De Italia al Río de la Plata: cerco mundial a Glovo por saltarse las leyes laborales

A la hora del almuerzo, entre los rascacielos de Porta Nuova y los populares patios de Via Padova, Milán se mueve al ritmo silencioso de las bicis eléctricas. Con mochilas amarillas al hombro y smartphones en el manillar, los repartidores recorren la ciudad siguiendo las instrucciones de un algoritmo que determina horarios, prioridades y compensación. Es aquí donde la Fiscalía de Milán decidió este lunes intervenir con una medida histórica: una revisión judicial de Foodinho srl, empresa italiana del grupo Glovo, alegando el delito de asociación ilícita contra aproximadamente 40.000 riders en todo el país, 2.000 solo en el área metropolitana de Milán. No es el único país que se ha echado encima de la empresa española en los últimos meses por saltarse las leyes laborales. Además de España e Italia, Portugal, Argentina o Marruecos la han puesto también en su punto de mira.

Según los magistrados italianos, no es cuestión de irregularidades contractuales: la española Glovo (propiedad de la alemana Delivery Hero) tiene un sistema estructurado de explotación laboral, a través de una organización y un control totalmente digital. Dicho de otro modo, ya no se trata de la explotación del jefe en un campo de fresas o tomate bajo el sol, sino de un software que asigna entregas y al mismo tiempo sanciones y castigos, hasta con puntuaciones y clasificaciones sobre el rendimiento de cada repartidor.

La orden, firmada por el fiscal Paolo Storari (debe ser revisada por un juez en un plazo de diez días), fue ejecutada por los Carabineros de la Inspección de Trabajo de Milán. El único director de la empresa, el catalán Oscar Pierre Miquel, está siendo investigado, junto con Foodinho, por emplear mano de obra en "condiciones de explotación" y "aprovecharse de la situación de necesidad de los trabajadores".

Según la Fiscalía, miles de repartidores percibían salarios hasta un 76% por debajo del umbral de pobreza y hasta un 81% por debajo de los convenios colectivos, en violación del artículo 36 de la Constitución italiana. Estas duras palabras marcan un salto cualitativo en el enfoque judicial del trabajo en plataformas digitales. Como se lee en el informe, los salarios rondan los 2,50 euros por entrega, y muchos riders trabajan hasta 12 horas al día para ganar entre 800 y 1200 euros al mes, una cantidad insuficiente en Milán para cubrir gastos como el alquiler, facturas y transporte.

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Es lo que confirman los repartidores entrevistados (más de cuarenta) por la fiscalía en los últimos meses. Provienen de Marruecos, Pakistán, Bangladesh, Nigeria, con permisos de residencia en el limbo, alojamientos improvisados ​​y familias a las que intentan enviar dinero. Ali, por ejemplo, se ve "obligado a realizar este trabajo para sobrevivir. Incluso hicimos huelga, pero no hubo mejoría", cuenta a la fiscalía italiana. Khan afirma que no encuentra otro trabajo, aunque lo intente. “Pago 300 euros al mes por una cama en la habitación donde vivo y le envío 500/600 al mes a mi familia en Bangladesh. El sueldo es bajo, Glovo no piensa en nosotros, sino en su beneficio”.

Ahmed trabaja doce horas al día: "Estoy conectado a la app desde las diez de la mañana hasta las once de la noche. Hago diez entregas, a veces veinte o veinticinco, y siempre estoy geolocalizado. Si llego tarde, me penalizan”. Muhammad también se queja del seguimiento de la app: “Estoy constantemente geolocalizado con GPS. Si llego tarde, Glovo me llama para averiguar por qué estoy bloqueado o por qué no entrego”. Para los magistrados, esta es precisamente la clave: la brecha entre la idea de “ser autónomo” y la esencia misma del trabajo del rider, que consiste en control, subordinación y sanciones indirectas.

Repartidores por el mundo

El terremoto judicial en Italia se produce en un contexto ya marcado por disputas legales en múltiples países. Glovo se encuentra en el centro de una serie de investigaciones y litigios en varios países, desde Europa hasta Latinoamérica, un terremoto que arrancó en España. El motivo son las normas de competencia y la clasificación contractual de los repartidores.

