Barcelona, 7 abr (EFE).- El magistrado de la Audiencia de Barcelona José María Torras ha condenado a veinte años de cárcel a Rina M., la mujer víctima de maltrato que asesinó a sus dos hijos, en una sentencia en la que pide revisar los límites que la ley impone a las conformidades judiciales.

En su sentencia, el juez de la Audiencia de Barcelona avala, como ya hizo el jurado popular, la condena de 20 años de prisión que la Fiscalía, la acusación particular y la defensa pactaron para Rina M., la mujer que asesinó el 7 de abril de 2013 en su casa del barrio barcelonés de Nou Barris a sus dos hijos, de 11 y 9 años de edad, ahogándolos en la bañera tras aturdirlos con barbitúricos.

La pena de veinte años de cárcel, fruto del primer pacto que se suscribe en la Audiencia de Barcelona en un proceso con jurado, fue acordada por las partes al término del juicio, sin que fuera posible hacerlo antes de la vista oral, ya que la ley impide las conformidades en los casos en que la pena solicitada exceda los seis años de cárcel.

El magistrado lamenta en su sentencia que, en el caso de la infanticida, ese "óbice legal insalvable ha obligado a la constitución del jurado, con una tramitación que se antoja innecesaria y con la repercusión de gastos que conlleva (...)".

En opinión del juez, esa limitación que impone la ley es contraria "a las más elementales razones de economía procesal y material, por lo diríase absurdo y oneroso que comporta tal conformación".

"En efecto, si la conformidad, por esencia, viene concebida por el legislador como un mecanismo para acelerar y simplificar el proceso penal, no se alcanza a comprender la limitación de la pena de seis años para validar esa conformidad en sentencia (...)", añade.

Por ese motivo, el juez considera que sería "harto deseable que se regule, se normativice, adecuadamente, la problemática que viene suscitando, las conformidades en los distintos momentos procesales o fases de ese procedimiento especial y significadamente cuando las penas solicitadas superan los seis años de prisión".

El magistrado recuerda en su sentencia la "entreverada e indisimulada voluntad de consenso" que ha presidido el juicio y evoca los "momentos de enorme carga emocional", especialmente cuando la acusada declaró haber asesinado a sus hijos, en una declaración "impactante, ciertamente sobrecogedora y estremecedora".

En su declaración en el juicio, la mujer explicó que había cometido el doble infanticidio para evitar que sus hijos "sufrieran más" porque se sentía en un "pozo profundo, sin salidas": sin trabajo, abandonada por su esposo y a dos semanas de ser desahuciada.

La sentencia reconoce que la acusada sufría una "fuerte dependencia emocional con respecto a su marido, con visos de maltrato psicológico y económico, y con interposición de denuncias por presuntas agresiones físicas" atribuidas a su cónyuge.

El esposo de la acusada, añade el magistrado, la abandonó para iniciar una relación con otra mujer y "dejó de contribuir al sostenimiento de las cargas familiares, situando a la acusada y a sus hijos en patente riesgo de exclusión social, inclusive con cerniente aviso de desalojo de la vivienda en la que moraban, así como la declaración por la DGAI -Dirección General de Atención a la Infancia- de eventual situación de desamparo de sus hijos (...)".

En opinión del juez, en ese contexto de "factores altamente estresantes", la acusada sufrió "una descompensación de sus rasgos dependientes de la personalidad, dando lugar a un trastorno adaptativo reactivo a esa nueva situación vital, que se manifestó con sintomatología ansioso-depresiva y alteraciones de la conducta de naturaleza pasivo-agresiva". EFE