Internet es un peligro para los menores. Estos países sí están logrando ponerle coto

María Navarro tiene ahora 17 años, pero cuando se descargó TikTok, siendo la plataforma Músical.ly, tenía unos 11. Sus padres procuraron instalar el control parental limitándole el uso desde las diez de la noche e instaurando una contraseña para la instalación de nuevas aplicaciones. "Tanto en el colegio como en casa me han hablado de los riesgos, pero no creo que sea suficiente", confiesa la joven.

Cuenta con un perfil en Facebook, TikTok e Instagram y forman parte de su vida tanto como hacerse las uñas o cepillarse los dientes. Ella sigue formando parte de ese 97% de los jóvenes de la UE que apunta Eurostart que utilizan Internet a diario.

"Aunque la legislación lo contempla, el acceso sigue siendo ilimitado", explica con tono desesperanzado Judith Clares, Profesora de los Estudios de Ciencias de la Información y de la Comunicación de la UOC. Las redes sociales y el acceso a Internet siempre han supuesto un reto tanto para la legislación como para la educación. Los titulares relacionados con el cambio en la capacidad de atención, la exposición de menores, el dilema en el uso de las imágenes o el peligro de los algoritmos no son algo nuevo.

Se trata de una realidad más que presente y que a nivel social e institucional ya se ha convertido en una asignatura pendiente. "El marco legal siempre va a ir por detrás, porque no podemos prever lo que va a pasar en el futuro", defiende Sandra Molina, abogada especialista en protección de datos de Grupo Ático 34. Entes supranacionales como la UNESCO o el propio Parlamento Europeo ya han recomendado implementar una serie de medidas como puede ser la prohibición de teléfonos móviles en las escuelas o los debates sobre la limitación en el acceso a cierto tipo de contenidos en Internet.

En el caso de España, el 69,6% de los menores de entre 10 y 15 años cuentan con un teléfono móvil, según los últimos datos publicados por el INE. Por otro lado, según el último informe elaborado por Qustodio, una plataforma de seguridad en Internet y bienestar digital, cerca de uno de cada cuatro niños de entre 7 y 9 años cuenta con la red social de vídeos TikTok, una plataforma a la que destinan más de una hora y media de su tiempo libre cada día.

"Los padres tienen que hacer una labor casi de programador y ni aun así tienen certezas"

¿Cómo se puede intervenir? Hasta ahora eran las propias plataformas con, por ejemplo, medidas como las franjas horarias las que podían regular este tipo de exposición a contenidos y consumo de pantallas en menores. Ahora son los padres los que actúan de agente. "Los padres tienen que hacer una labor casi de programador para asegurarse del contenido al que quedan expuestos sus hijos y ni aun así tienen la certeza", asegura Clares.

Sin embargo, muchos países europeos están tratando de cambiar esta tendencia de dejar al padre como principal responsable o que, en el caso de hacerlo, que estos cuenten con los conocimientos y herramientas para dar una respuesta eficiente.

Los que empiezan por el acceso

En España, se propuso la identificación directa del usuario como una medida ante la preocupante situación de consumo de pornografía en edades tempranas, al detectarse el primer contacto a la edad de entre 9 y 11 años. En 2024, a través del Ministerio de Transformación Digital liderado por José Luis Escrivá, se planteó un sistema de verificación e identificación de los usuarios mediante su DNI electrónico o la app Cartera Digital, escaneando un código QR antes de acceder a una web para adultos.

Sin embargo, el proyecto nunca llegó a implementarse. "El principal inconveniente de esta propuesta es que con la identificación quedan comprometidos unos datos personales de los menores, por lo que aquí se enfrenta la protección de datos versus la protección al acceso", aclara Molina.

Mientras, las plataformas implementan mecanismos de verificación que actúan como una criba o un embudo de control, filtrando a los usuarios mediante la comprobación de edad o identidad, muchos menores logran sortear estos filtros fácilmente. En esta línea se contemplan las medidas de prohibir o restringir directamente el uso de teléfonos móviles.

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España no es la única. Las medidas de control en el acceso acaban siendo las más fáciles de asegurar. De hecho, Francia fue una de las pioneras, prohibiendo el uso de móviles en las escuelas primarias y secundarias en 2018. Eso sí, en 2024, el gobierno decidió ir un paso más allá y aplicó restricciones adicionales en casi 200 centros educativos como parte de un programa piloto de "descanso digital", lo que se tradujo en que alrededor de 50.000 estudiantes tuvieron una prohibición ampliada del uso del móvil durante toda la jornada escolar, con el objetivo de reforzar la ley establecida en 2018.

