¿Enchufismo en ayuntamientos? 'En el punto de mira' denuncia (y escandaliza)

El 16% de los contratos públicos en España pertenecen a trabajadores cuyo único mérito es pertenecer a una familia o tener una relación cercana con su empleador. Son los enchufados, personas que han logrado un sueldo fijo en la Administración Pública sin pasar ni un solo examen. Cuatro puso este lunes, 12 de marzo, el enchufismo 'En el punto de mira', un reportaje en el que Mireia Llinares y Marta Losada trataron de encontrar respuestas ante este problema laboral.

El caso del ayuntamiento de Pilar de la Horadada, en Alicante, fue uno de los protagonistas de esta entrega, cuyos vecinos denuncian que esta corporación local no es transparente en sus procedimientos de contratación.

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La reportera se reunió con miembros de sindicatos y oposición, quienes alzaron la voz contra el alcalde: "Gobierna esta localidad como si fuera su cortijo. Hay datos objetivos y hechos contrastados de que hay familiares y amigos de concejales que trabajan en el ayuntamiento. Un hermano, un hijo, a su padre, primos..., los casos son notorios. Entran a través de una subvención o de una bolsa de trabajo y, cuando termina su contrato, siguen trabajando aquí hasta que se convierten en indefinidos", señalaron, unas acusaciones que escandalizaron a los espectadores del programa.

El alcalde da la cara: "Si hubiera irregularidades le aseguro que yo no estaría así. En los pueblos nos conocemos todos, y nunca he enchufado a nadie"

"Es público y notorio, pero la gente tiene miedo de contar esta realidad", denunciaron ante las cámaras del programa por la falta de dinero para hacerlo en los tribunales. Con estas acusaciones, 'En el punto de mira' irrumpió en un pleno del ayuntamiento para buscar respuestas. "Yo no he traído primos ni nada. Ya dejo a mis primos hermanos para otra ocasión", respondió con mucha sorna el alcalde, quien posteriormente se citaría con la periodista para dar su versión.

"Hay más de 300 trabajadores en el ayuntamiento. Tenemos que trabajar para el empleo. Si hay una cuestión irregular, lo denuncia usted", replicó el concejal de Empleo. Posteriormente el concejal de Personal del ayuntamiento atiende al equipo del programa, pero queda en evidencia: "A día de hoy trabajan aquí 355 personas. Entra gente por subvención, se termina y se van. Por esto no sé decir cuántas personas hay ahora mismo. Te puedo ver cuánta gente está por bolsas de empleo actualmente", prometió. Sin embargo, tras realizar una llamada sin éxito, no facilitó tan importante dato.

"Siempre he evitado meter a familia. Tengo a mi primera hermana, a su marido y a su suegro. Tres personas. El marido de mi jefa de personal está trabajando por un refuerzo, pero ella no participó en absolutamente en nada", dijo excusándose ante las palabras de la reportera, quien finalmente terminaba sonsacándole multitud de casos de familiares de funcionarios trabajando en el ayuntamiento.

Tras él llegaron las explicaciones del alcalde, quien se cerró en rotundo a reconocer enchufismo en su corporación: "En el portal de transparencia no tiene que estar todo. Hay documentos que son obligatorios y otros no. Todas las bolsas se publican en el tiempo que marca la ley. Comprobadas las necesidades de mi equipo se sacan bolsas. Si hubiera irregularidades le aseguro que yo no estaría aquí. En los pueblos nos conocemos todos y yo nunca he enchufado a nadie nunca. Ni conozco casos. Todos han pasado a través de bolsa o de una oposición", sentenció.

Contrastando esta realidad con expertos, el programa evidenció la falta de regulación en la materia, lo que posibilita que la gente desconozca las bolsas de trabajo disponibles y, por tanto, solo los familiares de los miembros del ayuntamiento terminen presentándose, sin competencia así para obtener plaza.

El caso de la Mancomunidad del Guadalquivir

‘En el punto de mira’ puso de manifiesto también el enchufismo en las mancomunidades, una administración formada por la unión de varios ayuntamientos. La Fiscalía investiga a la Mancomunidad del Guadalquivir, acusada de ser cortijo de familiares y amigos de determinados clanes. Otro asunto donde el programa demostró que la falta de normativa en materia de contratación favorece este tipo de abusos.

"Pedí explicaciones cuando, tras una prejubilación, entró el hijo a trabajar en su puesto. Lo denuncié y llegaron incluso a perseguirme con el coche para atropellarme. Fui una víctima del enchufismo, ya que no pude acceder a la bolsa de empleo porque no fue publicada ni publicitada", denunció uno de los extrabajadores de la mancomunidad.

La ley no castiga a los enchufados, sino a los adjudicatarios de los puestos. El gerente de la mancomunidad dio la cara frente a las cámaras del programa, justificándose ante las acusaciones de la Fiscalía: "Había un órgano de contratación, por lo que no me sentiría responsable de lo que dictamine al final la justicia".

El expresidente de la mancomunidad también respondió a la reportera, negando cualquier tipo de conocimiento sobre las denuncias realizadas: "Yo de eso no tengo conocimiento y mi salida no tuvo nada que ver, fue por otra cuestión diferente", aseguró. Todas las partes dieron su versión ante el equipo del programa y ahora será la justicia la que deberá pronunciarse sobre estas supuestas irregularidades.