Atresmedia recurre el acuerdo de la JEC que prohibió la presencia de Vox en su debate

Ya no hay vuelta atrás, sin embargo, Atresmedia ha decidido recurrir -como ya anunció que haría- el acuerdo de la Junta Electoral Central (JEC) que impidió celebrar el debate a cinco en Antena 3 y La Sexta el pasado 23 de abril. La compañía de San Sebastián de los Reyes defenderá ante las instancias que sean necesarias que el debate entre PSOE, PP, Unidas Podemos, Ciudadanos y Vox "era el debate de mayor interés general, el que prestaba un mejor servicio a la ciudadanía, así como el más plural y representativo de la realidad política de nuestro país", como lo precedían las encuestan electorales y lo confirmaron las urnas el 28 de abril.

[El debate de Atresmedia rompe los esquemas (9,5 millones) tras superar el de 2015]

Atresmedia interpondrá ante el Tribunal Supremo una demanda contencioso-administrativa contra el Acuerdo de la Junta Electoral Central del pasado 16 de abril (tras las reclamaciones de Coalición Canaria, Junts y EAJ-PNV), que impidió la celebración del citado debate al declararlo contrario al principio de proporcionalidad del artículo 66.2 de la LOREG.

Aunque en este caso ya no haya marcha atrás, porque el debate ya tuvo lugar, el Grupo persigue una aplicación de la normativa electoral que le permita establecer las condiciones necesarias para que los representantes del espectro político y social que conforma la sociedad civil de un país participen, en el futuro, en el debate público y expongan sus ideas, garantizando así la celebración de un encuentro abierto y realmente representativo.

El debate de Atresmedia reunió a casi 9,5 millones de espectadores (9.477.000), lo que se tradujo en un apabullante share medio del 48,8%. Casi la mitad de los españoles conectaron con el llamado 'debate decisivo' de las pasadas elecciones generales. Más de 17 millones de espectadores vieron al menos un minuto de la retransmisión en Antena 3 y La Sexta.

​Contra la decisión de la Junta Electoral

El recurso de Atresmedia "defiende que los derechos de expresión y de información han quedado conculcados con la interpretación restrictiva que la JEC hace del principio de proporcionalidad".

El acuerdo que se impugna se fundamenta en la Instrucción 4/2011 que dictó la JEC aplicando, de manera contraria a la Constitución, el principio de proporcionalidad a respetar por las emisoras de titularidad privada en los debates electorales previsto en el artículo 66.2 LOREG. Dicha Instrucción, y consecuentemente el acuerdo impugnado que la aplica, "desnaturaliza los derechos de expresión y de información, vulnerando el artículo 20 de la Constitución que los consagra y el artículo 10.1 del Convenio Europeo de Derechos Humanos que prohíbe este tipo de injerencias en el ejercicio de la libertad de expresión, concretamente, en debates de cuestiones de interés público".