Países como Bulgaria apuestan también por una medida similar: vetar el acceso a redes sociales para menores de 15 años. En octubre de 2025, el ministro de Educación búlgaro propuso debatir una prohibición del uso de redes sociales por menores de 15 años, motivado por las evidencias de sus efectos negativos. Además, el país prepara una normativa que ampliará la prohibición del uso de dispositivos móviles en escuelas, extendiéndose a cualquier tipo de pantalla salvo para fines educativos o de emergencia.

"Los niños crearán perfiles falsos y seguirán conectados. Lo esencial no es prohibir, sino educar", explicó a Mediapool la experta en seguridad infantil Antoaneta Vasileva. El país impulsa programas de alfabetización digital y servicios de asistencia como el Centro Nacional para un Internet más Seguro, que en 2024 gestionó más de 300.000 denuncias por abuso en línea.

Mucho más que contenido violento

En Austria, el pasado 10 de junio, un exalumno de 21 años abrió fuego en una escuela secundaria de Graz, matando a diez personas, hiriendo a once más y quitándose luego la vida. Tras conocerse que el autor mantenía hasta treinta perfiles en redes sociales y que se había aislado progresivamente en el mundo virtual, el vicecanciller Andreas Babler (SPÖ) propuso prohibir el uso de redes sociales a los menores de 15 años. "Debemos proteger a nuestros niños de los algoritmos de las corporaciones en línea", declaró, abogando por una solución a nivel europeo que, sin embargo, aún no se ha concretado.

Más del 60 % de los jóvenes de la Unión Europea, de entre 15 y 24 años, utilizan las redes sociales como fuente diaria de noticias y contenidos políticos, según los datos del último Eurobarómetro publicado el 29 de octubre de 2025. Plataformas como Instagram, TikTok y X se consolidan como las preferidas entre los usuarios más jóvenes, reflejando un uso cada vez más intenso a pesar de las advertencias sobre la exposición a contenidos dañinos, desinformación o discursos de odio.

"La inversión publicitaria en influencers en España alcanzó los 79,2M en 2023, un crecimiento del 23,9% respecto a 2022"

La amenaza del contenido violento sobre los menores resulta ya más que evidente, también preocupa el papel de la publicidad y los mensajes comerciales. La ausencia de una regulación efectiva sobre los algoritmos y la publicidad personalizada expone a los jóvenes a presiones comerciales y sociales que influyen en su identidad, autoestima y comportamiento.

La inversión publicitaria en influencers en España alcanzó los 79,2 millones de euros en 2023, lo que representa un crecimiento del 23,9% respecto al año anterior, según el último "Estudio de Inversión Publicitaria en Medios Digitales 2024", realizado por PwC junto a IAB Spain.

Parte de la preocupación por la protección al menor viene también por esta exposición a la publicidad. En este sentido, en Francia destacan la Ley de Influencers (2023, actualizada en 2024), que sanciona la publicidad engañosa dirigida a menores, y la Ley sobre los derechos de imagen de los niños (2020), que otorga a los menores el derecho a eliminar contenidos publicados sin su consentimiento. Además, nuestros vecinos lideran los ensayos europeos de verificación de edad y promueven medidas de "seguridad por diseño" para entornos digitales, según explican desde VoxEurope.

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No fue hasta hace poco menos de cinco meses que España publicó una normativa específica. Un reglamento con el objetivo de regular su actividad en dos ámbitos esenciales: "la protección al menor y la difusión de contenidos publicitarios en coherencia con las normas europeas dictadas en los últimos años".

No basta un progenitor como garante

Para todo esto, el marco jurídico en España acaba atribuyendo la responsabilidad de la supervisión en caso de los menores de 14 años a los padres. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, son los progenitores o tutores legales los que permiten si su hijo o hija se abre un perfil en una red social. Del mismo modo, que de pequeños a través del control parental o de las herramientas digitales son los encargados de supervisar el contenido desde el dispositivo que estos mismos posibilitan su uso.

Aun así, aunque la ley establece que los padres son responsables de la protección de sus hijos en el entorno digital, en la práctica este rol no siempre se cumple ni garantiza una seguridad efectiva."En muchas ocasiones son los propios progenitores que desde la inocencia de subir una foto de su hijo en el parque acaban exponiendo información relevante e identificable", aclara Estrella Toral Lara, investigadora y profesora de Derecho Privado de la Universidad de Salamanca.