El último golpe a la empresa fue el año pasado, cuando la Comisión Europea impuso una multa masiva de 329 millones de euros a la alemana Delivery Hero y Glovo por violar las normas antimonopolio. Según Bruselas, ambas empresas participaron en un cártel en el mercado de reparto de comida a domicilio, que incluyó acuerdos de no robarse mutuamente los riders, intercambio de información comercial sensible y reparto geográfico del mercado. Se trata de una decisión significativa, ya que representa uno de los primeros casos en los que las autoridades europeas aplican las normas de competencia a acuerdos que impactan directamente en el mercado laboral del sector de las plataformas digitales.

En España, el principal punto de controversia se refiere a la situación jurídica de los repartidores. Varios tribunales han dictaminado que miles de riders fueron clasificados incorrectamente como autónomos, reconociendo en su lugar una relación laboral. Las decisiones forman parte de la llamada "Ley del Rider", que reforzó la protección de los trabajadores de plataformas. En Portugal, el asunto también llegó al Tribunal Supremo de Justicia. En una sentencia de 2025, los jueces reconocieron que un repartidor de Glovo debe ser considerado empleado, a pesar de su contrato de autónomo. La decisión podría tener implicaciones más amplias.

"El repartidor está ausente del sistema de bienestar establecido en el siglo XX. El problema no es tecnológico, sino de regulación"

Fuera de Europa, Glovo se enfrentó a una investigación de la Autoridad de Competencia de Marruecos, que impugnó presuntas prácticas anticompetitivas en el mercado local de reparto. El proceso concluyó con un acuerdo entre la empresa y el Consejo de Competencia, con el compromiso de adoptar medidas correctivas para garantizar una mayor transparencia y una competencia leal. En Latinoamérica, las disputas han adoptado principalmente la forma de conflictos laborales.

En Argentina, aunque Glovo cesó sus operaciones directas ya en 2020, las autoridades y los tribunales continúan examinando casos relacionados con el período en que la plataforma estuvo activa. Las demandas se refieren a la posible reclasificación de los riders como empleados y al pago de las cotizaciones y prestaciones pendientes. En otros países de la región, como Chile, Colombia y Perú, el debate sobre la situación de los trabajadores de plataformas sigue vigente, con iniciativas sindicales, demandas individuales e intervenciones de las autoridades laborales.

Trabajando en la era de las 'apps'

Desde el Mediterráneo hasta el Río de la Plata, en resumen, el hilo conductor es el mismo: la clasificación legal del trabajo en la era de los algoritmos. Por una parte, las plataformas exigen flexibilidad e innovación. Por otra, fiscales y tribunales investigan el control, la subordinación y la explotación. El caso de Milán podría convertirse en un precedente importante no solo para Italia, sino para toda Europa.

La medida ya ha dado lugar al nombramiento de un administrador judicial, encargado de supervisar a la empresa y garantizar que se tomen medidas para regularizar la situación laboral de los repartidores y prevenir formas de explotación. Si la acusación se sostiene, la propia idea del rider como trabajador autónomo corre el riesgo de ser redefinida. O más bien, ser definitivamente cancelada.

Mientras tanto, las bicis siguen volando. Cada entrega es una carrera contra el tiempo, contra el tráfico y contra un sistema que ahora, por primera vez, está bajo escrutinio judicial global. Mientras la fiscalía investiga y los tribunales debaten, entre los académicos una pregunta sigue sin respuesta: en la economía de las apps, ¿quién decide realmente el valor del trabajo? “Hoy en día el repartidor está presente en todas partes en el espacio urbano, pero ausente del sistema de bienestar establecido en el siglo XX: límites al trabajo, vacaciones, seguro médico, invalidez y desempleo, pensiones”, comentaba Elsa Fornero, la exministra del Trabajo, al diario La Stampa: “El problema no es tecnológico, sino de una regulación inadecuada”.