Madrid, 28 nov (EFE).- Varios gobiernos occidentales han empezado a adoptar medidas contra los vehículos contaminantes, con la previsión de que dejen de ser fabricados en un par de décadas - o menos en algunos casos -, mientras que algunas grandes ciudades ya se han adelantado con el cierre del acceso a zonas para los coches de combustión.

Ello para intentar paliar el nocivo efecto de la contaminación, que causa millones de muertes cada año, en especial en personas vulnerables, como ancianos y niños. Más de 1,7 millones de menores de cinco años mueren al año por causas medioambientales, según datos de la Organización Mundial de la Salud.

La Comisión Europea presentó hoy su estrategia contra el cambio climático a largo plazo, una hoja de ruta que propone que la Unión Europea reduzca emisiones contaminantes en un 80 % para 2050 y se convierta en una economía "neutra" en carbono. El transporte es responsable de cerca del 25 % de las emisiones de CO2 de la UE y, en este contexto, Bruselas imagina un futuro con coches eléctricos para el tráfico rodado, cada vez más autónomos, eficientes y conectados.

Dentro de unos días Madrid pondrá en marcha un plan para reducir las emisiones de dióxido de nitrógeno, con mayores restricciones para los vehículos más contaminantes, de modo que no podrán entrar en la almendra central de la capital los coches con motor de gasolina anteriores al año 2000 y los diesel de antes del 2006, incluidas las motocicletas.

Se trata de una iniciativa que empieza a ser tendencia en diferentes capitales. En ese sentido, Alemania está siendo un país pionero y, en los últimos meses, la Justicia ha emitido varias sentencias prohibiendo la circulación de los autos más contaminantes en ciudades como Hamburgo, Maguncia, Stuttgart, Fráncfort y Berlín en el momento en que se registran niveles superiores de polución.

Y en París, la alcaldesa Anne Hidalgo ya ha anunciado que quiere peatonalizar los distritos más céntricos de la ciudad para paliar el negativo impacto de las emisiones de los vehículos en la calidad del aire y en los monumentos.

Otras ciudades como Londres, Singapur o Estocolmo fijaron hace tiempo peajes de congestión que gravan el acceso de vehículos privados a sus centros urbanos durante determinadas franjas horarias

Mientras las ciudades avanzan en esa línea de medidas, diferentes gobiernos ya tienen planes para acabar con los coches con sistema de combustión. A primeros de octubre los países de la Unión Europea fijaron en un 35 % el recorte de las emisiones de CO2 que quieren exigir a los nuevos coches y camionetas a partir de 2030 en relación con 2021.

Algunos Estados, además, tienen sus propios programas que acorralan a los vehículos basados en el diésel y la gasolina.

Países como Francia y el Reino Unido apuntan a 2040 como el momento en el que dejarán de venderse ese tipo de vehículos, en el marco de la lucha contra los gases de efecto invernadero.

A su vez, Dinamarca, Irlanda, Alemania y Holanda pretenden lograrlo en 2030, y Noruega en 2025 .

España, por su parte, aprobó recientemente un proyecto de ley por el cual la matriculación y venta de todos los vehículos ligeros que emiten de forma directa dióxido de carbono (los diésel, gasolina, híbridos o los propulsados por gas) estará prohibida a partir de 2040 y los matriculados antes de ese año no podrán circular desde 2050.

El mercado automovilístico más grande del mundo es el de China, donde en 2017 se registraron 28,3 millones de unidades vendidas. Las autoridades de Pekín también tienen planes para prohibir los vehículos con motores de combustión interna, aunque no han fijado fecha.

Estos planes cuentan con entidades que los critican y otras que las respaldan. Entre éstas, la red de ciudades Eurocities, la plataforma ecologista Transport & Environment y la Alianza Europea de Salud Pública han pedido abiertamente a la Unión Europea y a sus Estados miembros acciones más contundentes contra el diésel, una de las principales causas de la contaminación del aire en la UE.

Por el contrario, las patronales de fabricantes advierten de las consecuencias laborales y económicas de estos planes, que cambiarían un modelo de industria tradicional y llaman la atención acerca de la necesidad de períodos de adaptación. EFE