El Bangladesh de los hospitales españoles: su investigación es subcontratada a fundaciones

Aunque la figura del investigador hospitalario existe, en España se da la paradoja de que gran parte de la investigación que se realiza en nuestros hospitales es protagonizada por personal que ni siquiera está en plantilla del propio hospital. Estos científicos están 'subcontratados' en unas estructuras, incrustadas dentro de los propios hospitales aunque ajenas administrativamente, llamadas fundaciones de investigación biomédica (FIB). Prácticamente todos los hospitales del país tienen en su interior personal a cargo de una FIB, una relación asimétrica que ahora con la pandemia está desbordándose por todas partes.

Teóricamente, la Ley de Investigación Biomédica de 2007 obliga a los hospitales a contar con estas figuras, no basta con que los médicos 'asistenciales' saquen tiempo de su jornada para investigar y publicar, sino que se requieren investigadores profesionales a tiempo completo. Ellos son los que realizan tareas como analizar muestras de pacientes para generar una técnica que permita detectar un nuevo virus mediante test PCR, por ejemplo.

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Agencias

La realidad es que casi ningún hospital cuenta con investigadores en plantilla. "Hay alguna honrosa excepción, como el Ramón y Cajal, el Hospital de la Fe en Valencia o centros en el País Vasco o Galicia, donde aún tienen en plantilla investigadores hospitalarios, pero la inmensa mayoría de centros del Servicio Nacional de Salud nos han externalizado a fundaciones", explica Juan Ángel Fresno, otro Miguel Servet que durante 10 años ha liderado el grupo de oncología molecular en el Hospital La Paz de Madrid, eso sí, vinculado al instituto de investigación IdiPAZ, la FIB del centro.

La punta de lanza contra el covid-19

Estas fundaciones nacieron hace más de una década, con el bienintencionado objetivo de flexibilizar la contratación de investigadores asociados a los hospitales, pero la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera de 2012 —más conocida como ley Montoro— las dejó sumidas en un extraño limbo entre lo público y lo privado, con ninguna de las ventajas de lo primero y todos los inconvenientes de lo segundo. Pese a que ingresan bastante dinero, por ejemplo, al captar recursos de empresas farmacéuticas para realizar en ellos ensayos clínicos, son incapaces de reinvertir esas ganancias millonarias en sus empleados, antaño jóvenes prometedores que llegaron con una beca de investigación Ramón y Cajal o Miguel Servet para acabar empalmando contratos temporales y sacando resultados a contracorriente hasta verse un día a las puertas del matadero laboral. Siguiente.

A este problema estructural, uno más, de la investigación médica española se ha sumado la pandemia. Muchos de los hallazgos sobre el conocimiento o el tratamiento del coronavirus que hemos contemplado en el último año han salido de estas FIB. La investigadora en genética molecular Alma Bracho fue una de las pioneras en la secuenciación del virus SARS-CoV-2 en España, a finales de febrero, y ahora se encarga de vigilar la aparición de la variante británica y otras. Carlos Spuch dirige una novedosa terapia con litio para tratar enfermos graves de covid-19. África Holguín sigue de cerca las mutaciones emergentes en las proteínas fundamentales del virus usando datos de miles de pacientes. Margarita Poza ha logrado predecir brotes de la enfermedad antes de que Sanidad los notifique gracias al análisis de aguas residuales.

La situación con estos centros es preocupante y nuestra suerte en esta pandemia depende mucho de ellos. Algunas de estas denuncias —decenas de científicos han demandado a los centros para lograr ser estabilizados— son públicas, pero quedan docenas de ellas aún soterradas y que están empezando a brotar por efecto dominó.

Científicos de élite a la calle

En Cantabria, el Instituto de Investigación Valdecilla fue noticia hace un año al despedir a José Ramos Vivas, hasta entonces director del Laboratorio de Microbiología y un investigador bastante reconocido en su campo. Vivas había llegado al centro 11 años antes con un contrato Miguel Servet —patrocinado por el Instituto de Salud Carlos III, que financia el sueldo de perfiles con una sólida carrera investigadora para favorecer su integración en el Sistema Nacional de Salud— y una vez terminada la beca permaneció en el Idival empalmando contratos. Todo el 'know how' acumulado por Vivas, así como la financiación obtenida como consecuencia de su liderazgo allí, se perdió. La propia directora del ISCIII, Raquel Yotti, o el consejero cántabro de Sanidad trataron de intervenir para encontrar alternativas al despido, pero no lo lograron. Más recientemente, en diciembre de 2020, otro investigador ligado a la fundación durante una década, Alain Ocampo, también fue despedido tras la finalización de su contrato Miguel Servet II.

