Cabify contra todos: las 8.500 licencias que pueden reventar el negocio VTC en Madrid

Casi 1.000 taxistas, según fuentes de Delegación de Gobierno, volvieron este miércoles a cortar el corazón de Madrid, en el último capítulo de su pulso histórico contra plataformas como Uber o Cabify desde finales de la pasada década. En esta ocasión, el blanco de sus quejas era la concesión a Cabify por parte de la Comunidad de Madrid de 8.500 licencias adicionales, que intentará poner en funcionamiento en las dos próximas semanas. “Aquí no cabe ni una sola VTC más”, denunciaba Julio Sanz, presidente de la Federación Profesional del Taxi, en mitad de una hilera de taxis cortando el Paseo de la Castellana.

Hasta aquí, nada nuevo en el guion que se lleva repitiendo cíclicamente desde hace años. La novedad es que ahora nadie quiere oír hablar de estas nuevas licencias: ni las flotas de VTC, que creen que su entrada en circulación podría reventar el negocio del transporte de pasajeros en Madrid, reduciendo el valor de las que ya están en marcha; ni la Comunidad de Madrid, que lo último que desea es que le estalle encima otra guerra del taxi. Incluso la propia Cabify está maniobrando para vender parte de esas licencias ante la imposibilidad de ponerlas a funcionar todas de golpe antes del plazo límite, el próximo 17 de junio.

“Si metes esta cantidad de VTC a funcionar en Madrid, simplemente revientas el margen de negocio a todo el mundo”, explican fuentes conocedoras de la situación consultadas por este periódico. Estas voces explican que la compañía fundada por Juan de Antonio ha contactado con varios empresarios de flotas de coches VTC para ofrecerles la compra de parte de estas licencias a un precio sensiblemente menor que el de mercado, “una rebaja de hasta 40.000 euros”, señalan.

“Ellos mismos son conscientes de que no pueden asumir ese despliegue por la cantidad de dinero que tendrían que gastar”, apuntan estas fuentes, que listan gastos como los empleados (por lo menos un conductor por licencia), los coches (de los que un 10% deben estar preparados para movilidad reducida) o el coste de los seguros. Una de las posibilidades que estaría valorando Cabify, por tanto, es conseguir liquidez con la "venta de parte de las licencias" para poner en funcionamiento un porcentaje de ellas bajo su paraguas.

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En una reunión con medios este miércoles por la tarde, el fundador y consejero delegado de Cabify, Juan de Antonio, presentó los resultados provisionales de la compañía de 2024 (34 millones de dólares de EBITDA, pero planos en ingresos - 858 millones de dólares - y sin cifras de momento de pérdidas netas y caja) y evitó especular sobre qué pasará con las 8.500 licencias que la Comunidad de Madrid le ha otorgado, después de diversas sentencias judiciales dándole la razón. "Vamos a hacer un despliegue gradual y en fases. Es una gran noticia para la ciudad de Madrid, que tiene unos ratios de VTC por habitante hasta 3 veces inferiores comparado con otras capitales europeas", explicó.

Con estas palabras, Juan de Antonio dejaba caer la posibilidad de poner en funcionamiento solo un porcentaje de las 8.500 licencias concedidas, vendiendo tal vez el resto, aunque está por ver si es algo que aceptaría la Comunidad de Madrid. La condición impuesta por el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso era clara: se deben poner en marcha todas de golpe antes del próximo 17 de junio.

Este intento de ‘mercadeo’ con las licencias resulta aún más sorprendente cuando se escuchan los argumentos que muestra la compañía al ser preguntada por las protestas de los taxistas. "Se trata de una minoría de taxistas, hoy en la Castellana no había más de 200", señalan fuentes de la empresa. Además, Cabify lleva defendiendo la llegada de 8.500 nuevas licencias como una “gran oportunidad” desde el punto de vista del empleo, el impacto económico de la región, así como desde el punto de servicio, ya que habrá mayor disponibilidad de vehículos para los usuarios y, por tanto, "precios dinámicos más estables".

