El Gobierno 'cuela' en Transformación Digital la capacidad de legislar sobre los medios de comunicación

El pasado 25 de febrero, el Consejo de Ministros dio luz verde al anteproyecto de Ley para la mejora de la Gobernanza Democrática en Servicios Digitales y Medios de Comunicación. La norma, dependiente del Ministerio de Transformación Digital dirigido por Óscar López, es la adaptación del ordenamiento jurídico español al Reglamento Europeo de Libertad de los Medios de Comunicación, más conocido por el acrónimo EMFA, aprobado hace doce meses por Bruselas con el fin de preservar la libertad y pluralismo de los medios de la UE.

Ese día se dieron detalles de una de las piedras angulares de esta iniciativa: un registro de medios de comunicación accesible a los ciudadanos y que estará controlado y supervisado por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). En esa base de datos, las empresas deberán añadir datos relativos a la estructura de la propiedad, así como los fondos públicos, nacionales o extranjeros, que reciben en concepto de publicidad. Hasta ahí ningún problema, porque la creación de esta figura estaba contemplada por la EMFA.

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EFE

Sin embargo, el borrador recoge la suma de un nuevo artículo en la Ley General de la Comunicación Audiovisual (el 153 bis, concretamente) en el que se afirma que el Ministerio dirigido por López es “la autoridad competente” de ámbito estatal en materia de medios de comunicación, en general, y que, en todo caso, ejercerá las competencias de “propuesta, elaboración y modificación de las normas en materia de medios de comunicación”, en general, así como “la promoción de la autorregulación y corregulación para los fines previstos en el reglamento europeo”.

El texto del anteproyecto hace varias referencias al riesgo de la desinformación, uno de los mantras que el actual presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, lleva meses repitiendo en sus intervenciones públicas. El documento señala que “plataformas en línea de alcance mundial” actúan como puerta de entrada a los contenidos de medios de comunicación, con “modelos de negocio” que tienden “a amplificar los contenidos polarizadores y la desinformación”.

También advierte de que el buen funcionamiento del mercado interior “se ve puesto en peligro” por actores, “incluidos algunos controlados por determinados terceros países”, que practican de forma “sistemática la desinformación o la manipulación de información y la injerencia”. “Utilizan las libertades del mercado interior con fines abusivos, lo que impide el correcto funcionamiento de las dinámicas del mercado”, reza este borrador.

Fuentes jurídicas consultadas por este medio han alertado del precedente que se crearía si el texto, que actualmente se encuentra en fase de anteproyecto, se aprobase en el Congreso de los Diputados en estas condiciones. “Nombrar al Ministerio como autoridad reguladora de los medios de comunicación, en general no tiene ningún apoyo en dicho Reglamento europeo”, explican estas voces, que puntualizan que el marco que establece la EMFA únicamente habla de “autoridades independientes en materia de medios de comunicación”. “Y está claro que el Ministerio muy independiente no es”, añaden.

Los expertos preguntados por este medio subrayan el alcance de las actuales capacidades de este departamento. Recuerdan que, a través de la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, tiene adjudicadas únicamente competencias sobre los servicios de comunicación audiovisual, “pero no sobre los medios de comunicación de forma general”.

“Estas competencias recaen en este departamento porque tienen que supervisar cosas como el reparto del espectro, que es un recurso limitado. Pero utilizar eso como base para ampliarlas también a todos los medios de comunicación es algo completamente radical y peligroso, porque sería como resucitar el Ministerio de Información franquista o impulsar una ley de prensa”, afirman.

Fuentes jurídicas comparan este cambio con impulsar "una ley de prensa"

Por otra parte, las fuentes jurídicas consultadas critican que la adaptación al Reglamento europeo de Libertad de Medios de Comunicación se haga a través de la modificación de la Ley General de la Comunicación Audiovisual pues los servicios de comunicación audiovisual son un tipo servicios de comunicación) y no se haga a través de una Ley independiente, que, además, debería tener rango de Ley Orgánica, al afectar a un Derecho Fundamental, como es el Derecho a la Libertad de Información y al secreto profesional de la Constitución.

Preguntados por el articulo 153bis, desde el Ministerio de Transformación Digital insisten en que las competencias de ese artículo son las que corresponden al Ministerio y son equiparables a las del artículo 153 de los medios de comunicación audiovisual. "La CNMC no tiene potestad regulatoria y alguien tiene que regular porque estamos obligados por el reglamento europeo", insisten desde esa cartera. "No regulamos otra cosa que el reglamento no diga que tenemos que regular".

Los expertos legales consultados no comparten tampoco la visión del Ministerio. El problema, explican, reside en la redacción del artículo 153b, que "excede el mandato del Reglamento europeo" de desarrollar puntos concretos. “El problema de esta formulación es que se hace de manera genérica. Se habla de dictar normas en materia de medios de comunicación. No se especifican campos concretos, se utiliza una fórmula genérica expresada como en todo caso”, detallan a este periódico, mientras insisten que todavía se trata de un borrador y se puede introducir la corrección. "No hay que vincularlo a la actualidad. La redacción genérica de este artículo puede dar pie a que un gobierno el día de mañana llegue al poder y se encuentren con algo equivalente a una ley de prensa".

Otro de los problemas de este Anteproyecto de Ley es el retraso que lleva el Gobierno español en la modificación del Estatuto de la CNMC para que pueda ejercer las competencias que le atribuye la EMFA; entre ellas, la creación y gestión del registro de medios de comunicación. La EMFA establecía que este punto debía estar ya aplicado el 8 de febrero de este año.

Teniendo en cuenta que el anteproyecto de ley se presentó hace menos de un mes y todavía tiene un largo proceso de tramitación por delante, la aprobación definitiva se podría demorar hasta un año. Con este retraso, España se arriesga a que Bruselas le abra un nuevo expediente sancionador, como ya ocurrió el pasado mes de julio por no dar a tiempo a la CNMC los poderes para aplicar la ley de servicios digitales de la UE.