Cádiz, 17 mar (EFE).- El juzgado de instrucción número 1 de Rota ha citado a declarar como imputados a los alcaldes populares de Rota y Chipiona, Eva Corrales y Antonio Peña, respectivamente, por presunta corrupción urbanística en la permuta ilegal de parcelas con una empresa a la que se le adjudicó sin concurso la obra de un aparcamiento.

Esta imputación tiene lugar cuando Eva Corrales (PP) está pendiente de ser juzgada por varios delitos de corrupción en el caso uniformes, y pendiente de sentencia del caso horas extras, cuyo juicio se celebró recientemente.

El juzgado ha citado a declarar como imputados a ambos, que cuando sucedieron los hechos eran delegados de Planeamiento Urbanístico de Rota, tras recibir un informe del Equipo de Delincuencia Urbanística de la Guardia Civil que constata graves irregularidades en estas operaciones y que llega a calificar los hechos como delitos continuados de prevaricación y fraude y como posible cohecho.

Junto a Eva Corrales y Antonio Peña han sido citados a declarar también como imputados los próximos jueves y viernes Lorenzo Sánchez, que entonces era alcalde de Rota y hoy socio del gobierno municipal, y Felipe Castellano, responsable de "Promociones Castellanos", la empresa que se benefició de la permuta y de la adjudicación directa.

El juzgado ha constituido con este asunto una pieza separada del sumario que investiga desde 2012 a raíz de una denuncia del PSOE que, a su vez, provocó una investigación y una querella de la Fiscalía Anticorrupción sobre supuestas ilegalidades en tres convenios urbanísticos firmados entre 2009 y 2010 y con los que el Ayuntamiento habría supuestamente adjudicado ilegalmente obras públicas.

De este sumario, cuya instrucción está a punto de concluir y en el que también están imputados los mismos responsables municipales, se desprendió este nuevo caso por el que el juez, tras recibir el informe de la Guardia Civil, ha llamado a declarar a Eva Corrales y Lorenzo Sánchez, que aguardan la sentencia del juicio por el caso horas extras, y Antonio Peña, que, junto con los anteriores, será uno de los acusados en el denominado caso uniformes.

El informe de la Guardia Civil, al que ha tenido acceso EFE, relata que sin ningún informe jurídico y económico e infringiendo diversas leyes en 2006 se aprobó el convenio por el que el Ayuntamiento y Promociones Castellano se permutaron dos fincas, que tenían una diferencia de precio de 1,3 millones de euros.

La Guardia Civil explica que el Ayuntamiento como compensación entre el valor de las dos fincas permutadas adjudicó directamente a la promotora, sin concurso, las obras del aparcamiento municipal, valoradas es 1,7 millones de euros.

A los investigadores les "sorprende" además que la promotora adquiriese la finca que permutó al ayuntamiento poco antes de que se hiciera la operación y sospecha que hubo un plan tejido por Lorenzo Sánchez y el empresario y que "tuvo que contar con la necesaria cooperación de los concejales de Planeamianto y Urbanismo" en los dos años de tramitación.

La Guardia Civil apunta que la actuación "tan beneficiosa" para la empresa "contrasta con el perjuicio económico" que causó a las arcas municipales.

Y añade que "durante los años en los que se han tramitado estos convenios, las empresas participadas por Lorenzo Sánchez han recibido importantes contraprestaciones económicas". EFE