Madrid, 6 oct (EFE).- El proyecto de Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno arrancará el próximo martes su andadura en el Senado, donde diversas organizaciones cívicas tienen previsto reunirse con los grupos parlamentarios para intentar "mejorar" el texto.

Representantes de plataformas activistas como Civio, Tu derecho a saber, proyecto Avizor y proyecto Colibrí se han reunido ya con senadores socialistas y mañana lunes, 7 de octubre, lo harán con el portavoz de la Entesa en la Comisión Constitucional, Carles Martí (PSC), en una sesión abierta a otros colectivos, profesionales y expertos que será transmitida por internet.

Estas plataformas, que se han aliado en la llamada Open Kratio, han diseñado la acción #senadotransparente, para tratar de introducir enmiendas a la ley, que el Congreso aprobó el pasado 12 de septiembre con el apoyo del PP, CiU, PNV y Coalición Canaria y los votos en contra del PSOE, la Izquierda Plural (IU, ICV-EUiA, CHA), UPyD y parte del grupo mixto (Amaiur, ERC, BNG, Compromís y Geroa Bai).

Tras colaborar en el anteproyecto de Ley de Transparencia Pública del Gobierno andaluz, dirigen ahora sus reivindicaciones a la Cámara Baja, al igual que otras organizaciones como Transparencia Internacional España, que ha colgado en su web media docena de consideraciones a una ley que, en su opinión, "puede y debe todavía mejorar".

Para los activistas de Open Kratio el texto aprobado en el Congreso es el de una ley "débil", a la que habría que aplicar tres "cambios sustanciales": el reconocimiento del derecho de acceso a la información como un derecho fundamental, que la ley no excluya de su alcance ningún tipo de información y que el organismo que vigile la transparencia sea independiente y tenga poder vinculante.

Por su parte, Transparencia Internacional propone que la ley recoja explícitamente sanciones a políticos y funcionarios públicos por el incumplimiento de las normas de transparencia y que se elimine el silencio administrativo negativo, a fin de que la administración esté obligada siempre a contestar la petición de información de un ciudadano.

Esta organización aboga también por concretar los límites "demasiado genéricos" que, a su juicio, establece la ley al derecho de acceso a la información y por obligar a las administraciones a publicar todo su patrimonio, no sólo la relación de sus bienes inmuebles, así como todos los instrumentos de planeamiento urbanístico e informes de los órganos de fiscalización interna.

En defensa de la independencia del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, pide que su presidente sea elegido por mayoría parlamentaria cualificada, no por mayoría simple, y que en la Comisión de Transparencia esté presente un diputado y un senador de la oposición, así como representantes de la sociedad civil.

Según fuentes del Senado, el PP recibirá a los representantes de Open Kratio el miércoles 9 de octubre, al día siguiente de que termine el plazo para que los grupos políticos registren sus enmiendas. EFE