Telegram se acaba de arrodillar ante este país y explica el cambio tras el arresto de su fundador

Telegram lleva años librando una guerra contra decenas de gobiernos por negarse a proporcionar datos de las actividades de sus usuarios. La plataforma de mensajería del ruso Pavel Durov se ha hecho con el título de “la más hermética del mundo” precisamente por eso, porque ni Putin ni Macron ni la policía de ningún país ha conseguido que ceda en su empeño. "Hasta el día de hoy, hemos revelado 0 bytes de datos de usuarios a terceros, incluidos gobiernos", presumía su fundador. Sin embargo, desde su arresto en Francia hace unas semanas, eso parece haber cambiado repentinamente. Telegram se acaba de arrodillar para pedir disculpas a Corea del Sur y ha aceptado borrar contenido e investigar cuentas. ¿Así es la nueva cara de Telegram?

Este cambio de dirección se produce después de que las autoridades surcoreanas iniciaran una investigación sobre la plataforma, acusándola de "complicidad" en la distribución de material pornográfico deepfake de menores, en medio de una epidemia de delitos sexuales digitales en el país asiático. En los últimos meses, se ha hecho pública una retahíla de salas de chat en la app en las que se manipulaban fotos de chicas adolescentes con IA para crear contenido sexual.

Tras la investigación de algunos periodistas, la policía comenzó a seguir la pista de varias de estas redes de pornografía en canales de Telegram, uno de los cuales tenía nada menos que 220.000 miembros. Muchas de las víctimas eran estudiantes y profesoras conocidas por los perpetradores. Según las denuncias, las salas de chat (a las que se les llamaba "salas de humillación" o "salas de amigos de amigos") estaban organizadas por regiones, escuelas y universidades. Sólo bastaba con enviar 3 o 4 fotos o vídeos de las mujeres, obtenidas a través de las redes sociales, y creaban los deepfakes en cuestión de segundos de forma gratuita o a cambio de un pequeño pago.

"Me sorprendió lo sistemático y organizado que era el proceso", decía una periodista del medio surcoreano Hankyoreh en un reportaje en el que se menciona cómo funcionarias, profesoras, enfermeras, deportistas y mujeres dentro del Ejército o la Policía también han sido víctimas de esta práctica. Eso ha hecho que surjan iniciativas ciudadanas que incluyen hasta un mapa interactivo con un buscador por escuelas, con al menos 588 centros registrados.

Ante la escalada de la polémica, un desbordado Yoon Suk-yeol, presidente de Corea del Sur, instaba a las autoridades a que llevaran a cabo una investigación exhaustiva y "erradiquen estos delitos sexuales digitales". Hay que recordar que en este país la distribución de deepfakes está castigada con cinco años de cárcel o una multa de hasta 33.850 euros. Ahora el gobierno ha anunciado que endurecerá esas penas.

En la mira del país que menos esperaban

Tras el revuelo, las autoridades surcoreanas anunciaron que también iban a investigar a Telegram, siguiendo el ejemplo de Francia, que recientemente acusó a Durov de delitos relacionados con pornografía infantil, tráfico de drogas y fraude en la app. Al igual que en este caso, las autoridades francesas también habían investigado el papel de la plataforma en la distribución de fotos de desnudos de menores y Durov había sido denunciado por no aplacar dichas actividades.

El asunto es especialmente sensible en Corea del Sur, dado que el país ya se ha enfrentado a esta crisis antes. En 2019, inundó las portadas otro caso en el que una red de prostitución usaba Telegram para chantajear a mujeres y niñas con el fin de que filmaran contenido porno de ellas mismas. En ese momento, la policía pidió ayuda a Telegram con su investigación, pero la aplicación ignoró hasta siete solicitudes. Aunque el cabecilla fue condenado a más de 40 años de cárcel, no se tomó ninguna medida contra la plataforma por temores a la censura. Desde entonces, algunas asociaciones activistas han liderado movimientos para que el gobierno la regule o incluso la prohíba en el país. “Si estas tecnológicas no cooperan con las fuerzas del orden, entonces el estado debe regularlas para proteger a sus ciudadanos”, decía la fundadora de una de ellas.

