Estos abogados han logrado la primera sentencia contra un gurú de la red y su curso para ser rico

En 2020 a J.P. le saltó uno de los miles de anuncios que Roberto Gamboa había colgado por internet. Estábamos en plena pandemia y este supuesto experto en marketing digital decía tener el remedio para la infelicidad profesional. Su Máster de Experto en Tráfico Online te podía convertir de la noche a la mañana en trafficker, un oficio nuevo que te permitiría ser tu propio jefe y acercarte al sueño de la libertad financiera. Como a muchos otros en esos meses, a J.P. le convenció el discurso y se lanzó a hacer aquella formación que le indicaría el camino hacia el éxito. Ahora, sus abogados han conseguido una sentencia a su favor en la que se condena a su mentor a devolverle el dinero por no haber cumplido los objetivos que anunciaba.

Cinco años después del gran boom de la formación online y de que miles de influencers se lanzaran a explotar el rentable mundo de la venta de cursos, un despacho de abogados de Madrid ha logrado abrir una puerta para los consumidores que se sientan engañados por las promesas de estos gurús. Decidir si un curso es bueno o malo y si cumple con sus expectativas es algo bastante subjetivo, pero según la jueza del juzgado de Primera Instancia 52 de Madrid, algunas de sus cláusulas no lo son tanto. Por eso, a falta de recurso, ha sentenciado que uno de los pioneros de este negocio debe devolver 4.840 euros a su exalumno. Ha considerado abusiva una condición del contrato que impedía recuperar el dinero una vez iniciada la formación.

"Es una sentencia que podría marcar un antes y un después para este tipo de negocios. Es una condena civil, sí, pero señala una cláusula clave de estos modelos como abusiva y la declara nula para todos los que contrataron este supuesto máster. Da una opción a muchos consumidores que adquirieron un curso como este, sintieron que los habían engañado, pero viendo la dificultad de recuperar su dinero asumieron que lo perdían y no fueron a más", cuenta Carlos Bardavío, director de Bardavío Abogados, el despacho que ha llevado este caso, en conversación con El Confidencial. "Es verdad que demostrar un engaño en formación es algo muy complicado, sobre todo si se quiere ir por vía penal, pero en este caso el cliente estaba convencido y vimos la posibilidad de sentar un precedente por vía civil", señala.

El caso llevado por la abogada Alejandra Rodríguez es llamativo, pero a falta de ganar firmeza su impacto puede generar una brecha en la red. Durante la pospandemia, miles de influencers descubrieron en la formación un negocio redondo. Con un sencillo embudo (funnel) de ventas, podían captar miles de seguidores a través de publicidad barata en redes sociales o generando contenido orgánico inspirador, convencerles de que su vida era mejor y convertirlos en clientes, prometiéndoles una vida de ensueño si seguían sus pasos. Además, lo hacían con infoproductos, una mercancía mucho menos arriesgada que otras con normativas más claras y fáciles de perseguir. En la formación no hay costes más allá de grabar unos vídeos y La dificultad de demostrar que algo así es un engaño es muy grande. Al menos hasta ahora.

El demandante J.P. vivió ese proceso en sus propias carnes. Según cuentan sus abogados, fue captado para realizar el curso con una oferta de la Semana Trafficker y empezó su camino. Vio una serie de vídeos y concertó la entrevista que debía cribar a los candidatos a hacer el curso, aunque, cuentan, acababan entrando todos. Solo para poder acceder a la entrevista tuvo que pagar 121 euros y ese mismo día acabó apoquinando los 4.840 euros del curso.

Para la jueza el problema está unos pasos después. Una vez iniciado el curso, este trabajador de Correos de 48 años descubrió que no le estaban enseñando nada y pidió la devolución del dinero. La empresa se negó y ahí está lo que la magistrada considera abusivo. No podían haberle negado la devolución cuando ni siquiera le habían ofrecido con detalle los contenidos del curso antes de hacerlo.

El procedimiento es un clásico de internet. Todos estos cursos vienen sin apoyo de institución alguna y se basan, sobre todo, en la confianza ciega que se pone sobre la persona que te lo vende. Como ya contaba en 2020 el especialista en marketing digital Nacho Martín a este periódico, "los infoproductos y formaciones 'online' siempre han estado ahí y son algo más que legítimo y bueno en muchos casos, pero otra cosa son estos cursillos que te venden en anuncios de YouTube, Facebook o Instagram y que no paran de aparecer. Te dan contenido malísimo a un precio desorbitado, y ahora con la crisis el problema se ha disparado porque vienen con el mensaje de 'dinero rápido y barato' sin cortarse".

