de análisis europeG alerta sobre el coste que supondrá el cambio climático para las generaciones futuras, lo que exige primar el desarrollo de proyectos de inversión sostenibles e introducir una penalización para las actividades que no lo son.

Por ello, Emilio Ontiveros defendió que los test de estrés que se hacen a la banca por parte de la Autoridad Bancaria Europea incorporen algún tipo de análisis de la inversión sostenible como ya hacen muchos emisores privados, y que el Banco Central Europeo destine a títulos sostenibles los fondos que obtenga de los bonos que van venciendo y que va a reinvertir.

Una de las opciones que plantea el estudio es tomar como modelo el modelo francés -considerado una referencia entre los expertos- cuya ley de transición energética y cambio climático obliga a los inversores institucionales y gestores de activos a explicitar los riesgos y oportunidades climáticas de sus carteras, con el consiguiente efecto arrastre sobre el conjunto de la economía.

En España, Iberdrola, pionera en la emisión de bonos verdes en 2014, emitió en 2018 por 1.400 millones de euros, y otras empresas del sector han seguido sus pasos en una estrategia de inversión en infraestructuras para la descarbonización de la actividad económica.

Los autores mencionan el caso de los préstamos verdes que BBVA ha concedido a diversas entidades españolas y que se han regido por las mismas normas que la emisión de bonos verdes, los llamados Principios de Préstamos Verdes coordinados por la Asociación Internacional de Mercados de Capitales.

En una encuesta entre inversores recogida en el estudio, un 25 % de los inversores institucionales afirman que ya tienen la mayoría de sus carteras colocadas en instrumentos sostenibles, aunque un 17 % no tiene nada de este tipo en su portfolio. EFECOM