La élite de la ciencia española insiste: "Es urgente auditar la respuesta a la pandemia"

La élite de la ciencia española vuelve a insistir al Gobierno: hace falta un análisis independiente que examine la gestión de la pandemia. Y lo hacen nuevamente en una carta dirigida al director de la prestigiosa revista 'The Lancet' donde a principios de agosto ya se publicó una primera misiva defendiendo la necesidad de llevar a cabo ese análisis independiente e imparcial para examinar qué ha fallado en España para que haya sido y esté siendo un país golpeado tan fuerte por el covid. Un escrutinio a todos los niveles, tanto nacional como regional, que no tiene como objeto buscar culpables sino soluciones.

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La publicación del nuevo escrito, que ya estaba preparado desde hace unos días, coincide con la segunda jornada de restricciones en Madrid, una constatación de que la situación se había descontrolado en la capital, con una atención primaria desbordada y un sistema de rastreo perdido. "Es urgente auditar la respuesta, sin buscar repartir las culpas", dice a este periódico Joan Carles March, profesor en la Escuela Andaluza de Salud Pública y uno de los firmantes de dicho escrito.

Precisamente la necesidad de que se active este mecanismo es una de las tres grandes líneas de actuación que proponen los firmantes. "El primer requisito es la urgencia: la evaluación debe comenzar de inmediato e informar periódicamente hasta el final de la pandemia, en un país donde las tensiones políticas son altas", reza el texto. Por eso piden, como segundo requisito, que partidos políticos, asociaciones científicas, profesionales de la salud, de pacientes y de cuidadores, así como la sociedad civil y el resto de la sociedad en su conjunto "actúen de forma única" con un "consenso a gran escala". "El tercer requisito es un compromiso firma del Gobierno central como los gobiernos regionales para escuchar las recomendaciones propuestas y actuar en consecuencia".

Cuatro claves

Entre los firmantes también se encuentran nombres de prestigio como Margarita del Val (viróloga e investigadora del CSIC), Rafael Bengoa (experto en salud pública, exconsejero del Gobierno vasco y asesor de Barack Obama), Helena Legido-Quigley (profesora asociada a Escuela de Salud Pública Saw Swee Hock de la Universidad Nacional de Singapur) o Alex Arenas (doctor en física y asesor científico de la Generalitat de Cataluña), así como varios catedráticos y especialistas en ámbitos como medicina preventiva o salud pública. Científicos que serán recibidos por el ministro de Sanidad, Salvador Illa, el próximo 1 de octubre. "Ha pasado prácticamente dos meses desde la primera carta. Se ha demorado mucho este encuentro", insiste March, que subraya la buena recepción que tuvo su primera petición tanto por parte del jefe de gabinete de Illa como desde la Secretaría de Estado.

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El escrito recoge cuatro pasos a dar. El primero es la elección de los miembros que deben llevar a cabo esa tarea. "Nosotros no tenemos interés en hacerlo. Nuestra petición es hacerla", insiste este mismo experto.

Los firmantes insisten en la importancia del "principio de independencia" apuntando a que ningún miembro del comité evaluador ni los que lo seleccionen "debería ser independiente de gobierno", "no haber trabajado" para el Ejecutivo nacional o para los regionales, ni tener conflicto de intereses. Para ello proponen que expertos que lleven a cabo la selección sean profesionales con experiencia en España y en el extranjero.

El segundo punto que exponen para que la fórmula funcione, como ya dijeron en su primer escrito, "es centrarse en aportar soluciones sin repartir culpas". Piden que el grupo de trabajo sea equilibrado en cuanto a género y especialidades, para "promover una evaluación crítica más amplia". "La evaluación debe tener un amplio alcance analizando la salud, los efectos económicos y sociales", concluye a este respecto el documento, que también recoge una mención a la descentralización de las competencias y alude a la necesidad de que haya 'inputs' tanto del Ejecutivo central como de las autonomías. El texto sugiere también algunos modelos a seguir como es el propuesto por la propia OMS o la vía británica con una mesa compuesta por todos los partidos políticos.

Algunos entre la veintena de firmantes ya comparecieron en la comisión de reconstrucción y pidieron esta auditoria, como es el caso José María Martín Moreno e Ildefonso Hernández, catedráticos de Salud Pública y directores generales con gobiernos del PSOE y PP. Ambos expresaron esta idea de forma reiterada durante sus intervenciones. Sin embargo, ni el tándem PSOE-Unidas Podemos ni el PP recogieron este guante en sus respectivas conclusiones sobre la comisión. La idea fue obviada y se acabó optando por delegar esta tarea en dos comisiones parlamentarias.

La primera carta publicada en 'The Lancet' ya sirvió para hacer un análisis previo. Hablaba de una "débil preparación para pandemias". Con esto se refieren a los débiles sistemas de vigilancia, la baja capacidad para hacer PCR así como la falta de EPI y equipos para cuidados intensivos.

Enumeraban, entre otras cosas, aspectos como la "alta movilidad", el "envejecimiento población", grupos en riesgo de exclusión que "experimentan desigualdades sociales" así como "la falta de preparación en hogares de ancianos". "Estos problemas fueron exacerbados como efecto de una década de austeridad", argumenta el texto. Algo que "agotó" la fuerza laboral de la sanidad pública y mermo las "capacidades del sistema".

¿Análisis con urgencia?

La pregunta es, ¿puede ser compatible un análisis profundo con la urgencia que parece haberse instalado con la segunda ola? "Creo, y lo digo a título personal, que ese grupo debería trabajar a dos velocidades. Con propuestas que afecten a cómo se aborda la pandemia con medidas concretas y luego en otro plano, cambios estructurales más reposados", insiste. Una de las cosas más criticadas y debatidas en estos meses ha sido la fragmentación de la respuesta contra la pandemia debido al reparto competencial.

"Creo que ha habido momentos que cada uno, por así decirlo, ha ido por su camino. Está el ejemplo de las mascarillas. Mientras Andalucía, por citar un ejemplo, las ponía obligatorias hasta en las playas, Baleares mantenía una política tan estricta", resume, a la par que indica que ha echado en falta unidad de acción. "Si hay medidas que han funcionado en un sitio, ¿por qué no aplicarlas al resto del territorio?", se pregunta March, que sitúa ("siempre a título personal") gran parte de los problemas en lo "acelerado de la desescalada". "Lo dije desde el principio. Habrá que analizarlo bien, pero tengo la impresión de que pesó más veces el criterio político que el científico".