Multazo millonario a España por no depurar aguas residuales en estas 9 ciudades

Llevábamos advertidos por Europa desde 1991. Toda localidad española mayor de 15.000 habitantes debía depurar adecuadamente sus aguas residuales. Nos sacaron varias tarjetas amarillas, la primera en 2011, la última en noviembre de 2016. Aun así, la desidia de la Administración ha triunfado y, a día de hoy, nueve aglomeraciones urbanas de nuestro país todavía no cumplen con la normativa europea 91/271, por lo que el Tribunal Europeo de Justicia nos ha puesto una multa de 12 millones de euros a la que se suma una indemnización de 11 millones semestrales hasta que se resuelva la situación.

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Cristina Suárez

La cantidad es inferior a los 46,5 millones exigidos por la Comisión Europea, que llevó a nuestro país ante la corte al no ver progresos a lo largo de los años, aunque si el tratamiento en estas ciudades no se ha solucionado antes de dos años, la cuantía ya superaría esa cantidad. En sus propias palabras de finales de 2016, "la perspectiva de un cumplimiento completo de la directiva en todas estas aglomeraciones sigue sin estar clara".

En 2011 había 37 núcleos de población incumpliendo la norma. A finales de 2016 aún quedaban 17 ciudades, y hoy, el día en que el Tribunal Europeo de Justicia ha emitido su segunda resolución, quedan nueve localidades que aún vierten sus aguas al mar sin tratarlas como se requiere.

Estos municipios son Valle Güímar (Tenerife), Gijón Este (Asturias), Matalascañas e Isla Cristina (Huelva), Barbate y Tarifa (Cádiz) y, por último, Málaga, la provincia con más representación en este patético 'ranking', con Coín, Alhaurín el Grande y Nerja.

Según la resolución: "A pesar de los esfuerzos significativos que ha realizado España para reducir el número de aglomeraciones urbanas que no están dotadas de sistemas colectores y de tratamiento de las aguas residuales urbanas (actualmente en número de nueve), el Tribunal de Justicia considera que el carácter especialmente prolongado de la infracción constituye una circunstancia agravante".

El tribunal le recuerda a España que incumplir las normas europeas de aguas residuales urbanas no solo daña el medio ambiente, sino que debe considerarse un “incumplimiento grave”. Y que la cantidad de años que lleva sin cumplir lo hace todavía peor. Es más, rechaza los argumentos defendidos por el Gobierno español para justificar el retraso: ni las dificultades jurídicas ni los problemas económicos que acarreó la crisis son excusas que eximan al país de sus obligaciones.

La multa semestral de 10.950.000 euros es un acicate para empujar al Ejecutivo a reaccionar al fin y remediar la situación. Pero al TJUE no le parecía suficiente, en vista de la dejadez pasada en este asunto, por lo que ha decidido imponer el pago de 12 millones como lección, para evitar sentar un precedente que anime al país (y a cualquier otro socio europeo) a seguir arrastrando los pies en asuntos medioambientales.

A finales de mayo, la Comisión impuso una sanción a Italia por el mismo concepto, su pobre tratamiento de aguas fecales en un centenar de áreas. Al país transalpino se le impuso una multa de 25 millones de euros más una indemnización de 30 millones por cada semestre que tarde en implementar las medidas.