Bruselas, 12 nov (EFE).- La Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo (PE) decidió hoy pedir aclaraciones a Bélgica sobre las órdenes de expulsión cursadas a ciudadanos de la Unión Europea (UE), entre ellos varios españoles, al considerar que pueden "estar vulnerando los derechos a la libre circulación y residencia".

Los eurodiputados de esta comisión debatieron hoy una petición de la ciudadana española Sara Lafuente, respaldada por cinco firmantes y en representación de los colectivos 15M Bruselas y Marea Granate.

En esta petición, el colectivo denuncia que el control "exhaustivo" sobre los ciudadanos de otros Estados miembros en Bélgica "no respeta" la igualdad de trato entre ciudadanos de la Unión Europea (UE).

Lafuente explicó en la comisión que ese país aplica un sistema automático de cruce de datos entre las autoridades de extranjería y los organismos locales encargados de las ayudas sociales, que implica además "un incumplimiento de principios básicos de protección de datos personales".

Los españoles fueron en 2013 los terceros en la lista de europeos contra quienes se cursaron más expulsiones en Bélgica por ser "una carga" para el sistema, después de rumanos y búlgaros, según los datos de la Oficina de Extranjería de Bélgica, que dictó 2.712 órdenes de expulsión de ciudadanos comunitarios en 2013.

El derecho a la libre circulación y residencia está recogido en los tratados comunitarios, aunque también se establecen algunas condiciones y en el caso de estancias de más de tres meses, los ciudadanos de la UE pueden residir en otro Estado miembro siempre que trabajen, busquen empleo o dispongan de fondos para subsistir y un seguro de enfermedad completo.

La legislación comunitaria establece que los europeos deben tener derecho a residir en un Estado miembro de acogida durante un periodo que no supere los tres meses sin tener que ser sometidos a ninguna condición o formalidad más que la de tener un carné de identidad o pasaporte válidos.

Para las estancias más prolongadas la libertad se condiciona a no representar una carga excesiva para el sistema de ayuda social del país de acogida.

La eurodiputada de Izquierda Unida Ángela Vallina afirmó que este requerimiento de las autoridades belgas supone la imposición de fronteras "por cuestiones económicas" así como "una violación flagrante del principio de libre circulación y de su derecho a buscar trabajo en la UE".

Vallina pidió que este tema sea debatido en el pleno del PE y pidió a la Comisión Europea (CE) que informe de "medidas concretas" para hacer frente a este caso "tan grave". EFE

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