El Tribunal Supremo hiere de muerte al polémico proyecto de embalse en Biscarrués

La polémica presa del río Gállego en Biscarrués, Huesca, llevaba siendo un caballo de batalla para los ecologistas y los vecinos de los municipios de la comarca de Galliguera, que serían anegados parcialmente si este embalse llegaba a construirse. Tres décadas más tarde, el final podría estar a la vuelta de la esquina.

La Sala Tercera del Tribunal Supremo ha tumbado el recurso de casación presentado por la Dirección General del Agua a través de la Abogacía del Estado contra la sentencia de la Audiencia Nacional que, hace justo un año, anulaba el anteproyecto y el estudio de impacto ambiental de la presa.Tan sólo ha admitido el de la Comunidad General de Riegos del Alto Aragón, la última defensa que le queda a una de las mayores bestias negras de los ecologistas españoles —las principales organizaciones del país, WWF, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO Birdlife y Amigos de la Tierra se han personado como acusación en este juicio— antes de clavar la rodilla en el suelo.

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El Supremo ha dado a los regantes un plazo de un mes para interponer el recurso de casación a este proyecto, que pretende levantar una presa de 41 metros de altura para almacenar 36 hectómetros cúbicos de agua, para deliberar si infringe la Directiva Marco del Agua en su artículo 4.7, es decir, si reúne las condiciones mínimas necesarias para alterar las aguas superficiales del río Gállego.

Estas alteraciones debían aparecer motivadas "en el Plan Hidrológico de Cuenca, circunstancia que aquí no acontecía". Los motivos para construir el embalse sí fueron incluidos a posteriori, en 2014 y 2016, en este plan, pero no en la planificación previa, hecho que motivó a la Audiencia Nacional para fallar el verano pasado en contra del proyecto.

De irrenunciable a prescindible

La anterior titular del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, consideró entonces como "irrenunciable" el proyecto de Biscarrués. "La sentencia es muy importante porque, pese a que queda la parte de los regantes, en última instancia era el ministerio el que podía decidir seguir adelante o no con la obra", explica a Teknautas Eva Hernández, responsable del Programa de Agua de WWF.

Los ecologistas consideran que, aunque la sentencia llega tarde, lo hace en un buen momento tras el cambio de titularidad del ministerio, de una Tejerina más orientada a la agricultura a una Teresa Ribera más proclive a la conservación de los ecosistemas.

Además, el futuro embalse de Biscarrués tampoco reunía, para el tribunal, otro de los requisitos exigidos: que obedezca a un "interés público superior". Para el Supremo, "no cabe equiparar dicho concepto con la declaración de 'interés general' de la obra hidráulica contemplada en el Real Decreto Ley 311992 de 22 de mayo y confirmada en leyes posteriores, pues tal declaración es abstracta, sin contemplar un análisis cientifico detallado relativo al deterioro del agua y, además, obedece a una normativa previa al dictado de la Directiva Marco del Agua".

"Sobre ese 'interés general' hay muchos matices", dice Hernández, "puede ser el interés general de un grupo regantes o el de la toda la sociedad del valle del Gállego o la industria del turismo de naturaleza que ya hay creada alrededor del río actual".

Los ecologistas consideran que, aunque la sentencia llega tarde, lo hace en un buen momento tras el cambio de titularidad del ministerio

La pelota, o más bien el 'match ball', ahora mismo está en el tejado de la comunidad de regantes. Si no logran argumentos para convencer a la magistrada Inés Huerta, el Gállego seguirá fluyendo sobre el cadáver del embalse de Biscarrués.