Es noticia
Por qué la nueva ley de rectificación del Gobierno contra los bulos es una utopía en internet
  1. Tecnología
¿Por qué 100.000 seguidores y no un millón?

Por qué la nueva ley de rectificación del Gobierno contra los bulos es una utopía en internet

El Gobierno ha aprobado un anteproyecto de ley para modificar el derecho de rectificación e incluir a los influencers con más de 100.000 seguidores. Sin embargo, es casi imposible de llevar a cabo en la práctica

Foto: El ministro para la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Justicia, Félix Bolaños, durante una sesión en el Congreso de los Diputados. (Europa Press)
El ministro para la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Justicia, Félix Bolaños, durante una sesión en el Congreso de los Diputados. (Europa Press)
EC EXCLUSIVO Artículo solo para suscriptores

"Nunca es triste la verdad. Lo que no tiene es remedio", decía el cantautor catalán Joan Manuel Serrat. Sin embargo, para el Gobierno, lo que sí parece tener remedio es lo contrario, los bulos, la falacia y la desinformación. El Consejo de Ministros aprobó ayer un anteproyecto de ley para modificar la ley del derecho de rectificación, de modo que no sólo afecte a los medios de comunicación, como sucedía hasta ahora, sino también a usuarios "de especial relevancia" en redes sociales, es decir, los que tengan más de 100.000 seguidores en una plataforma o más de 200.000 en el conjunto de ellas. Un plan que deja muchas dudas por el camino y que se va a encontrar con cientos de obstáculos técnicos.

La modificación de esta ley se enmarca en una de las promesas del plan de regeneración democrática que el Gobierno anunció después de que el presidente, Pedro Sánchez, amagara con su dimisión en abril alegando una supuesta estrategia de “acoso y derribo” contra él por distintos medios tras la investigación judicial contra su esposa. El ministro de Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha señalado que en la actualidad muchas cuentas en redes "tienen una difusión mayor que medios tradicionales" y "hay profesionales del bulo y de la mentira que todos los días enfangan nuestro debate público con mentiras y con falsedades".

Con esta propuesta, el Gobierno entiende que la ley actual del derecho de rectificación, que data de 1984, ha quedado desfasada, ya que la manera en la que la gente se informa ya no es la misma que hace 40 años. Y apunta directamente a aquellos usuarios que difunden informaciones y otros contenidos a través de redes sociales y que, por razón del número de seguidores, gozan de un alcance y repercusión equiparables al de los medios tradicionales. Motivos por los cuales deben estar también sometidos a la posibilidad de que sus contenidos sean rectificados.

placeholder El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. (Europa Press)
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. (Europa Press)

“A priori esto me parece que no es una jugada jurídica, sino obviamente política y justo en la semana que tiene que ir a declarar Begoña”, explica a El Confidencial Borja Adsuara, abogado y experto en protección de datos. Según el jurista, se están confundiendo dos conceptos: “La rectificación está pensada para rectificar errores de hechos o inexactitudes, no para defenderse de injurias y calumnias, que son acusaciones hechas maliciosamente para causar daño con conocimiento de su falsedad o temerario desprecio hacia la verdad".

"Si un periodista o cualquier persona en redes se equivoca, porque todos nos equivocamos y el flujo de información es tan vertiginoso que hay errores todos los días, se corrigen los errores sobre la marcha. Y cualquiera que se sienta perjudicado, puede pedir una rectificación, que está para eso, para rectificar inexactitudes. Pero si hay una intención realmente de hacer daño a alguien publicando una información con conocimiento de su falsedad, entonces la solución es la vía penal y la querella”, añade.

"Todos sabemos que el millón de lerdos que siguen a Alvise no le van a abandonar por muchas rectificaciones que publique".

Adsuara está de acuerdo en que cada uno de los usuarios de una plataforma somos "un medio de comunicación", pero señala que el Gobierno ha patinado en el número de seguidores elegidos. "Según la Ley General de Comunicación Audiovisual y el Real Decreto de Desarrollo, se fija la cantidad en un millón en una plataforma o dos millones en varias. Y ahora lo bajan a 100.000. No tiene sentido y son conscientes de la incoherencia. Además, tampoco es lo mismo tener un millón de seguidores en Instagram que tener un millón en TikTok. El problema es que no puede haber en un mismo sistema jurídico dos definiciones de "usuarios de especial relevancia'".

Foto: Una adolescente baila un TikTok junto a su teléfono móvil. (EFE/Luis Tejido)

Algunos de estos usuarios, tal como los define la ley, tienen una clara influencia social y política. En algunos casos, como el de Alvise Pérez, han llegado incluso a las instituciones. Alvise tiene 719.000 seguidores en Telegram. Vito Quiles, otro periodista conocido por esparcir bulos en redes sociales, tiene 380.000 solo en X. “Cuando mataron al niño de Toledo, lo primero que Alvise publicó es que se trataba de un mena del pueblo. En ese punto, se podría aplicar el derecho a rectificación e incluso ir por la vía penal porque ha publicado, con ánimo de incitar al odio, una información a sabiendas de que es falsa. Lo mismo con el parking de Bonaire e Íker Jiménez, cuando se estuvieron inventando hechos”, añade Adsuara.

