Madrid, 29 oct (EFECOM).- Los notarios y otros expertos en delitos económicos han pedido una mayor regulación de la financiación extrabancaria de prestamistas particulares ante el incremento de denuncias de ciudadanos que aseguran ser víctimas de un fraude.

El Consejo General del Notariado ha convocado una mesa redonda en la que su presidente, José Manuel García Collantes, ha explicado que las "excesivas y complejas" cláusulas de los contratos, los altos intereses y la proliferación de estafas se han agravado con la "situación de extrema necesidad" de quienes los solicitan.

Pese a que los créditos concedidos por entidades o prestamistas ajenos al circuito bancario son lícitos, Carlos Galán, abogado especialista en delitos económicos, ha señalado que algunos "no cumplen ningún precepto" de la Ley 2/2009, que regula los préstamos no bancarios y la reunificación de deudas.

Según el letrado, "los afectados firman lo acordado en un documento privado que luego no se les entrega" y que después no coincide con la escritura pública, donde el capital concedido es superior al que se facilita realmente al prestatario.

En este tipo de estafas, los prestamistas "sacan el dinero del banco en el momento que se ingresa" y el receptor del crédito es citado con urgencia, sin ser informado de que puede revisar la escritura en la notaría tres días antes de su publicación, según la fuente.

Por este motivo, Galán ha puntualizado que la legislación al respecto es "deficiente e incumplida", por ejemplo con la aprobación en 2009 de un decreto para la creación de un registro estatal extrabancario que hasta ahora no se puede consultar.

Mientras, el capitán de la Unidad de Delincuencia Económica de la Guardia Civil, Carlos Gallego, ha detallado que este tipo de delincuencia ha evolucionado en los últimos años por la libertad de movimientos de capital y de personas entre países, así como la escasa alarma social si se compara con otros delitos.

Además, ha aprovechado para destacar el trabajo de instituciones como el SEPBLAC, la Agencia Tributaria, el Consejo General del Notariado o internacionales como la Interpol o Europol, fundamentales para detectar los incrementos de patrimonio ilícitos de los sospechosos dentro y fuera de España. EFECOM