La ironía quiso que a principios de diciembre, el entonces ministro Salvador Illa visitara el centro y sus responsables le mostraran unas imágenes tomadas por el equipo de Ocampo como ejemplo de la investigación puntera que se realiza en el Idival. Diez días después, el contrato de Ocampo se extinguió. La respuesta de los dirigentes del centro, que han comparecido recientemente en la Comisión de Sanidad de Cantabria, es que los contratos Miguel Servet tienen "principio y fin".

La Asociación Nacional de Investigadores Hospitalarios explica a El Confidencial que "en este caso, el investigador tiene además proyectos en vigor del Plan Nacional de I+D+i que se perderán. Y lo más sangrante es que es un experto microbiólogo, justo el perfil más necesario en esta época de pandemia". El secretario de la asociación, el genetista Francisco J. del Castillo, indica que "lo que nos tememos es que el investigador es 'usado' mientras su salario está subvencionado por el Gobierno central en todo o en parte y, cuando a la FIB le toca asumirlo, se le pone en la calle".

"La inmensa mayoría de centros del Servicio Nacional de Salud nos han externalizado a fundaciones"

El propio Del Castillo, empleado en el Instituto Ramón y Cajal de Investigación Sanitaria (vinculado al hospital madrileño del mismo nombre), tuvo que recurrir a los tribunales para que la fundación estabilizara su situación y no le pusiera de patitas en la calle después de 12 años. "Así es como todos hemos logrado nuestro contrato indefinido: tenía un grupo investigador que funcionaba, con proyectos en marcha, colaboraciones montadas... y no iba a dejar que aquello se fuera al traste", así que demandó y se ganó su estabilidad. "Los investigadores hospitalarios hemos ganado todas las demandas, creo que llevamos 65 o 70 y las hemos ganado todas".

Así estuvieron años muchísimos investigadores en todo el país, habitualmente de mediana edad y que llevaban años empalmando contratos de diversas categorías y bordeando, cuando no cometiendo claramente, un fraude de ley. Pero llegó 2012 y se prohibió a estos centros hacer contratos indefinidos. Todos aquellos científicos que han ingresado en estos centros en los últimos años se han visto atrapados en una 'Trampa 22' de manual.

Pese a que eran imprescindibles en el organigrama de la fundación, cada tres años tenían que ser despedidos y permanecer seis meses en la nevera del SEPE para poder contratarles de nuevo. Una de ellos cuenta a este periódico que acudió al SEPE en uno de estos periodos y le preguntaron qué categoría profesional tenía. "Investigadora", respondió y la administrativa le dijo que su profesión no aparecía en el nomenclátor: "No me sale nada de investigadora, ¿te importa si te pongo detective?".

Los primeros en secuenciar el SARS-CoV-2

"Ahora sí que están estabilizando los contratos Miguel Servet, si pasas los cortes de publicación y producción científica sí que te estabilizan si pasas la evaluación del ISCIII, pero durante muchos años nos decían que una vez pasaras la evaluación, te buscaras otro sitio", explica Alma Bracho, quien trabaja desde su creación en la Fundación para el Fomento de la Investigación Sanitaria y Biomédica de la Comunidad Valenciana, Fisabio. El centro ha tenido un empujón de popularidad durante la pandemia por el trabajo que están haciendo con la secuenciación y el análisis bioinformático de genomas del virus SARS-CoV-2 enviados desde hospitales de toda España.

Junto con el catedrático Fernando González Candelas e Iñaki Comas, Bracho y sus compañeros realizaron la primera secuenciación del genoma del virus a mediados de marzo, lo que permitió comprobar cómo desde que salió de China ya había sufrido algunas mutaciones. Pese al mérito científico que ha permitido a España situarse como uno de los países que más secuencian variantes (tras Reino Unido y Dinamarca), la situación del personal técnico e investigador de la Fisabio es bastante precaria.

El contrato de Bracho, cuya labor (coordinar la vigilancia epidemiológica de las variantes potencialmente peligrosas del coronavirus pandémico en la Comunitat Valenciana) es actualmente esencial, no solo para la Fisabio sino para toda España, concluye el próximo 13 de marzo. "Nos regimos aún por la ley Montoro, por la cual a los tres años tienen que hacerte fijo, pero en la fundación no pueden porque dependen de la masa salarial de la Conselleria de Hacienda", explica la científica a El Confidencial. Todos los que como ella llegaron con un contrato Miguel Servet han tenido que hacer encaje de bolillos administrativo para poder seguir con su actividad investigadora. "De hecho, el contrato que tengo actualmente está bajo el convenio colectivo de oficinas y despachos: según el año en que entraras en la empresa, el personal está adscrito a un convenio colectivo u otro".