En la misma línea se pronuncia el abogado de protección de datos y especialista en el RGPD, Jorge García Herrero, quien se pregunta cuál es la finalidad de todo esto: "Sin ser sociólogos, todos sabemos bastante bien que el millón de lerdos que siguen a Alvise no le van a abandonar por muchas rectificaciones que publique. Sobre todo si las etiqueta como tal, algo que le va a dar incluso más fama. La gente que sigue este tipo de cuentas no va buscando información veraz. Lo que veo es que hay demasiados personajes que no son especialmente afectables porque se le saquen los colores diciendo que ha mentido. Ni siquiera una medida tan atrevida como esta va a servir para algo. ¿Iker Jiménez se ha quedado sin audiencia después del ridículo que hizo? Ha continuado todo igual".

placeholder El eurodiputado de Se acabó la fiesta Alvise Pérez. (EFE)
El eurodiputado de Se acabó la fiesta Alvise Pérez. (EFE)

Otro de los claroscuros de la medida es que dicta que las plataformas de internet deberán contar “con un mecanismo fácilmente visible y accesible, que permita al solicitante, sea o no usuario de la plataforma en cuestión, contar con una herramienta que le asegure la remisión directa e inmediata de la rectificación, así como la constancia de la recepción y el seguimiento del proceso”. La idea es que se pueda solicitar de manera muy sencilla en internet. Pero esto en la práctica supone un desafío increíble, tanto técnico como de estrategia empresarial. Algunas plataformas como X (Twitter) ni siquiera permiten enviar mensajes privados si no se tiene una cuenta premium. Otras como Bluesky tampoco permiten editar mensajes o incluir anotaciones posteriores.

Es un tema complicadísimo y no tiene mucha solución. Las redes sociales no han incluido cambios en el diseño de sus plataformas para hacer eso posible, incluso aunque ya exista un derecho de rectificación regulado por el artículo 85 de la Ley de Protección de Datos del 2018. ¿Qué pasa con quienes quieran ejercerlo y estén bloqueados por el usuario que hace la afirmación? Y además hay que tener en cuenta que esto es una ley para España, es algo particular del país y no es una medida comunitaria. Por mi parte, hasta que no salga en el BOE prefiero no darle muchas vueltas, porque no le veo mucha finalidad”, incide García Herrero.

Foto: Cartel publicitario de Alvise Pérez para las elecciones europeas del 9 de junio. (Agencias)

Uno de los propósitos del anteproyecto de ley, que aún tiene que pasar por toda su tramitación administrativa y parlamentaria para hacerse realidad, es favorecer al máximo que cualquier ciudadano pueda actuar judicialmente contra noticias falsas que le afecten a él o a su entorno. Por ello, se amplía el plazo de siete a 10 días para presentar la solicitud de rectificación y se elimina la obligación de dirigirse al director. No obstante, como muchos juristas apuntan, la ley del derecho de rectificación no establece ningún tipo de sanción y tampoco es obligatoria. El medio o la cuenta de redes sociales puede negarse a rectificar y el solicitante tendría que llevar entonces el caso a un juez si así lo considera, para que este decida si obliga o no a la publicación de una rectificación.

A Luis Gervas de la Pisa, abogado de salirdeinternet.com y experto en la materia de rectificación digital, la nueva regulación tampoco le parece especialmente innovadora, ya que sigue la línea de lo que se estableció en el artículo 85 de la Ley 3/2018. “Una de las grandes incógnitas que se resolverá con el tiempo es si las redes sociales ayudarán a que se rectifiquen los contenidos cuando reciban inmediatamente cientos de solicitudes extrajudiciales de los ciudadanos”. El abogado considera ilógico, por otro lado, que la ley se aplicara a un usuario con 100,.000 seguidores y no a alguien que, con un solo tuit inexacto y perjudicial, llegue a un millón de personas a través de retuits o por haberse viralizado".

"Nunca es triste la verdad. Lo que no tiene es remedio", decía el cantautor catalán Joan Manuel Serrat. Sin embargo, para el Gobierno, lo que sí parece tener remedio es lo contrario, los bulos, la falacia y la desinformación. El Consejo de Ministros aprobó ayer un anteproyecto de ley para modificar la ley del derecho de rectificación, de modo que no sólo afecte a los medios de comunicación, como sucedía hasta ahora, sino también a usuarios "de especial relevancia" en redes sociales, es decir, los que tengan más de 100.000 seguidores en una plataforma o más de 200.000 en el conjunto de ellas. Un plan que deja muchas dudas por el camino y que se va a encontrar con cientos de obstáculos técnicos.

Derecho Fake News
El redactor recomienda