Bruselas se lanza a recortar normas digitales entre la presión de Trump y la acusación de desregulación

La Comisión Europea ha encendido la motosierra. Tras un lustro centrado en la necesidad de impulsar la agenda verde como un proyecto de autonomía energética y de compromiso medioambiental, y tras décadas de considerar la regulación como una manera de proyectar poder, las tornas han cambiado. El Ejecutivo comunitario está lanzando un paquete tras otro de simplificación, recortando estándares medioambientales o reduciendo regulaciones en materia de responsabilidad corporativa de las grandes empresas. Ahora Bruselas lanza su segundo paquete de simplificación, llamado 'ómnibus', centrado en el ámbito de la regulación digital, con un énfasis especial en la inteligencia artificial (IA). La Comisión Europea ha cifrado el ahorro que generará su paquete en 5.000 millones de euros hasta el año 2029.

Que hay un problema de sobrerregulación en distintos ámbitos en la Unión Europea es un análisis compartido por muchos. Formaba parte del diagnóstico que realizaron Enrico Letta y Mario Draghi en sus informes sobre los problemas de competitividad de la UE. Pero hay dudas sobre hasta qué punto, después de haberse excedido con la regulación, la Comisión puede estar pasándose ahora con los recortes. Aunque en el Ejecutivo comunitario se niegan a hablar de desregulación, los críticos, tanto en la sociedad civil como en el Parlamento Europeo, consideran que es simplemente una palabra tabú que se intenta evitar para que es la mejor manera de describir lo que se está viendo. Y todo, bajo una sombra muy específica: la de Donald Trump.

La administración americana ha presionado mucho al Ejecutivo comunitario sobre las regulaciones digitales que afectan de manera directa a su ‘Big Tech’, como por ejemplo la Ley de Mercados Digitales (DMA), la Ley de Servicios Digitales (DSA) o la Ley de Inteligencia Artificial (AI Act). Como parte del acuerdo de Escocia con el que la Comisión Europea aceptó aranceles generales del 15% por parte de EEUU a cambio de que fuera un techo para toda una serie de sectores, los americanos incluyeron que los europeos se comprometían "a abordar las barreras injustificadas al comercio digital". Eso, en idioma trumpiano, son las regulaciones europeas. Desde entonces, la Comisión Europea se ha dedicado a subrayar una y otra vez que nunca ha negociado la "soberanía regulatoria" de la Unión Europea, y que seguirá aplicando las normas. Las presiones han sido permanentes desde Washington y solamente han crecido desde hace meses.

¿Qué propone simplificar exactamente?

El ómnibus se divide en diferentes paquetes para cada uno de los ámbitos de actuación. Por ejemplo, la Comisión propone reducir el nivel de exigencia de la normativa de protección de datos (GDPR), simplificando por ejemplo los análisis de impacto o las notificaciones de violaciones, también en el ámbito de informes de ciberseguridad o la "modernización de la política de cookies". También propone una "cartera empresarial europea" que permita a empresas y el sector público obtener "una herramienta digital unificada que les permitirá digitalizar operaciones e interacciones que, en muchos casos, todavía deben realizarse en persona".

Pero claramente el ámbito más sensible es el de la inteligencia artificial, precisamente porque es un terreno en el que la Unión Europea fue pionera con la primera regulación en el mundo. Ahora la Comisión Europea propone posponer un año la aplicación de las restricciones que estaba previsto que se empezaran a exigir a partir de agosto de 2026 para las tecnologías de mayor riesgo dentro de las cubiertas por la Ley de IA, que ya prohíbe una serie de usos de la inteligencia artificial.

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El movimiento del Ejecutivo comunitario ha sido criticado por muchos, tanto en el Parlamento Europeo, como también por académicos, como por ejemplo el think tank económico Bruegel. Al argumento de que se retrasan y simplifican requisitos para ayudar a la competitividad de las empresas, Mario Mariniello, investigador de Bruegel, tiene una pregunta muy sencilla: a las empresas, ¿de quién? "La competitividad es un concepto relativo: depende de la mejora del rendimiento económico de Europa en comparación con sus rivales mundiales. Sin embargo, los principales beneficiarios del ómnibus podrían ser las grandes empresas tecnológicas estadounidenses, que ya ejercen un fuerte control sobre los usuarios europeos", escribe el italiano.

Pero la pausa también interesa a muchos Estados miembros, más allá de la presión del Gobierno americano y de los intereses de las grandes empresas estadounidenses. En los últimos días, Alemania y Francia han pedido la simplificación de las normas digitales, y antes lo han hecho un buen número de Estados miembros. Porque no son solamente las ‘Big Tech’ las que no han hecho sus deberes: hay muchos países europeos que todavía no han puesto en marcha el trabajo necesario para poder aplicar la legislación europea en materia de inteligencia artificial.

En Bruselas el cómo se llama a las cosas es muy importante. Antes las acusaciones de desregulación, o la acusación de que se retrasa un año la aplicación de la Ley de IA para favorecer a las empresas americanas, la Comisión Europea responde que no es así, que el objetivo es justo el contrario, hacer que cuando se empiecen a aplicar las reglas se pueda controlar que se están cumpliendo, admitiendo así que desde que se aprobó la ley, en 2024, no se han hecho los deberes para poder aplicarla.