Bruselas lleva a España al TJUE por no cumplir con la ley sobre contenidos de plataformas online

La Comisión Europea ha anunciado este miércoles que envía a España, junto con República Checa, Chipre, Portugal y Polonia, al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) por no aplicar correctamente la Ley de Servicios Digitales (DSA, por sus siglas en inglés), las nuevas normas de la Unión Europea para gobernar los contenidos de las grandes plataformas de internet para dar más transparencia a la publicidad, evitar la proliferación de desinformación y, sobre todo, controlar y eliminar los contenidos ilegales.

El Ejecutivo comunitario los envía a la alta corte de Luxemburgo por no cumplir con una figura que exige la DSA: el coordinador de servicios digitales (CSD) nacional, que debe garantizar la supervisión y aplicación efectiva de la norma. En el caso de Polonia, el país del este de Europa no ha designado siquiera a ningún CSD. En lo referente al resto de países afectados por este procedimiento de infracción, todos han designado a una autoridad, pero no le “han dado los suficientes poderes para cumplir con sus funciones bajo la DSA”, señala la Comisión Europea en un comunicado. En el caso español, la CSD es la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

“La DSA también exige a los Estados miembros que establezcan el régimen de sanciones aplicable a las infracciones de dicho Reglamento, lo que no han hecho todos los Estados miembros mencionados”, recuerda la Comisión. Bruselas abrió los procedimientos de infracción, procesos por los cuales la institución hace que las capitales cumplan con el derecho de la Unión, en abril de 2024 contra todos los Estados miembros afectados por este dosier salvo contra España, que fue incluida en el proceso unos meses después, a finales del mes de julio. El Gobierno designó a la CNMC como la CSD española en enero de 2024.

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En octubre y diciembre de ese año, el Ejecutivo comunitario detalló sus quejas a los cinco Estados miembros, que han tenido tiempo para presentar alegaciones y responder a las acusaciones de los servicios jurídicos de la Comisión Europea. El siguiente paso es el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que es el intérprete último del derecho de la Unión y que debe decidir si, efectivamente, los Estados miembros están incumpliendo sus obligaciones bajo la DSA.

En caso de que la infracción perdure después de una decisión de la alta corte de Luxemburgo, la Comisión Europea puede dar un paso más, que es solicitar al TJUE el establecimiento de multas diarias contra los Estados miembros que sigan sin cumplir con las normas. España es uno de los países que más procedimientos de infracción acumula. El Gobierno aprobó en diciembre de 2024 en Consejo de Ministros dar los poderes necesarios a la CNMC, presidida por Cani Fernández, pero el asunto cayó en la votación del real-decreto ómnibus que el Partido Popular, Junts y Vox tumbaron a finales de enero de 2025. En ese paquete se incluía la ampliación de poderes de la CNMC para cumplir con las exigencias de la Comisión Europea.