Tegucigalpa, 2 ago (EFE).- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) describió en un informe presentado hoy en Tegucigalpa al sistema penitenciario de Honduras como "deshumanizado, paupérrimo y corrupto", con cárceles que "son totalmente contrarias a la dignidad humana".

"Es imprescindible que las autoridades del Estado de Honduras en todas las ramas de Gobierno (...) reaccionen de manera urgente y contundente ante la crisis estructural profunda" del sistema carcelario, subrayó el relator sobre Derechos de las Personas Privadas de Libertad de la CIDH, Rodrigo Escobar Gil.

El informe fue presentado por Escobar Gil en la Casa Presidencial, en un acto oficial al que asistió, entre otros altos funcionarios, el vicepresidente hondureño, Víctor Hugo Barnica, quien reconoció que lo expresado por la CIDH "es cierto", pero que "no todo es culpa del Gobierno".

El informe de la Comisión destaca que "la grave crisis estructural que atraviesan las cárceles de Honduras es el resultado de la ausencia, durante décadas, de políticas integrales orientadas a lograr que el sistema penitenciario cumpla con los fines que establece la Convención Americana de Derechos Humanos".

Dicha Convención señala la reforma y readaptación social de los condenados, lo que no ocurre en Honduras, donde las cárceles son consideradas "universidades del crimen" y una especie de bomba de tiempo por el alto grado de inseguridad que impera en la mayoría de las 24 prisiones que conforman el sistema penitenciario.

Escobar Gil expresó que "es imprescindible que haya una adecuada asignación presupuestaria que haga operativas las instituciones penitenciarias" hondureñas.

"Es inadmisible que las autoridades del Estado digan que estas obligaciones deben ser financiadas por donantes privados o por la cooperación internacional. Estos problemas son responsabilidad del Estado y es su deber asignar los recursos suficientes", enfatizó.

Escobar Gil y su comitiva fueron recibidos este viernes por el presidente hondureño, Porfirio Lobo, quien se sorprendió cuando el relator de la CIDH le comentó que el presupuesto para la alimentación diaria de los casi 13.000 reos que hay en el país, ha sido recortado de once a ocho lempiras (de 53 a 39 centavos de dólar).

Una fuente de la misión de la Comisión dijo a Efe que "cuando el relator le dijo al presidente que se ha reducido a ocho lempiras el dinero para la comida de los reos, se sorprendió y le preguntó a la ministra de Justicia y Derechos Humanos (Ana Pineda), que se lo confirmó".

Agregó que Lobo, quien por 45 minutos recibió en su residencia particular a la comisión de la CIDH, se comprometió con el relator a resolver lo antes posible el asunto relacionado con el dinero que se asigna a diario para la alimentación de los privados de libertad.

El presupuesto para la comida de los reos se ha reducido por decisión de la Secretaría de Seguridad, según lo expresado por la ministra de Justicia y Derechos Humanos, acotó el informante.

El sistema penitenciario de Honduras, compuesto por 24 cárceles, alberga a unas 13.000 personas cuando su capacidad es para unas 8.000, según autoridades locales.

Sobre el incendio en la Granja Penal de Comayagua (centro), en el que murieron 360 reos y una mujer que visitaba a su marido el 14 de febrero de 2012, el informe de la CIDH señala que esa tragedia "no fue un hecho inédito en Honduras", ya que en 2004 murieron 107 internos en otro siniestro en el presidio de San Pedro Sula, norte.

Otro señalamiento del informe se refiere al hecho de que en algunas cárceles de Honduras la facultad disciplinaria se delega en los mismos reos.

El respecto, el informe insta "al Estado a erradicar definitivamente la práctica de delegar facultades disciplinarias en los propios reclusos, sobre todo la posibilidad de aplicar sanciones".

El excomisionado de los Derechos Humanos Leo Valladares, comentó a Efe que el informe de la CIDH "no puede ser más contundente sobre las condiciones inhumanas en que viven los reos" en Honduras.

Agregó que el hecho de que los presos sean los que controlen las cárceles del país es una irresponsabilidad, porque "las autoridades "están premiando con poder a los delincuentes".

"El sistema penitenciario está colapsado y eso lo deben tomar en cuenta los políticos que están hablando de fuerzas militares para reducir la violencia en el país, cuando durante años no han podido resolver la situación interna de las cárceles", dijo Valladares.

A la presentación del informe de la CIDH asistieron funcionarios del Gobierno, oficiales de los cuerpos de seguridad y representantes del cuerpo diplomático, entre otros invitados. EFE

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