Este 'marketer' llevaba ya entonces varios años en el sector y asistía, atónito, a cómo los 'charlatanes' se estaban intentando adueñar del mismo con cursos sin sentido porque es lucrativo, fácil de colocar y no tiene límites. "Muchos van tal cual a por gente desesperada y luego te encuentras LinkedIn lleno de 'traffickers', 'closers de ventas' y hasta de 'varilleros', sin saber muy bien qué hacer porque les prometieron otra cosa".

Sus palabras eran duras, aunque también hacía bastante autocrítica. "Los que nos dedicamos al marketing nos flipa meternos en formación, es 100% beneficios, no tienes gestión de producto salvo tu conocimiento, lo envasas en vídeos que luego puedes vender y eso puede estar generando dinero toda la vida, el problema viene cuando los vendes a 5.000 euros y prometes que esto te va a cambiar la vida".

¿Sale rentable denunciar un curso?

Para Bardavío, el precio y las promesas han sido algo clave en el caso. Los cerca de 5.000 euros que reclamaba su cliente no es dinero para plantearse una causa penal, pero sí les pareció interesante abrir un caso civil. "Y eso que sigue siendo poco dinero. Solo una pericial que lleve a una persona a analizar las 50 horas de vídeos del curso puede irse por encima de los 20.000 euros. Pero apostamos por la convicción del cliente y conseguir convencer igualmente a la jueza". Asegura que otros muchos casos similares se han perdido, pero este cayó a su favor y ahora, dice, tiene decenas de antiguos alumnos llamando a su puerta.

Su despacho, experto en sectas y cultos coercitivos y que lleva grandes casos como el de la academia financiera IM Mastery Academy, aún no ha decidido si irán a más con el caso de Roberto Gamboa, pero espera que la sentencia ayude a reaccionar a mucha gente. "Al final, cuando te pasa algo así, tiendes a optar por olvidarlo. Te da hasta un poco de vergüenza haber caído en algo que consideras un engaño y ves imposible recuperar lo invertido. Hemos demostrado que hay opciones, ya sea con nosotros o con otros despachos, lo importante es que estas situaciones no queden impunes".

Aunque eso sí, recomienda que en estos casos se intente ir siempre de forma colectiva y en grupo. "Es una opción mucho más viable y que tiene más opciones de prosperar", cuenta. "A pesar de este caso no hay que perder de vista lo habitual en estos casos".

Para gente que está en este tipo de situaciones, Bardavío invita a que se mueva, pero también que sean conscientes de lo que han vivido. "Es normal que al sentirte engañado o te recluyas o pidas venganza, que esa persona acabe en la cárcel. Pero no hay que perder del foco lo importante, que es que ese dinero que invertiste puedas recuperarlo, y es lo que hemos conseguido en este caso. Al final, eternizarte en un proceso penal por estafa y demás es duro y es difícil ver el final, mientras que se pueden encontrar soluciones, así que luego te pueden abrir nuevas puertas", detalla.

A día de hoy hay varias causas abiertas en juzgados españoles por supuestas estafas o engaños realizados durante los peores momentos de la pandemia. En esos instantes en los que todo el mundo vivía online se sucedieron casos como el de Arbistar, Kuailian o el ya citado IM Mastery Academy. Solo el primero de los casos tiene ya sentencia.

La Audiencia Nacional condenó hace tres semanas al fundador de Arbistar, Santiago Fuentes Jover, por estafa y falsedad documental. La sentencia dictó 8 años de cárcel para él al considerar probado que estafó 200 millones de euros a unos 32.000 inversores. Además, ha impuesto seis años de prisión a su socio, Diego Felipe Fernández Nojarova, por el primero de los delitos. Tendrán que devolver los bitcoins invertidos en una cuantía aún pendiente de la ejecución de sentencia y el resto de acusados ha salido absuelto. Las penas están bastante por debajo de lo solicitado por la Fiscalía al descartarse el delito de estafa agravada.