Madrid, 6 mar (EFE).- La Generalitat prometió a dos proveedores que se reunieron con Carles Puigdemont, Oriol Junqueras y Marta Rovira para ofrecerles un sistema de votación electrónica para el 1-O, que no fructificó, que un tercero les pagaría el servicio porque tenían las cuentas bloqueadas, según ha declarado el empresario Quim Franquesa en el juicio del "procés".

Así lo ha asegurado Franquesa, que junto con el informático Vicente Nos ofreció al expresidente Carles Puigdemont, al exvicepresidente Oriol Junqueras y a la secretaria general de ERC Marta Rovira, en una reunión en el Palacio de Pedralbes el 16 de agosto de 2017, un sistema de voto electrónico por un precio de entre 400.000 y 500.000 euros.

En el Supremo han comparecido esta tarde siete testigos citados por la Fiscalía para tratar de corroborar la malversación del Govern por el 1-O, si bien ninguno ha admitido haber cobrado de la Generalitat.

Franquesa y Nos han detallado que el proyecto que plantearon no acabó fructificando porque se echaron atrás ante las dudas de cómo iban a cobrar el servicio, porque sus interlocutores les advirtieron de que la Generalitat "directamente" no les pagaría nada porque tenía las cuentas bloqueadas, debido al control financiero impuesto por el Estado.

"Nos dijeron que nos pagaría una tercera parte", ha desvelado Franquesa, que ha reconocido que desconocía quién era ese tercero.

Según Franquesa, quien se puso inicialmente en contacto con ellos fue el exconseller del tripartito de ERC Xavier Vendrell, que se identificó inicialmente como "Jordi" y que le llamó desde un número oculto para concertar una cita en un bar.

Vendrell es un exdirigente de ERC que forma parte, según los informes de la Guardia Civil, del "núcleo duro" que asesoró a Puigdemont en la celebración del 1-O.

Según Franquesa, Vendrell aseguró que sus trabajos no serían ilegales porque quedarían amparados por la ley del referéndum que iba a aprobar el Parlament.

Sin embargo, cuando días después de reunirse con Puigdemont, Junqueras y Rovira trataron los pormenores de su propuesta con informáticos del Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información de la Generalitat (CTTI) éstos no mostraron interés en su proyecto y apenas les hacían caso en sus reuniones, lo que también les empujó a no seguir adelante.

También ha testificado en el Supremo Teresa Guix, una diseñadora gráfica que realizó la web 'Pacte pel referèndum', que ha afirmado que emitió una factura en mayo de 2017 a la Generalitat por 2.700 euros pero que, tras ser citada por la Guardia Civil, remitió una factura negativa porque pensó que "era mejor anularla" por "prudencia" y para "no tener ningún problema".

La testigo, que ha dicho que suele trabajar con la Generalitat, ha explicado que la web servía "para dar información sobre quiénes eran las asociaciones que estarían de acuerdo en hacer un referéndum pactado" y contenía "un manifiesto", si bien ha precisado que "no era la web del referéndum porque era del primer trimestre de 2017".

Por su parte, Olga Solanas, jefa de la empresa Focus Media, es la única de los proveedores que todavía reclama a la Generalitat el abono de los trabajos, es decir, la compra de los espacios publicitarios en prensa escrita por 130.000 euros.

Su empresa emitió dicha factura a la Conselleria de Presidencia de Jordi Turull, pero no lo cobraron y hoy en día el departamento financiero de su compañía "sigue moviendo este tema porque se han emitido facturas negativas".

Ferran Burriel de Nothingad Comunicación ha explicado por su parte que la Generalitat le encargó insertar en medios de internet anuncios sobre la campaña del registro de catalanes en el exterior, por lo que emitió una factura de 80.440 euros, si bien luego recibió otra en negativo de la Generalitat, que no ha reclamado.

Xevi Xirgo, director de El Punt Avui, ha reconocido que difundió el anuncio de las vías del tren en sus medios de forma gratuita, algo que no es habitual salvo que la empresa considere que se trate de transmitir valores fundamentales y así sucedió en este caso con el derecho a decidir, y que lo obtuvo de las redes sociales.

Y ha añadido que emitió dos facturas por el anuncio del registro de catalanes en el exterior que suman 26.607 euros, sin que ninguna de las partes le preguntar si le fueron abonadas.

También ha comparecido la presidenta de la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales (CCMA), Núria Llorach, que se ha acogido a su derecho a no declarar, porque está imputada en la causa de un juzgado de Barcelona por el 1-O, y que antes de abandonar la sala ha saludado uno a uno a los acusados que siguen la sesión desde el banquillo. EFE.