IA, alianzas, educación y acción judicial: así es el cuarteto ofensivo de LALIGA contra el fraude audiovisual

El fraude audiovisual se ha convertido en la principal amenaza para la industria del deporte y el entretenimiento, razón por la que LALIGA ha decidido responder con una estrategia integral que combina tecnología, concienciación, colaboración institucional y acción judicial internacional, como las demandas que ha presentado contra intermediarios tecnológicos como Google o Cloudflare. Para abordar esta cuestión desde diferentes puntos de vista, El Confidencial ha organizado de la mano de LALIGA un foro titulado Colaboradores invisibles: quién facilita el negocio del fraude audiovisual, que tendrá lugar el próximo 23 de mayo —las inscripciones para asistir de forma gratuita siguen abiertas—. En el evento participarán expertos en diferentes campos afectados por esta cuestión como Suzana Curic, directora general de AWS (Amazon Web Services) en España y Portugal; Oscar Vilda, CEO de DAZN en España; y Javier Tebas, presidente de LALIGA, entre otros.

Para abanderar esta lucha contra la piratería, LALIGA ha desarrollado un sofisticado sistema de monitorización y detección en tiempo real. Se trata de un mecanismo que permite identificar automáticamente retransmisiones sospechosas en una amplia variedad de plataformas, como páginas web, aplicaciones móviles, redes sociales, IPTV y grupos cerrados en servicios de mensajería. Guillermo Rodríguez, director de Operaciones Antifraude de LALIGA, explica que la detección se basa en análisis de huellas digitales, patrones de tráfico y comportamientos anómalos: “Una vez identificada una emisión ilegal, se recaban evidencias técnicas que permiten trazar todo el recorrido de la señal, desde el servidor de origen hasta el usuario final”, concreta. Este rastreo revela con precisión qué infraestructura se utiliza, cómo se monetiza y a través de qué canales se distribuye el contenido.

"Una vez identificada una emisión ilegal, se recaban evidencias para trazar el recorrido de la señal, desde el servidor hasta el usuario"

En esta estrategia antifraude de LALIGA, la inteligencia artificial se ha convertido en una de las piezas clave, ya que sus herramientas permiten automatizar estas tareas de detección, identificar patrones sospechosos y priorizar intervenciones según el impacto estimado. “La IA analiza tendencias, detecta infracciones en tiempo real y anticipa comportamientos recurrentes durante jornadas deportivas especialmente sensibles”, especifica el experto. Gracias a ello, la competición puede intervenir antes de que el daño sea significativo y concentrar los recursos humanos en los casos más graves. En este sentido, Rodríguez aclara que “aunque no sustituye el criterio de los expertos, sí amplifica notablemente su capacidad de acción. A medio plazo, la IA será clave no solo en la detección, sino también en la desactivación de las emisiones ilegales”.

Del otro lado, los piratas digitales también han perfeccionado sus métodos y están poniéndoselo más difícil a LALIGA y a toda la industria del deporte y el entretenimiento. Entre los retos actuales, se encuentra el uso de servicios que anonimizan las direcciones IP de los servidores emisores, dificultando la trazabilidad. “Algunos proveedores incluso rotan automáticamente las IP, lo que obstaculiza los bloqueos”, relata el director de Operaciones Antifraude de la organización, para añadir que “otro problema grave es la proliferación de dominios espejo, que replican rápidamente sitios bloqueados mediante técnicas como el domain hopping, reapareciendo en buscadores pese a las solicitudes de desindexación”. A todo ello, “hay que añadir la lentitud de los procesos judiciales de retirada o bloqueo, que juega en nuestra contra porque, si una transmisión pirata no se detiene en los primeros minutos, el perjuicio ya está hecho”, aclara.

Para que este entramado funcione, la distribución de contenidos pirata debe contar con una red compleja de intermediarios tecnológicos. Rodríguez confirma que “en los primeros eslabones están las redes de distribución de contenidos, conocidas como CDN”. Y pone ejemplos: “Cloudflare o Akamai son dos de ellas. “Luego intervienen los registradores de dominios, que posibilitan la creación rápida de nuevas webs, a menudo alojadas en jurisdicciones laxas —continúa—. También participan proveedores de hosting, plataformas de apps como Google Play, servicios de DNS, pasarelas de pago, proveedores de internet y hasta redes sociales o plataformas de mensajería”. LALIGA considera que cada uno de estos actores, de forma directa o indirecta, contribuye a que el contenido ilegal llegue al usuario final.

