Las cadenas privadas cargan contra el Gobierno por el Proyecto de Ley Audiovisual

La Unión de Televisiones Comerciales en Abierto (Uteca) ha lanzado un comunicado en el que critica el Proyecto de Ley General Audiovisual aprobado esta semana por el consejo de ministros. De no modificarse en el trámite parlamentario que ahora comienza, "condena a las televisiones en abierto a competir en inferioridad de condiciones con gigantes digitales de dimensión internacional, en un mercado que es global y único, y en el que no caben distinciones regulatorias".

Las cadenas privadas denuncian que, "de forma incomprensible, el Gobierno ha ido más allá de lo que la trasposición de la Directiva exigía al incluir normas propias, no contempladas en Europa, que solo aplicarán a los operadores nacionales, perjudicándoles gravemente al situarles en una clara desventaja competitiva".

"Obedece a intereses cortoplacistas y amenaza la viabilidad de la TV en abierto"

Según el texto, "el Gobierno ha desoído la reclamación de las televisiones en abierto para que dicha ley establezca una competencia equilibrada, con los mismos derechos y las mismas obligaciones para las televisiones en abierto y las plataformas internacionales de Video On Demand (Netflix, Amazon Prime Video, HBO y Disney+) y de compartición de videos (Youtube y Facebook)".

El Gobierno de Pedro Sánchez ha impuesto solo a los operadores nacionales una serie de aspectos que vienen a agravar todavía más la discriminación que las cadenas comerciales aseguran sufrir. Hablamos de "una estricta regulación en cuotas de catálogo en lenguas cooficiales, franjas únicas de protección al menor y un endurecimiento del régimen sancionador".

Denuncia UTECA que en lugar de impulsar una legislación equilibrada, que se aplique a todos por igual,"ha ideado nuevas restricciones para las televisiones en abierto que ahondan en la desigualdad y el desequilibrio". De hecho, aseguran que el proyecto aprobado es incluso peor al primer borrador de trabajo. Sin consultar a los sectores afectados, el Gobierno impone "la obligación de incluir un 6% de las obras del catálogo de las plataformas nacionales en una de las tres lenguas cooficiales, al margen del castellano. Una nueva demostración del trato de favor del Gobierno hacia las multinacionales extranjeras que ofrecen sus servicios en España, pero tienen su sede fuera, pues es perfectamente consciente de que no puede obligarlas a cumplirlo".

Puntos polémicos del Proyecto de Ley General Audiovisual:

- Solo las televisiones en abierto deben incluir franjas de protección reforzada para los menores en su programación. "Una medida que, además de discriminatoria, es ineficaz, pues en esas mismas franjas los menores tienen acceso a todo tipo de contenidos en las plataformas de compartición de vídeo y en las redes sociales".

- En el caso del incremento del 0,9 al 3,5% del porcentaje de producción independiente al que están obligadas tanto las televisiones como las plataformas, "las grandes beneficiadas serán multinacionales francesas propietarias de las productoras independientes de mayor tamaño".

- La Directiva europea no decía nada sobre las formas de financiación de las televisiones públicas, pero el Gobierno ha desaprovechado la oportunidad de igualar en obligaciones. "Establece que las plataformas internacionales destinen a tal fin el 1,5% de los ingresos que generan en España, la mitad de lo que están obligadas por ley las cadenas privadas españolas".

- "Igualmente discriminatorio resulta el hecho de que el texto mantenga limitaciones publicitarias a la televisión cuando no las puede imponer a las plataformas de compartición de vídeo".

UTECA mantiene que el Proyecto de Ley que "obedece a intereses cortoplacistas y que amenaza la viabilidad de la televisión en abierto, especialmente en el caso de las cadenas de menor tamaño, que corren el riesgo de desaparecer con la disminución de empleo, pluralismo y diversidad cultural que eso conlleva".

Para la patronal, el texto "denota una irresponsabilidad" y asegura que el Gobierno "carece de visión de Estado al obviar el carácter estratégico del audiovisual, clave en la difusión de nuestra identidad cultural, motor de empleo e inversión y comprometido con la sociedad española".

Y recuerdan que las televisiones en abierto, al contrario que sus competidores digitales, abonan la totalidad de sus impuestos en España y se implican en la problemática social del país en el que operan.