Saber más. Ver más. Controlar más. Así está creando Trump un "tecno-estado policial"

Cuando los funcionarios de la Comisión Europea viajan a China, ya saben cuál es el protocolo a seguir: teléfonos desechables, dispositivos apagados en la frontera y fundas especiales para evitar cualquier intento de espionaje. Ahora, han comenzado a hacer lo mismo cuando aterrizan en Estados Unidos. Sí, en Washington. Ese viejo aliado que, hasta hace poco, se presentaba como garante de libertades. Desde el regreso de Trump a la Casa Blanca, EEUU está cimentando un incipiente Estado de vigilancia y control digital donde la frontera entre seguridad nacional y persecución es cada vez más fina. Para implantarlo, se está apoyando más que nunca en su nuevo socio, la todopoderosa industria tecnológica.

Como si de 1984, la distopía de George Orwell, se tratase, los turistas y académicos europeos se han convertido en objetivo de ese experimento de supervisión. Y para algunos ha bastado con llevar en el móvil una publicación que fuera crítica con el gobierno en redes sociales o un documento incómodo para ser retenido, interrogado y devuelto. Un investigador francés, por ejemplo, fue rechazado en la frontera en marzo solo por compartir su opinión sobre las políticas científicas de EEUU.

La maquinaria arrancó a toda potencia el 9 de abril, cuando el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) anunció que empezaría a escanear las redes sociales de todos los extranjeros residentes en EEUU para identificar lo que pudiera interpretarse como "hostigamiento". Dos afectados fueron Mohamed Khalil y Mohsen Mahdawi, activistas palestinos acusados de vínculos con Hamás sin pruebas, simplemente por protestar en la Universidad de Columbia. Otra, Rümeysa Öztürk, estudiante turca, detenida en plena calle por agentes encapuchados.

Pero esta cruzada ideológica no se limita a los que vienen de fuera, sino que también apunta hacia adentro. En la nueva administración, los empleados han recibido una directiva clara para denunciar cualquier indicio de "sesgo anticristiano" entre sus colegas. Y, desde hace meses, las autoridades estadounidenses disponen de una tecnología capaz de seguir teléfonos que se acercan a clínicas de aborto. No necesitan una orden judicial. Simplemente, rastrean los dispositivos y los conectan con otros movimientos posteriores. Así pueden seguir a las mujeres que cruzan las fronteras estatales buscando interrumpir un embarazo. Todo esto no sería posible sin esas empresas privadas que han convertido el negocio de los datos en una herramienta del poder.

TE PUEDE INTERESAR

Palantir, la mayor maquinaria de espionaje de Silicon Valley, afronta su prueba de fuego

M. A. Méndez

Y aquí es donde entra en juego Palantir, la compañía de Alex Karp, cuyo nombre se inspira en las bolas de cristal que todo lo ven en la fantasía de El Señor de los Anillos. Lleva años suministrando sistemas de análisis predictivo y vigilancia a la policía y las agencias de inteligencia de EEUU. Ahora, con Trump de vuelta en el Despacho Oval, ha tejido una red de alianzas dentro de la nueva administración, coqueteando con el republicano en todo tipo de acuerdos. Ya ha asegurado más de 2.700 millones de dólares en contratos federales, incluyendo 1.300 millones del Pentágono. Y es una estrategia que va más allá del dinero, convirtiendo a la empresa en una puerta giratoria entre el sector y Washington. De hecho, Karp acaba de publicar ahora un libro (La República Tecnológica) en el que analiza precisamente esa hermandad de Silicon Valley con el gobierno.

Palantir vende una serie de herramientas de vigilancia que nacen del sistema de detección de fraudes de PayPal, diseñado inicialmente para analizar grandes cantidades de datos de inteligencia, pero que desde entonces se ha expandido a la Policía o el Ejército. En resumen, se trata de una poderosa herramienta de control que ha recibido financiación de la CIA y otras agencias gubernamentales como la NSA o el FBI. "La superioridad de Occidente se volcó en la producción de software e hizo que los países, especialmente EEUU, fueran más saludables, más ricos, más fuertes, más justos, y asustó a todos los enemigos de estos países... No voy a disculparme por defender a mi país en la frontera”, decía Alex Karp.

Su producto estrella es un software que conecta cientos de bases de datos —desde inmigración y tráfico, hasta registros criminales, propiedad, empleo e incluso características físicas como el color de ojos— y es usado por el ICE, la agencia de inmigración que hoy opera como punta de lanza de esta distopía algorítmica. Pero los designios de Palantir no terminan ahí. Según Wired, también está trabajando con el proyecto DOGE, impulsado por Elon Musk, para aplicar una lógica similar al IRS, la agencia tributaria. Es decir, aplicar este mismo nivel de vigilancia sobre los datos financieros de todos los contribuyentes. Lo que empezó como un software para rastrear “sospechosos” ahora se convierte en una herramienta de escrutinio masivo. Y se está pagando con dinero público.