La disparidad con los investigadores hospitalarios o del CSIC con los que suelen colaborar es sangrante, dado que bajo su actual convenio no tienen derecho a complementos por productividad científica o sexenios, pero hasta esos detalles son menores en comparación con el drama que es no tener un puesto de trabajo asegurado a medio plazo. "Ahora tenemos un 83% de temporalidad, pero las hay peores, la Fundación del Instituto de Investigación del Hospital La
Fe de Valencia ha llegado a más de un 95% y son tasas que no te puedes permitir en un campo tan especializado, donde la gente tiene que estar muy formada", explica Bracho. Su salario, evidentemente, es también impropio de alguien con un doctorado, un currículo científico inmaculado y 25 años de experiencia profesional meritoria.

"El contrato que tengo actualmente está bajo el convenio colectivo de oficinas y despachos"

La parte 'pública' de estas fundaciones les obliga a publicitar las ofertas de empleo. Por ejemplo, hace unos días, salieron en Fisabio dos plazas de técnico en anatomía patológica para trabajar en biobancos de tumores. Entre los requisitos, se valora una experiencia acreditada en el área, conocimiento de la Red Valenciana de Biobancos, formación en el uso de muestras biológicas para investigación y publicaciones o presentaciones en congresos. ¿El sueldo? 19.450 euros brutos al año, en principio durante 12 meses. En realidad, estas dos personas, aunque contratadas por la fundación, estarán empleadas en los Servicios de Anatomía Patológica de los hospitales de Castellón y Arnau de Valencia, pero cobrarán mucho menos que sus compañeros en nómina del hospital. Una suerte de subcontrata legal para reforzar los hospitales con científicos buenos a precios de saldo.

Otra oferta del mismo centro busca un investigador con experiencia en proyectos de calidad del aire para un proyecto de ocho meses. El contrato es de 26 horas al mes por 253 euros brutos. El gancho aquí es la "posibilidad de realización de una tesis doctoral", probablemente fuera del horario de seis horas y media semanales.

Cuándo se torció todo

"Las fundaciones se crearon con el objetivo de facilitar la gestión de los fondos de investigación en un hospital, que requiere mayor flexibilidad que la gestión de otras partidas", explica Fresno. "Sigo pensando que la idea era buena, porque las fundaciones tienen un margen de maniobra que no tienen las administraciones públicas propiamente dichas: el problema es cuando se les manda gestionar personal".

En resumen, como sector público, padecen la rebaja del 5% del sueldo a los funcionarios, supresión de la paga extra o la imposibilidad de encadenar contratos temporales, pero no tienen ninguna de sus ventajas: ni estabilidad ni promoción. "No vemos ninguna ventaja a las fundaciones", dice Fresno. En 2019, arrancaron a la Comunidad de Madrid el primer convenio específico para las FIB, pero la situación de estas docenas de investigadores en terreno de nadie sigue siendo irregular en toda España.

La Fundación para la Investigación y la Innovación Biosanitaria del Principado de Asturias (Finba) es otra FIB en el centro de la polémica. Esta vez, por la designación de Faustino Blanco, secretario general de Sanidad a comienzos de la pandemia, como director de la Finba. El otrora número dos de Salvador Illa fue seleccionado a dedo y no por un concurso público, como su antecesor en el cargo, el doctor Enrique Caso, y además su sueldo de 110.000 euros duplica el del anterior director de la fundación.

En este caso, es el patronato de la misma, presidido por el empresario radiofónico Blas Herrero, quien ha decidido colocar ahí a Blanco. La gota que ha colmado el vaso es la queja de los sindicatos, que además de un caso clamoroso de puertas giratorias ven una provocación que el director vea su sueldo duplicado mientras la gran mayoría de investigadores de la Finba son mileuristas y temporales. Esta semana, Podemos Asturias ha exigido que, una de dos, Blanco dé un paso atrás o se retire toda la financiación pública a la fundación.

Dónde está el dinero

Algo a lo que están obligadas estas fundaciones es a ser totalmente transparentes con sus cuentas, lo cual permite observar de primera mano el óptimo negocio que resultan ser.

