Madrid, 17 nov (EFE).- España ha gastado más de 22.000 euros diarios entre 2005 y 2013 en la instalación y el mantenimiento de sus 18,7 kilómetros de vallas en las fronteras de Ceuta y Melilla con Marruecos, según un informe de Amnistía Internacional (AI).

Este es uno de los datos recogidos en el estudio "Miedo y vallas: Los planteamientos de Europa para contener a las personas refugiadas", que revela que los Estados miembros de la Unión Europea han destinado más de 175 millones de euros a la construcción de 235 kilómetros de vallas en sus fronteras exteriores.

El director de Amnistía Internacional, Esteban Beltrán, ha señalado a Efe que "España ha sido el primer mal ejemplo europeo en poner en práctica medidas para reprimir la llegada de inmigrantes y refugiados, con la construcción y el refuerzo de las vallas en las fronteras de Ceuta y Melilla".

Beltrán ha explicado que allí se cometen "graves violaciones de los derechos humanos" como las "devoluciones en caliente", el uso excesivo de la fuerza por parte de la Guardia Civil con refugiados e inmigrantes o los obstáculos a los procedimientos de asilo, que han llevado a que ningún subsahariano haya podido pedir protección en las fronteras en el último año.

"Impunidad" es la palabra que define la respuesta a estos "abusos" contra los derechos humanos en Ceuta y Melilla, donde durante el año 2014 se han documentado 324 "devoluciones en caliente", expulsiones sin ningún tipo de procedimiento o garantía, desde España a Marruecos, ha subrayado el director de Amnistía Internacional.

La investigadora de la organización Virginia Álvarez, autora del informe, ha expresado su preocupación por la situación de los solicitantes de asilo, sobre todo, los sirios, que se encuentran "atrapados" en Ceuta y Melilla, donde se les aplica "de manera discriminatoria" un régimen diferente al del resto del territorio español y no tienen libertad de movimiento.

También ha denunciado la falta de condiciones adecuadas del Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) de Melilla, un espacio con capacidad para 480 personas, donde Amnistía Internacional ha encontrado 1.500 en las tres visitas que ha realizado.

Asimismo, ha lamentado la ausencia de investigaciones "rigurosas e imparciales" para castigar a los responsables de sucesos como los ocurridos el 6 de febrero de 2014 cuando hubo un intento masivo de entrada de entre 250 a 300 inmigrantes subsaharianos por la playa del Tarajal que se saldó con la muerte de quince inmigrantes subsaharianos y veintitrés "devoluciones en caliente".

Álvarez ha estimado que todas las medidas adoptadas por la Unión Europea para cerrar sus fronteras exteriores han empujado a las personas que huyen de la guerra y los conflictos a elegir rutas cada vez más peligrosas, poner en riesgo sus vidas y acudir a redes de tráfico de seres humanos para llegar a Europa.

"España es el triste ejemplo de la fortaleza Europa", ha afirmado la experta, quien ha precisado que la política migratoria española se está exportando al resto de países de la Unión Europea que tienen fronteras exteriores.

Sin embargo, ha recalcado, en vez de detener la afluencia de gente, con las vallas, solo se ha conseguido redirigir los flujos de refugiados hacia otras rutas terrestres o hacia rutas marítimas más peligrosas.

Según el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), el número de llegadas por mar a la Unión Europea en 2015 alcanzó la cifra de 792.883 personas en noviembre, frente a las 280.000 llegadas por tierra y mar registradas por la agencia europea para la gestión de fronteras Frontex durante todo 2014.

En lo que va de año, han llegado a Grecia por mar 647.581 personas, de las cuales el 93 por ciento procede de los diez países que generan más refugiados.

Para hacer frente a esta crisis, Amnistía Internacional insta a la Unión Europea y a los Estados miembros a abrir rutas seguras y legales incrementando el uso de medidas como el reasentamiento, la reunificación familiar y los visados por razones humanitarias. EFE