La equiparación salarial de los que investigan el covid-19 nunca llega: "Es desesperante"

Los científicos del Instituto Carlos III están detrás de los informes más completos que se generan en España sobre el número real de casos, hospitalizaciones o fallecimientos por covid-19, actualizan la llamada serie histórica, publican los datos MoMo de exceso de mortalidad, realizan desde el Centro Nacional de Microbiología la evaluación de las pruebas diagnósticas, hicieron PCR para todo el país desde el comienzo de la pandemia, cuando casi ningún hospital tenía capacidad, personal o reactivos para hacer ellos mismos el ingente número de test al que se enfrentaron en marzo.

Por su parte, los del Instituto Nacional de Investigación en Tecnología Agraria y Alimentaria se encargan de seguir el rastro a la secuenciación del virus, para entre otras cosas identificar el misterioso animal del que pudo surgir antes de llegar al ser humano desde el murciélago, pero también trabajan en el desarrollo de un candidato a vacuna contra el covid, concretamente a partir de un virus recombinante basado en el de la viruela.

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Antonio Villarreal

Por supuesto, no son los únicos en España que hacen este trabajo, pero sí son los únicos que lo hacen por un sueldo menor y con peores condiciones que las de sus homólogos en el CSIC o en las universidades públicas españolas. La injusticia salarial afecta a la mayor parte de científicos titulares, investigadores científicos o profesores de investigación del resto de Organismos Públicos de Investigación u OPI: el CIEMAT, el Instituto Español de Oceanografía, el Instituto Geológico y Minero de España o el Instituto de Astrofísica de Canarias.

El de policías y guardias civiles no es el único debate sobre equiparación salarial que el Gobierno tiene sobre la mesa. La demanda de estos más de 900 'científicos de segunda' lleva en el cajón de los ministros desde hace años. Son los únicos que no perciben complementos por méritos científicos, algo que más de 53.000 investigadores en nuestro país sí perciben desde hace más de 30 años.

El Gobierno aprobó en abril de 2019 un Real Decreto que parecía poner fin de una vez a esta anómala situación, pero casi nada ha cambiado

En 2011 la Ley de la Ciencia obligó a su equiparación, pero en realidad no ocurrió nada. En 2018 el Supremo obligó al Gobierno, por entonces de Mariano Rajoy, a aplicar la sentencia y equiparar la retribución de todos los científicos dependientes del Estado, independientemente del centro donde ejercieran. El PSOE, en su momento, aplaudió esta medida, pero una vez llegaron al poder la cosa cambió. "Todo el colectivo esperaba que el gobierno de Sánchez restaurara los sueldos detraídos por el anterior gobierno, en consonancia con su posición cuando estaba en la oposición", explica Marina Albentosa, investigadora en el Instituto Español de Oceanografía y una de las afectadas por esta situación. "La realidad ha sido más bien la contraria".

El actual Gobierno aprobó en abril de 2019 un Real Decreto (RD 310/2019) que parecía poner fin de una vez a esta anómala situación, pero según denuncian ahora desde la plataforma InvestOPI, que agrupa a un 60% de los investigadores implicados, "tras 18 meses desde que fuera publicado el RD, su nivel de implantación es inferior al 10% en todos los OPI", denuncia Albentosa. "A esta cifra hay que añadir errores en los casos en que se ha aplicado, disparidad entre los OPI, falta de transparencia en los pocos pagos efectuados".

Antes de la aprobación del Real Decreto, muchos de estos científicos se habían reunido frente a la Moncloa para exigir una vez más la homologación. "Es francamente desesperante que estos asuntos, consagrados en Ley, sean sistemáticamente infringidos por sucesivos gobiernos y las administraciones del Estado", añade la investigadora. "Lamentablemente, hasta ahora todo lo que se ha conseguido se relaciona directa o indirectamente con resoluciones judiciales".

La última gota llegó hace unas semanas con el proyecto de PGE para 2021, donde pese a incrementarse el presupuesto para ciencia en un 80% no hay prevista ninguna partida para equilibrar las desigualdades entre los científicos que dictaba el Real Decreto de hace 18 meses. "¿Tendremos que volver a manifestarnos para que el Gobierno cumpla sus propias leyes y decretos, o para que Hacienda los autorice?", se pregunta Albentosa.