Cientos de científicos "al borde del colapso" ven en los Presupuestos su última esperanza

Los Presupuestos Generales del Estado para 2018 han visto hoy la luz finalmente, aunque hasta el martes de la semana que viene no se sabrá a ciencia cierta quién se lleva cuánto para este ejercicio. La situación es especialmente acuciante en dos centros de investigación, que esperaban la luz verde a estos PGE 2018 como alguien con el agua al cuello espera que se abra la espita.

El Instituto Español de Oceanografía (IEO) y la Plataforma Solar de Almería (PSA) protagonizaron hace cuatro días un artículo en la revista 'Science' con el desalentador título 'La normativa contable obstaculiza a institutos españoles'.

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Ángel Collado

Ambos centros llevan denunciando desde hace meses su patética situación, provocada por la normativa de Hacienda que obliga, desde 2014, a todos los organismos públicos de investigación (OPI) a pasar por unos auditores antes de aprobar una compra o un gasto, el llamado Requerimiento de Intervención Previa. El caso del IEO, que tiene nueve sedes y cinco barcos de investigación, resulta especialmente difícil de abordar.

En un manifiesto reciente, las docenas de investigadores del centro señalan que la señalada novedad de 2014 en el régimen económico-financiero "se realizó sin la dotación de recursos humanos necesarios para llevar a cabo dicho cambio", y que ésto ha provocado que el año pasado sólo se ejecutara la mitad de su presupuesto para 2017, frente a un 90% de 2013. "Esto último refleja la existencia de un problema estructural", añaden, ya que otros OPI no han sufrido estas restricciones.

Tanto el director del instituto, Eduardo Balguerías Guerra, como la Secretaria de Estado, Carmen Vela, han admitido que el IEO está en problemas

Tanto el director del instituto, Eduardo Balguerías Guerra, como la Secretaria de Estado, Carmen Vela, han admitido que el IEO está en problemas. Sin embargo, el primero lo achaca a los presupuestos y cree que la situación mejorará a partir de esta semana mientras Vela, en declaraciones a 'Science', señalaba a una "mala ejecución" de esos presupuestos.

La investigación en energía, a oscuras

El caso de la Plataforma Solar de Almería es parecido. Una ley de 2016 que obligaba a gastar los fondos para investigación antes del final de ese mismo año provocó amargas quejas en los científicos, que razonaban que los proyectos de investigación —en particular, aquellos financiados con fondos europeos— suelen comprender varios ejercicios.

"El que se aprueben finalmente los presupuesto de 2018 no va a cambiar absolutamente nada nuestra situación, ya que las dificultades administrativas, intervención previa, etcétera, van seguir exactamente igual", explica Julián Blanco, director del PSA tras la dimisión en noviembre de 2017 de sus anteriores máximos responsables, Sixto Malato y Eduardo Zarza. El ahora director recalca que el problema del centro no es económico.

"Disponemos de proyectos, fondos y actividad más que suficiente pero nuestro principal problema es que el contexto regulatorio y administrativo, cada vez más riguroso, restrictivo y entendemos que muchas veces absurdo, es totalmente incompatible con nuestra actividad que require de una flexibilidad y capacidades operativas que teníamos hace dos años pero que ahora la aprobación de los presupuestos no nos va a devolver", dice Blanco.

La plataforma forma parte del CIEMAT (Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas), otra de las instituciones que recientemente han publicado otra carta conjunta, esta vez con más de 260 investigadores, donde se declaran "al borde del colapso".

Los recursos del CIEMAT han sufrido un recorte de un 30% en los últimos PGE, pero ven en las medidas desplegadas por Cristóbal Montoro en 2014 como "el factor que más contribuye a la literal estrangulación del centro: una batería de normas administrativas de control y fiscalización de su actividad".

Hace dos semanas, la Secretaria de Estado de I+D+i adelantaba que los nuevos presupuestos incluirían una partida para lograr la estabilización de contratos en la carrera científica, otro 'tecnicismo legal' que ya provocó ciertos problemas el año pasado cuando el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO) estuvo cerca de perder a un centenar de investigadores.

Fuentes de la SEIDI comentan a Teknautas que aún desconocen si estas propuestas serán atendidas. Habrá que esperar a después de Semana Santa.