¿Puede haber fraude sin intermediarios?

Desde el punto de vista de LALIGA, "es imposible" comprender la magnitud actual del fraude sin analizar la actitud de ciertos intermediarios: “Muchos de ellos, pese a las advertencias, actúan con lentitud, ineficiencia o directamente optan por la inacción”, aclaran desde la competición. En algunos casos, “incluso obtienen beneficios económicos al monetizar actividades ilícitas a través de publicidad o servicios premium”, precisa el experto. Frente a esta situación, la mejor opción parece el diálogo, en pro de conseguir colaboración. “Hemos suscrito acuerdos con empresas como CDN77, Akamai, Vercel o Twitch —subraya Rodríguez—. En paralelo, hemos adoptado una línea legal firme contra quienes consienten de forma reiterada que sus plataformas sean usadas por redes piratas”.

Hasta el momento, los resultados de esta estrategia mixta de colaboración y presión judicial han sido desiguales. En el lado positivo, LALIGA ha logrado implementar bloqueos selectivos con ayuda de empresas comprometidas, lo que ha permitido aislar emisiones ilegales sin afectar servicios legítimos. Sin embargo, también se han encontrado con resistencias activas. Un caso paradigmático es el de Cloudflare, que ha llegado a recurrir judicialmente bloqueos aprobados por sentencias firmes. “En varias ocasiones, se negó a colaborar incluso tras recibir pruebas técnicas concluyentes”, destaca Rodríguez. “Esta actitud representa una forma de complicidad estructural, más que neutralidad, y ha llevado a condenas contra esta compañía en países como Francia, Italia y Alemania”, agrega.

"Un caso de falta de colaboración es Cloudflare, que ha llegado a recurrir judicialmente bloqueos aprobados por sentencias firmes"

En su lucha legal, LALIGA ha adoptado medidas contundentes. En diciembre de 2024, logró una sentencia firme del Juzgado de lo Mercantil nº 6 de Barcelona, que autoriza el bloqueo de direcciones IP incluso si están protegidas por servicios como Cloudflare. Además, actualmente mantiene 17 procedimientos penales en curso contra Google, a quien acusa de cooperador necesario por permitir la existencia de aplicaciones que distribuyen contenido pirata en Google Play. Un ejemplo concreto es IPTVEXTREME, denunciada ante la Fiscalía de Madrid. Todas estas acciones están respaldadas por documentación técnica y legal que demuestra cómo estos intermediarios facilitan —de manera activa o negligente— la proliferación de la piratería.

“Más allá del terreno legal, también participamos activamente en redes de colaboración tanto nacionales como internacionales. En España, trabajamos con Telefónica, el Ministerio de Cultura, la Policía Nacional y la Fiscalía para coordinar actuaciones técnicas y legales”, explica el director de operaciones del departamento Antifraude. A nivel internacional, “nos hemos aliado con entidades como Europol, Interpol, SROC y la League Content Coalition. Estas colaboraciones han producido resultados notables. Uno de los más recientes es la operación Kratos, desarrollada en enero de 2025, que permitió desmantelar una red que ofrecía 2.500 canales piratas a más de 22 millones de usuarios”, resalta.

Entre las principales reclamaciones de LALIGA se encuentra la creación de un marco legislativo más exigente a nivel europeo. “La Recomendación de la Comisión Europea de 2023 fue un avance, pero no tiene carácter vinculante. Se necesita una regulación con fuerza legal que obligue a los intermediarios a eliminar contenido ilegal en minutos tras su notificación, y que imponga sanciones claras por reincidencia”, defiende la compañía. “También sería necesario crear mecanismos administrativos de bloqueo rápido —sin depender exclusivamente de procesos judiciales— y reconocer legalmente la figura del cooperador necesario digital, para que nadie pueda seguir amparándose en la supuesta neutralidad tecnológica”, concluye Rodríguez.