Hace unos días, Paul Graham, uno de los fundadores de la aceleradora de startups YCombinator y voz icónica del mundo tech, hizo sonar las alarmas en X: "Si eres un programador de primer nivel, hay muchísimos otros lugares donde trabajar en vez de en la empresa que construye la infraestructura del estado policial". La respuesta no tardó en llegar desde las trincheras de Palantir por parte de su director comercial, Ted Mabrey, quien se defendió diciendo que la empresa comenzó a colaborar con el Departamento de Seguridad Nacional "como respuesta inmediata al asesinato del agente Jaime Zapata a manos de los Zetas: "Cuando hay personas vivas gracias a lo que construiste, y otras muertas porque lo que construiste aún no era lo suficientemente bueno, desarrollas una perspectiva muy diferente sobre el significado de tu trabajo", afirmó Mabrey.

Mabrey instó a cualquier persona interesada en trabajar para Palantir a leer el nuevo libro de Karp: "Contratamos a creyentes. La fe es necesaria porque 1) nuestro trabajo es durísimo y 2) uno debe esperar soportar ataques como este constantemente; de ​​todos los partidos políticos". El rifirrafe se producía después de que se desvelara que el ICE, encargado de implementar la agresiva estrategia de deportación de Trump, le está pagando a Palantir 30 millones de dólares para crear lo que denomina el Sistema Operativo del Ciclo de Vida de la Inmigración (ImmigrationOS), un motor de clasificación masiva, capaz de segmentar poblaciones, priorizar arrestos, predecir "riesgos" y trazar rutas de acción para agentes federales. Si tienes un permiso vencido, una multa sin pagar, un tatuaje “sospechoso”, puedes acabar en el radar. Si tu ubicación aparece repetidamente cerca de una zona considerada de riesgo, también. Y ni siquiera tienes que haber cometido un delito para estar fichado.

Pero Palantir no está sola. Forma parte de una tendencia creciente en la que las grandes tecnológicas se convierten en proveedores de infraestructura gubernamental. De hecho, una revisión de casi 15.000 contratos revela que el gobierno ha destinado 7.800 millones de dólares desde 2020 a tecnologías de 263 empresas en materia de big data para este objetivo. Las colaboraciones público-privadas son clave para esta reutilización de datos.

De hecho, las redes sociales, diseñadas para conectar personas, parecen haberse convertido en el mayor sistema de control de la historia. Con la IA, se procesan millones de publicaciones en tiempo real. Solo en vigilancia de redes sociales, cuatro contratos públicos suman más de 8 millones de dólares: desde Fivecast en Australia hasta Whooster en Texas, pasando por Cobwebs Technologies, absorbida por Penlink. Todo esto para saber más. Ver más. Controlar más. Incluso, la nueva administración también ha pagado a una decena de empresas de software que permiten burlar códigos de acceso, acceder a archivos eliminados y analizar buzones de correo electrónico.

Son la infraestructura de una red de vigilancia sin precedentes, con herramientas diseñadas para rastrear pruebas de ADN para verificar parentescos, algoritmos para predecir movimientos, lectores automáticos de matrículas, análisis de discos duros y metadatos. Los ciudadanos no son conscientes de su participación en el sistema, pero lo alimentan constantemente con cada clic, cada pago, cada búsqueda online.

El investigador en privacidad de datos Justin Sherman explicaba en este artículo de The Conversation la asombrosa cantidad de información que los intermediarios de datos tienen sobre los ciudadanos. "Los datos recopilados bajo el lema de la atención podrían ser utilizados para obtener pruebas que justifiquen la vigilancia de alguien. Pero a veces, los resultados son inexactos, generados por alucinaciones de IA. Y pequeñas discrepancias en los datos pueden tener consecuencias importantes: pérdida del empleo, denegación de prestaciones y persecución indebida en operaciones policiales".

Estados Unidos, a diferencia de muchas democracias occidentales, no cuenta con una ley federal de privacidad que limite realmente qué datos pueden recolectar las empresas ni cómo los pueden usar. Y en ese vacío legal, la industria tecnológica ha encontrado un campo fértil para engrosar sus bolsillos. Estos acuerdos de intercambio de datos, justificados por la 'seguridad nacional' o la simple creencia de que se está llevando a cabo una modernización digital del estado, está dando como resultado un aparato de vigilancia brutal. El poder se convierte en algoritmo, y el algoritmo en la ley. Y cuando ese código se escribe en colaboración con intereses privados, financiado por contratos multimillonarios y sin ningún tipo de supervisión, hay riesgo de que las cosas salgan realmente mal.