El último multazo de Europa saca a relucir el bochorno del canon de depuración andaluz

Cuando la Comisión Europea dio su primer toque de atención a España por la situación de las depuradoras, en abril de 2011, Andalucía ya lideraba la lista con 13 aglomeraciones urbanas que incumplían la directiva 271/91. Un mes más tarde la comunidad, presidida entonces por José Antonio Griñán, puso en marcha su controvertido canon de depuración: tres euros en el recibo trimestral del agua que irían dedicados exclusivamente a financiar esta exigencia europea.

Cinco años después, Europa volvió a amenazar con sanciones por incumplir la directiva. En noviembre de 2016, Andalucía había recaudado ya 390,9 millones de euros con su canon, y sin embargo ocho municipios andaluces (de los 17 apercibidos) seguían aún en la lista negra. Con respecto a 2011, Chipiona, Torrox Costa, Vejer de la Frontera, Arroyo de la Víbora y Arroyo de la Miel habían arreglado el tratamiento de sus aguas residuales.

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En estos casi dos años desde la tarjeta amarilla hasta la roja que nos sacaron esta semana en Bruselas, solamente Estepona (San Pedro de Alcántara) ha arreglado sus problemas de depuración. En la última resolución emitida ayer por el Tribunal Europeo de Justicia, siete de las nueve aglomeraciones urbanas que costarán a España una multa millonaria —12 millones de euros para empezar y otros 11 cada nuevo semestre hasta arreglar el desaguisado— son andaluzas.

¿Tanto costaba construir un sistema de depuración? De acuerdo con el ayuntamiento valenciano de Teulada, uno sobre los que pesaba la amenaza de una multa, la construcción de la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) que funciona desde septiembre de 2015 fue de unos seis millones de euros en su caso.

580 millones recaudados

De las 300 obras hidráulicas que el gobierno andaluz se comprometió a realizar en 2010, tras los primeros toques desde Bruselas, buena parte de ellas están todavía pendientes. El canon del agua aprobado en la ley de aguas 2010 lleva un acumulado de más de 580 millones de euros que no se están ejecutando, según datos del Grupo Parlamentario Popular. De los 139 millones recaudados en 2017 por el canon del agua de la Junta sólo se ejecutaron 27,6 millones. "¿Por qué no se gasta ese dinero?", preguntó la portavoz popular Arancha Martín, quien acusó al gobierno andaluz de "no informar" al Parlamento del nivel de ejecución del canon ni del estado de las obras pendientes.

Según datos del PP, en los últimos tres ejercicios se han dejado de ejecutar en Andalucía 654 millones para actuaciones en materia de agua, principalmente en materia de depuración, 511 millones de financiación propia y 143 millones de fondos FEDER.

Desde la Junta, el consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía, José Fiscal, defendió que la comunidad ha hecho "un esfuerzo enorme" por acometer las obras de las depuraciones de agua de su competencia en los municipios andaluces afectados por la sanción millonaria de la UE. Precisamente hizo esas declaraciones durante la inauguración de la depuradora de Villanueva del Trabuco (Málaga).

La Junta alegó que todas las depuradoras de aguas de los cuatro municipios de la comunidad sujetos a sanción por la UE y que son competencia de la administración andaluza "están en obras", "algunas de ellas terminadas" y otras "próximas a su finalización". Entre las sancionadas por Europa está Tarifa (Cádiz), cuya estación depuradora, una obra con un presupuesto de 9,8 millones de euros, fue entregada la semana pasada.

Eran necesarios unos 300 millones de euros para la construcción de las cuatro depuradoras andaluzas que son de responsabilidad de la Junta de Andalucía: Barbate (obra que ya está en licitación), Estepona, Matalascañas y Nerja y cuyo rescate asumió el Estado en diciembre de 2017. Siguen siendo de competencia autonómica las obras de los otros municipios andaluces multados, Alhaurín el Grande, Isla Cristina, Tarifa y Coín.

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Hace siete meses, el Gobierno anunció el rescate de las obras de depuración en Andalucía, priorizando las multadas por la UE. La administración estatal aseguró que iba a iniciar los trámites para construir por su cuenta 31 de las 149 depuradoras que aún faltaban en el conjunto de la comunidad andaluza. Desde enero el Gobierno comenzó a reunirse con los ayuntamientos que sufren problemas de saneamiento para agilizar unas obras "que la Junta lleva 17 años sin acometer", según sostuvo el entonces delegado del Gobierno en Andalucía, Antonio Sanz. Las 31 nuevas depuradoras que el Estado se comprometió a poner en pie en Andalucía sumaban una inversión de unos 230 millones de euros.