Madrid, 21 mar (EFE).- Varias ONG han advertido hoy el aumento del "racismo cotidiano" y de los incidentes de odio por cuestiones raciales, por lo que han pedido a las administraciones que adopten medidas para mejorar la convivencia y combatir la discriminación que aún sufre el colectivo inmigrante.

Con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial que se conmemora hoy, el Foro para la Integración Social de los Inmigrantes ha alentado a "respetar, proteger y garantizar" el derecho la igualdad y no discriminación de todas las personas.

Más aún cuando este 21 de marzo se celebra en un contexto mundial en el que los incidentes de odio relacionados con el origen racial o étnico constituyen "una vulneración clara del principio de que toda persona tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad".

Para garantizar estos derechos, cree fundamental actualizar el Plan Estratégico de Ciudadanía e Integración y la Estrategia Integral contra el Racismo, así como "mantener una actitud vigilante y de denuncia" que impida la difusión de mensajes de odio.

La Federación SOS Racismo ha exigido una ley integral contra la discriminación, una de Protección de Víctimas de delitos de odio y un Pacto de Estado para la lucha contra un discurso del odio.

Confía en que sucesos como los ocurridos la semana pasada en Lavapiés hagan ver la necesidad de medidas urgentes que, además de mejorar la convivencia, aborden la situación administrativa de muchas de estas personas, facilitando vías administrativas "ágiles y reales".

La organización ha lanzado el vídeo "#21M ¿Qué es Racismo? Experiencias, reflexiones y alternativas" para dar "el necesario protagonismo" a las personas que sufren este tipo de situaciones, no solo como "meras víctimas", sino como "agentes clave" en la búsqueda de soluciones que mejoren la convivencia.

Alianza por la Solidaridad ha denunciado las "vulneraciones de derechos y la criminalización" que sufren los migrantes y las políticas basadas en la creación de una "Europa Fortaleza" que han dejado en 2017 más de 3.000 muertes en el Mediterráneo, 200 de ellas en las costas españolas, y 500 en lo que va de año.

En su opinión, "el racismo institucional se vale de la Ley de Extranjería" que actúa de marco de medidas de control, regulación y limitación de esos derechos; así, miles de personas en situación irregular "viven bajo una persecución y un estrés constante", a lo que se une "la amenaza" de su reclusión en un Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) o su deportación.

Por todo ello, ha instado al Gobierno a poner en marcha una protección legislativa e institucional "real" y a crear mecanismos para hacer frente al racismo en todas sus formas.

Bajo el lema "La tonalidad de mi piel no determina mi importancia", desde Kifkif, colectivo de atención a personas LGTBI en situación de especial vulnerabilidad, apuestan por la "solidaridad, el respeto, la dignidad igualitaria y el respeto como bases para luchar por los derechos" de los migrantes.

El reciente fallecimiento por un paro cardíaco del ciudadano senegalés Mame Mbaye "ha vuelto a poner sobre la mesa la situación a la que se enfrentan a diario miles de personas racializadas que se ven condenadas, por una obsoleta Ley de Extranjería, a la exclusión social y a la falta de derechos por su condición de migrantes en España", ha concluido. EFE