Carlos Pérez Gil

Madrid, 14 oct (EFE).- La Ley de Amnistía que abrió la puerta de las cárceles a los condenados por delitos políticos durante el franquismo y el comienzo de la Transición cumple mañana 40 años, aunque sin acallar a quienes exigen que se modifique o derogue para que puedan ser investigados los crímenes franquistas.

El Congreso de los Diputados alumbró el 15 de octubre de 1977 por una amplia mayoría -solo se abstuvo Alianza Popular- una ley impulsada, entre otros, por el Partido Comunista, que se consideró clave en la reconciliación entre españoles.

Después de que en los meses previos se avalara en referéndum la Reforma Política, se legalizara el PCE y se celebrasen las primeras elecciones democráticas, la Ley de Amnistía fue el siguiente hito en el proceso de consolidación democrática.

El perdón concedido por ley completó la amnistía aprobada el 30 de julio de 1976, que excarceló a unas 330 personas, y la de mayo de 1977, que liberó a alrededor de 4.000 personas sumando los indultados con otro decreto paralelo.

La norma aprobada por las Cortes en octubre afectaba a delitos de intencionalidad política, también de rebelión o sedición, cometidos hasta el 15 de junio de 1977 -cuando tuvieron lugar los comicios-.

Pero el texto también beneficiaba a los delitos y faltas cometidos por "autoridades, funcionarios y agentes del orden público", lo que cerraba la puerta en un futuro a investigar a los cargos franquistas con crímenes a sus espaldas.

Transcurridas cuatro décadas, organizaciones como Amnistía Internacional (AI) defienden la supresión de ese precepto al suponer un tapón para juzgar delitos contra la humanidad perpetrados en la Guerra Civil y durante la dictadura que no prescribirían a ojos del derecho internacional.

"La Ley de Amnistía fue una llave para abrir la reconciliación y se ha convertido en una ley de impunidad", resume el director de AI en España, Esteban Beltrán, en declaraciones a EFE.

Esta entidad ha presentado esta semana 205.000 firmas ante el Ministerio de Justicia para suprimir la ley o, al menos, modificar el artículo en el que se escudan los tribunales españoles para no esclarecer desapariciones y torturas que hubo en la dictadura.

Beltrán lamenta que, a diferencia de otros países, "en España se haya pasado del olvido al obstáculo" a la hora de reparar a las víctimas.

"Y los obstáculos los aplican los tres poderes del Estado", denuncia el activista.

Al Gobierno le reprocha que haga caso omiso a los requerimientos de órganos de Naciones Unidas que le piden derogar o enmendar la ley.

En el ámbito judicial, recuerda, entre otros casos, que el Tribunal Supremo desestimó la pretensión del juez Baltasar Garzón de declararse competente para investigar crímenes franquistas.

El Parlamento, responsable último de cambiar el texto legal, también se ha alineado en su negativa a retocarlo en diversas ocasiones.

La última fue el pasado mes de diciembre, cuando, a instancias de Unidos Podemos, PP, PSOE y Ciudadanos rechazaron modificar el polémico artículo, alegando que la norma de 1977 no fue una ley de punto final y que ya no es posible aplicarla de forma retroactiva.

A pesar de la postura inflexible que PP y PSOE han mantenido durante años, IU ya tiene preparada una propuesta para volver a presentarla en el Congreso, aunque, antes de registrarla, aspira a que a ella se sumen otros grupos para ampliar el consenso.

"Después de 40 años, al franquismo le ha llegado la hora de los derechos humanos. No podemos cimentar la democracia sobre la impunidad", afirma a EFE la responsable de Memoria Democrática de IU, Esther López.

La novedad del texto redactado por IU es que pide la nulidad -no solo una supresión parcial- de todos los aspectos que vulneren los convenios internacionales en materia de persecución de crímenes de lesa humanidad.

Se trata, según López, de seguir la estela del Parlamento argentino, que en 2003 anuló la Ley de Punto Final con que se quiso pasar página a la dictadura.

"Nuestra ley de amnistía también se ha interpretado como una ley de punto final, pero eso contraviene el derecho internacional", sostiene la dirigente de IU.

En su opinión, cuando los partidos de izquierda dieron su aval al texto hace 40 años, "no pensaron que iba a suponer la impunidad de los criminales franquistas". "Al final, ha sido una trampa", se queja López.

Los detractores de la ley no tienen una estimación de cuántos cargos franquistas podrían ser investigados hoy en día si se anulara al menos parte de la norma.

El único dato cierto que manejan es que hay una veintena de acusados por la jueza argentina María Servini por delitos que la Ley de Amnistía impide investigar en España, entre ellos el exministro Rodolfo Martín Villa y el expolicía Juan Antonio González Pacheco, alias Billy el Niño. EFE