Con todo esto sobre la mesa, la Oficina Nacional de Investigación, empezó a establecer conexiones entre su caso y el de Francia e incluso avanzó que había planes para colaborar con sus homólogos franceses y otras instituciones internacionales. Temían que la investigación no prosperara o se complicara por el hecho de que Telegram no suele proporcionar fácilmente datos a ningún organismo estatal. Pero estaban equivocados.

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Telegram no sólo ha aportado toda la información necesaria, sino que se ha disculpado y ha eliminado decenas de vídeos de la plataforma. En una declaración a la Comisión de Normas de Comunicaciones de Corea del Sur (KCSC), la plataforma señalaba que la situación era "desafortunada" y les propuso crear una dirección de correo electrónico dedicada a la comunicación futura con el regulador. La KCSC ha descrito esa maniobra como "muy progresista" y han agradecido que hubiera "reconocido la gravedad" del asunto. En una publicación, Durov apuntaba que la empresa se ha "comprometido a colaborar con los reguladores para encontrar el equilibrio adecuado" entre privacidad y seguridad y reconocía que su app se ha vuelto "más fácil de abusar para los delincuentes".

Un cambio de estrategia

Esta reacción sorprende porque la compañía ha sido históricamente conocida por tener una postura de moderación bastante laxa. Esto, sumado a la posibilidad de mantener conversaciones cifradas de extremo a extremo a través de una función de “chats secretos”, la ha convertido en un rincón privilegiado para el comportamiento delictivo y por eso ha estado bajo el escrutinio de gobiernos como Brasil o Alemania. La acusan de no hacer lo suficiente para controlar el contenido y de albergar a estafadores, grupos extremistas y distribuidores de pornografía a la plataforma.

Las grandes tecnológicas están obligadas a colaborar con las autoridades y la Justicia para combatir el crimen, según la Ley de Servicios Digitales (DSA) aprobada por la Unión Europea en 2022. Es de lo que Francia acusaba recientemente a Durov de lavarse las manos, y lo que Facebook, Google, o Apple, en cambio, sí han hecho. En la segunda mitad del año pasado, Meta recibió más de 300.000 peticiones de gobiernos en todo el mundo. En el 77% de ellas, la compañía colaboró enviando datos requeridos. Mientras tanto, Telegram hizo lo propio con 0.

"Hay delincuentes en Telegram, Signal, Twitter y todos lados. Incluso en un foro abierto de Internet. Aquí el problema está, y es lo que preocupa a los sistemas judiciales, en que Telegram no suele responder a los requerimientos de los gobiernos a la hora de identificar a usuarios concretos que puedan estar cometiendo ilegalidades", señalaba recientemente a este diario Josep Albors, especialista en ciberseguridad.

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El Ministerio del Interior alemán abrió hace tiempo una investigación exigiéndoles más transparencia, que eliminara el contenido delictivo y que revelara los datos de los usuarios. "Las leyes nacionales, ya sean alemanas o europeas, no juegan ningún papel para estas personas", decía un funcionario. En Brasil, Telegram vivió una situación similar, donde llegó a estar bloqueada durante días. Allí, un juez tomó la decisión de suspender su actividad al considerar que no estaban colaborando en una investigación contra grupos neonazis. Similar a lo que pasó el pasado marzo en España, cuando el juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, ordenó suspender la app de forma cautelar tras varias demandas relacionadas con propiedad intelectual y ante la negativa de informar sobre los infractores.

Con lo ocurrido en Francia se reafirmaba la idea de que el ruso Pavel Durov no se doblegaba ante nadie, pero eso se acabó. Su arresto ha sido el punto de partida de un cambio de estrategia con la que Telegram ahora espera ganarse poco a poco el apoyo de los países y sus reguladores. O al menos, evitar el peor de los escenarios: que terminen prohibiéndola.