Por ejemplo, de los 2,39 millones que ingresó la FIB del Hospital Infantil Universitario Niño Jesús en 2019, casi 1,47 millones procedieron de colaboraciones con la empresa privada, concretamente, ensayos clínicos. Estos se llevan a cabo en el propio hospital, pero son gestionados por la fundación, tanto en recursos como en personal. El resto procedió de donaciones privadas (casi todo) y alrededor de medio millón de euros, de subvenciones. Otras mayores, como la del Ramón y Cajal, ingresan más de ocho millones de euros cada año por estos conceptos y acaban generando un superávit de más de tres millones.

Su carácter 'sin ánimo de lucro' hace que este dinero tenga que reinvertirse, pero raramente acaba redundando en más estabilidad o mejores condiciones para los investigadores. Toda la pasta que se ha ganado en un ejercicio con la actividad investigadora suele ser inyectada directamente a los fondos de reserva, una enorme suma de dinero (millones de euros) que nunca se toca.

"Las fundaciones de investigación biomédica se llevan una parte de los proyectos que se ejecutan en esas fundaciones", explica una fuente que conoce de cerca el funcionamiento de estas instituciones y prefiere no ser nombrada. "Ese dinero procede de los proyectos públicos y luego en el ámbito hospitalario por los ensayos clínicos, que son muy importantes: por sus fines fundacionales, ese dinero debería emplearse en la promoción de la investigación, pero eso es lo que no vemos que esté ocurriendo".

"Como las empresas farmacéticas están muy interesadas, pues pueden llegar a pagar un 40, 45, 50 o 57% extra"

"Cuando una fundación pide por ejemplo 100.000 euros al Fondo de Investigación Sanitaria del Instituto de Salud Carlos III, para llevar a cabo los proyectos, automáticamente recibe 121.000 euros, donde los 21.000 son los gastos necesarios para gestionar los 100.000 que me han dado, lo cual es un buen pellizco", prosigue. "Pero si vamos a los ensayos clínicos, que son privados y no públicos, es potestativa la cantidad que puedes solicitar, y como las empresas farmacéticas están muy interesadas, pues pueden llegar a pagar un 40, 45, 50 o 57% extra, o sea, que si son 100.000 euros, les van a dar 157.000".

Todo esto hace más llamativo que los técnicos de laboratorio que realizan estos ensayos estén cobrando cantidades netas, aseguran, de unos 800 euros mensuales.

¿Luz al final del túnel?

"La gente lo que suele hacer es marcharse tras encadenar varios contratos, se buscan oposiciones y, como consecuencia, el Sistema Nacional de Salud se empobrece", dice Del Castillo. "Cuando llega una crisis como esta, nos encontramos que un buen número de microbiólogos brillantes han huido, y aquellos que ahora están en la universidad no tienen acceso a datos de pacientes como nosotros, por lo que solo pueden hacer investigación básica, nunca traslacional".

La tensión es clara. La máquina de las fundaciones biomédicas extrae un beneficio económico máximo a costa de sus investigadores, pero una máquina tan productiva tenía que empezar a griparse. Tras años de negociaciones, a finales de diciembre de 2020 se presentó en la Comunidad de Madrid el primer convenio colectivo para los 1.087 empleados en las 13 FIB de la región. Es un paso muy importante, dado que hasta el momento la precariedad de estos investigadores era una de esas pelotas que se pasan entre el Ministerio de Sanidad y las 17 comunidades autónomas, que tienen las competencias para ello.

Los inspectores de trabajo les dicen que su única opción es denunciar, porque ganan seguro

"La ley dice que tenemos que integrarnos en las plantillas de los hospitales, desde el punto de vista legal estaba clarísimo y este convenio tenía que haber llegado hace mucho", explica Fresno. "¿Cuál fue el problema? Hubo algo político y alguien lo paró, nos dijo que no se podía hacer: lo de los investigadores hospitalarios en el resto de Europa es algo que ocurre, solo es un problema de España".

Para los científicos subcontratados fuera de Madrid, la batalla aún no ha terminado. "En estos últimos cuatro años de gobierno de izquierda en Valencia, no ha cambiado nada", explica Bracho. "Hemos estado manifestándonos, promoviendo concentraciones, llamando a inspección de trabajo… Pero nos dicen que la única solución, que nos recomendó la propia inspección de trabajo tras reconocer las irregularidades en la contratación, es denunciar, porque con ajuste a la ley ganamos seguro, y eso es lo que, de hecho, está pasando", pese a que todas las sentencias favorables a estos trabajadores son recurridas a instancias de la Generalitat.

La investigadora, actualmente centrada en identificar la irrupción de la variante B. 1.1.7 del SARS-CoV-2 en nuestro país, suspira en voz alta y formula el deseo de que, cuando la llamen para una entrevista, sea solo para hablar de su ciencia, y no de su precariedad en la ciencia.