Belén Delgado

Génova (Italia), 20 may (EFECOM).- A los pescadores artesanales del Caribe les llegan a separar miles de kilómetros de distancia pero comparten un mar que, con toda su riqueza y más de un problema, han decidido proteger tejiendo sus propias redes de cooperación.

El colombiano Álex Barrios sabe que, por muy alejado que se encuentre de la costa continental, lo que ocurra en las aguas caribeñas de Nicaragua o Costa Rica puede repercutir directamente en su querida isla de San Andrés.

Y al revés, porque de la reserva de biosfera Seaflower en ese punto "perdido" del mar procede gran parte del material biológico que se halla en otros países de la región.

En medio de esas conexiones, Barrios explica a Efe que él practica la pesca con restricciones en esa parte de la isla, si bien lamenta que pescadores de distintas nacionalidades sigan apropiándose de esos recursos de manera ilegal.

"Hay que buscar el mejor modelo para manejar de forma conjunta las zonas protegidas, buscar el punto de equilibrio exacto porque ahora los raizales (como se llama su pueblo) hacemos la protección y los ilegales están invadiendo esas áreas", sostiene.

A lo sumo, se está enjuiciando a los dueños de los grandes barcos que se saltan la normativa y deportando a la flota extranjera que ilustra un complejo sistema en el que se entrecruza el tráfico de personas con el de combustible y drogas, según Barrios.

"Es una problemática que incide en toda Centroamérica porque todo el mundo está buscando un sueño americano que no existe", remarca.

Interesado en conocer otras experiencias y sumar esfuerzos en el combate a la degradación ambiental, este pequeño pescador se ha unido a la red de Slow Fish en el Caribe y ha viajado hasta la ciudad italiana de Génova para presentar el proyecto.

La protección de los arrecifes de coral y de especies nativas como el cangrejo negro y la langosta espinosa, así como la lucha contra el invasivo pez león, originario de los océanos Índico y Pacífico, son parte de esta iniciativa de conservación marina financiada por la Unión Europea.

Desde el colectivo Razonatura, otro de los distintos socios que colaboran en ella, la activista Barbara Origlio detalla que empezaron por México y Colombia para crear una especie de "mancuerna que pueda luego cerrarse y abarcar todo el Caribe".

"Queremos dar valor a las artes de pesca tradicionales con la promoción de las tradiciones gastronómicas y culinarias locales para que las comunidades puedan obtener beneficio de su manera de pescar, de procesar los productos y de conservar esa cultura del consumo justo y la producción bien hecha", añade.

Cita el caso de las reservas de biosfera de Sian Ka'an y de Banco Chinchorro, en la costa mexicana de Quintana Roo, donde afirma que las cooperativas han aumentado la producción de langosta con sus técnicas artesanales frente a la escasez de otros lugares vecinos.

Según cuenta, abandonaron el gancho para poder capturar y liberar los ejemplares en etapa reproductiva, se reorganizaron manteniendo la distribución del mar en parcelas y registraron una marca colectiva para comercializar un producto que certifican como sostenible.

Con la pesca a pulmón, además, no pueden bajar más allá de los 25 metros de profundidad y conservan los refugios naturales, que se unen a las casitas artificiales generando pequeños hábitats para las langostas.

Slow Fish pretende documentar lo que hacen estas comunidades (ya hay cientos de familias involucradas en varios países) y difundirlo a otros pescadores caribeños, con vistas a ayudarles a defender sus derechos y superar obstáculos como los que les ponen los intermediarios durante la comercialización.

Mariela Ochoa, coordinadora del Centro de Estudios Marinos (CEM) de Honduras, considera que los pequeños pescadores salen perdiendo cuando venden sus productos hasta por la mitad de precio a esos "coyotes" de los que tanto dependen y que les cierran las puertas a otros mercados.

"La problemática pesquera la compartimos en México, Belice, Guatemala, Honduras, Nicaragua y hasta Colombia", afirma Ochoa, que pide replicar en la región medidas como el control de las capturas, las licencias en la pesca, la declaración de zonas de recuperación pesquera o la gestión de los derechos de acceso a los recursos.

Tampoco se olvida de la importancia de garantizar los medios de vida a las personas puesto que "hay que darles respuestas" y alternativas a la pesca ilegal.

Entre todos los socios buscan dar garantías a las comunidades para que se beneficien de un modelo de producción sostenible con el medioambiente que también necesita, aseguran, de consumidores responsables y dispuestos a pagar más por los alimentos que tanto les cuesta sacar del mar. EFECOM

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