“Coches disponibles habrá sí, pero porque van a estar vacíos la mayor parte del tiempo”, explican fuentes del sector consultadas, que recuerdan que con estas 8.500 licencias VTC se alcanzaría un total de 17.500, una cifra superior incluso a las 16.000 que tiene el taxi. “En ese escenario es imposible que nadie haga dinero”. Estas fuentes aclaran que estos permisos deberán cumplir con el llamado ‘decreto Ábalos’. Es decir, que si en cuatro años la Comunidad de Madrid decide que no pueden seguir funcionando, pierden la posibilidad de prestar servicio en núcleos urbanos y solo pueden operar en trayectos interurbanos. La compañía, según la versión de las fuentes consultadas, estaría ofreciendo recuperar "parte de la inversión" en caso de que ese extremo llegase a materializarse, pero el mensaje que están transmitiendo a los eventuales compradores "es que eso no va a suceder". La realidad es que nadie lo sabe.

"Cabify ahora está ofreciendo esas licencias a varios operadores de coches VTC por unos 100.000 euros cada, con la promesa de que, si en 4 años no pueden seguir operándolas, les devolverán el 60%. Imagina que logra vender menos de la mitad, unas 4.000. Eso supondría tener que desembolsar casi 250 millones de golpe. ¿Tiene caja suficiente como para afrontar semejante pago?", se pregunta un directivo del sector. Preguntado al respecto este miércoles, Juan de Antonio y su director financiero, Juan Barbolla, no han querido dar datos concretos.

Los argumentos en contra del despliegue de las 8.500 licencias adicionales también fueron expresados públicamente este martes por Unauto VTC, la patronal del sector, que definió "la incorporación tan masiva o por fases de estas autorizaciones" como "inasumible para el ecosistema de movilidad madrileño". Esta plataforma también se ha hecho eco de las operaciones de venta que estaría explorando Cabify, tal y como han informado varios de sus asociados.

Una pelea judicial enquistada

¿Por qué vuelven a manifestarse los taxistas contra Cabify cuando parecía que la guerra del taxi era cosa del pasado? Para entender el nuevo conflicto, hay que remontarse a 2018, año en el que Maxi Mobility Spain SL, principal sociedad con la que Cabify operaba en ese momento en el mercado patrio, pidió esas 8.500 licencias. Lo hizo justo antes de que entrase en vigor la norma que establecía la ratio de que solo podía haber 1 VTC por cada 30 taxis. Aunque la petición fuese anterior, la Comunidad de Madrid las denegó basándose en esa ratio, como ocurre en muchos otros puntos de España con casos similares. Empezó entonces una larga batalla judicial que acabó en Europa.

"Tanto el Gobierno de España como el de la Comunidad de Madrid y la Generalitat se pasan las sentencias judiciales por el arco del triunfo"

El Tribunal de Justicia de la UE decretó, años después, que esa limitación vulnera el derecho comunitario. Arrancó entonces un efecto dominó que llevó al Supremo a ordenar revisar esas peticiones sin ningún tipo de límite. Pese a esta situación, el Gobierno regional volvió a denegarlas, alegando en esta ocasión incumplimientos administrativos. Cabify recurrió a la vía legal y el Tribunal Superior de Justicia de Madrid le dio la razón. En un primer momento, desbloqueó 2.500, pero meses más tarde, se comunicó a la compañía que recibiría un total de 8.500 licencias. Ahora la compañía tiene un total de 25.000 licencias acumuladas en diversos trámites judiciales, una parte de las cuales podrían llegar a recibir el visto bueno de un juez, obligando otra vez a los gobiernos regionales a admitir un nuevo influjo de licencias VTC.

Para Cabify, son buenas y malas noticias a la vez. Después de una batalla judicial de casi una década, ha logrado por fin que múltiples instancias judiciales, desde el Supremo en España al Tribunal de Justicia de la UE, le den la razón de forma abrumadora. Sin embargo, en un nuevo giro de guion de última hora, la exigencia de la Comunidad de Madrid de desplegar las 8.500 licencias a la vez y con un mes de plazo, convierte la victoria en un regalo envenenado. "Seamos claros. Tanto el Gobierno de España como el de la Comunidad de Madrid y la Generalitat se están pasando las sentencias judiciales por el arco del triunfo. Es injusto", señala un directivo del sector ajeno a Cabify. "El TJUE fue muy claro: liberalicen sus mercados y déjense de rollos. ¿Qué ha ocurrido? Todo lo contrario".