El caso de los padres que exponen a sus hijos en redes sociales o hasta los utilizan para campañas de marketing es un extremo, pero no hace falta llegar a tal para incurrir en una lesión del honor o la intimidad. "En casos de padres separados sí que existe una legislación al respecto, pero en general no hay nada específico", explica Toral.

"Las terribles plataformas chinas y estadounidenses no representan todo el internet"

"La protección más segura no proviene de las prohibiciones, sino de la relación de confianza entre padres e hijos. Es importante que los padres se involucren de verdad en el mundo digital de sus hijos", concluye la experta búlgara Antoaneta Vasileva. Coincide en que el rol activo de los progenitores y la confianza de estos con sus hijos es algo básico en la educación y, por tanto, se hace extensible a esta nueva lección en una era tecnológica.

Thomas Lohninger, fundador de la organización de protección de datos Epicenter Works, defendió también el derecho de niños y jóvenes a participar en el mundo digital. "La generación más joven ha crecido con internet. Las terribles plataformas chinas y estadounidenses no representan todo el internet; solo unas pocas corporaciones lo han vuelto feo", señaló al diario Der Standard. Según Lohninger, las redes sociales son, en esencia, "interacción humana en el espacio digital, y no podemos simplemente negarles eso a los jóvenes". Advirtió que prohibirlas implicaría "daños colaterales inaceptables" y pidió "un debate objetivo en Austria sobre cómo conciliar la protección de datos y la protección de la juventud, sin olvidar que los menores también tienen derechos fundamentales".

Hacia un sistema integral

El Gobierno griego presentó en diciembre de 2024 una estrategia nacional contra la adicción digital, acompañada de una aplicación llamada Kids Wallet, una app que permitirá a los padres limitar y supervisar el uso digital de sus hijos. El primer ministro calificó la situación como "el mayor experimento incontrolado en la mente de los niños". Grecia, que participa en el programa piloto de la UE sobre verificación de edad, busca prevenir el acceso a plataformas de apuestas o alcohol, pero sin caer en la prohibición total del uso de redes sociales.

El Ejecutivo también estudia prohibir las redes sociales a menores de 15 o 16 años, calificando la exposición masiva de los niños a entornos digitales como "el mayor experimento no controlado sobre sus mentes". Sin embargo, el país ha afrontado recientemente casos graves de abuso sexual digital, incluidos delitos cometidos con inteligencia artificial y chantaje sexual en redes, lo que ha intensificado la urgencia de regular.

En este contexto, participan activamente en los proyectos europeos sobre verificación de edad y adoptan medidas judiciales firmes contra delitos digitales. La estrategia combina control tecnológico, educación familiar y cooperación con la UE para reforzar la protección de los menores frente al contenido ilegal y la explotación en línea.

Del mismo modo, Francia se ha convertido en uno de los países europeos más activos en la regulación del entorno digital para menores. A raíz del caso TikTok Lite, que premiaba a los usuarios por tiempo de pantalla, el país impulsó investigaciones europeas por diseño adictivo y debatió la posibilidad de prohibir las redes a menores de 15 años. El informe Children & Screens (2024) no solo propuso limitar el uso de pantallas, sino también reforzar la educación digital y establecer estrategias nacionales de prevención.

ONG como e-Enfance/3018 ofrecen asistencia directa a víctimas de violencia digital, gestionando la eliminación rápida de contenido dañino y ofreciendo asesoramiento personalizado. También se ha impulsado la sensibilización sobre el "sharenting", instando a los padres a respetar la privacidad digital de sus hijos. En España, no ha sido hasta este mismo mes de octubre que se ha anunciado la propuesta para regular y comenzar a "proteger la identidad digital".

Así, en nuestro país, el marco regulatorio sobre protección de menores en redes sociales todavía no alcanza aún un enfoque integral. "Estamos muy lejos de llegar a lo que sería deseable", confiesa Clares. La educación y la formación en el uso seguro y responsable de las plataformas permitirían a los menores reconocer riesgos, contenidos dañinos y situaciones de vulneración, mientras que un marco legal claro garantiza procedimientos para denunciar abusos y proteger sus derechos cuando se vean expuestos a peligro o daño.

"Lo más importante acaba siendo asegurar la concienciación y alfabetización de la sociedad", confiesa la experta en comunicación. Nadie queda libre de la exposición en Internet y en muchas ocasiones la ciudadanía no es consciente. Así, lo que las instituciones no pueden parar con herramientas legales, tampoco lo pueden hacer los padres, los mayores de edad o el profesorado si no están formados para ello primero.