La idea de la Fiscalía contra el odio en redes tras el asesinato de Mateo. "Es algo imposible"

"Un niño de 11 años asesinado a puñaladas por un magrebí. ¡Llámenme racista, pero los quiero fuera ya!"; "El asesino de Mocejón es un moro, ¡las calles deben arder ya!". Estas dos publicaciones en X (Twitter) aparecen pocas horas después de conocerse la trágica muerte a puñaladas de un niño de 11 años en Mocejón, Toledo. En cuestión de minutos, las redes sociales se llenan de discursos de odio contra la población inmigrante mientras la policía lleva a cabo una cacería a contrarreloj para dar con el culpable. Pronto se revelan nuevas pistas del caso: el asesino detenido por la policía no es extranjero, sino un local con problemas mentales. Pasan doce horas y la Fiscalía anuncia que va a investigar los mensajes lanzados en distintas redes “con el propósito deliberado de despertar entre la población sentimientos de odio, hostilidad y discriminación”. Catorce horas después, decenas de cuentas, entre ellas las dos citadas, cierran sus perfiles.

No es casualidad. De hecho, no han pasado ni 24 horas desde que la policía detuvo al presunto culpable del brutal asesinato hasta que el Ministerio Público se ha pronunciado sobre el odio que se ha vertido estos días en redes sociales por la muerte de Mateo.

La novedad es una propuesta del fiscal Miguel Ángel Aguilar, quien afirma que uno de los mayores obstáculos es saber quién está detrás de estas publicaciones, por lo que es necesario un plan para que todos los usuarios de las redes sociales tengan que estar identificados. Y va más allá, incluso propone reformar el Código Penal para que los condenados por cometer un delito de odio grave en las redes vean restringido su acceso a las mismas. Dicho de otra forma, un destierro digital. Y también un plan con decenas de agujeros técnicos y legales, según algunos expertos consultados por El Confidencial.

La propuesta llega tras dos días en los que simpatizantes de la extrema derecha de nuestro país ha volcado su odio en mensajes de redes sociales. Entre ellos se encuentra el reciente eurodiputado Alvise Pérez, quien a las pocas horas de conocerse el asesinato de Mateo y cuando apenas existían detalles del suceso, compartía en su canal de Telegram una fotografía de un supuesto autor falso. Mientras, otros relacionaban la proximidad de una mezquita con el polideportivo en el que se cometió el crimen. Se llegó hasta tal punto que un portavoz de la familia tuvo que salir ante los micrófonos para pedir “no acusar a nadie por su raza o color de piel”.

Es solo un nuevo episodio de un fenómeno que se vive en internet desde hace varios años y ha sido reflejado a la perfección en la oleada de disturbios provocados en varias ciudades de Irlanda del Norte e Inglaterra a principios de mes. Los linchamientos fueron la reacción a un bulo en el que se hacía responsable del asesinato de tres niñas a "un inmigrante musulmán". El presunto autor de los hechos, según la policía, era en realidad un joven de 17 años de nacionalidad inglesa. Aquí ha sucedido lo mismo, solo que las propuestas para atajar el problema son en realidad un callejón técnico sin salida.

Un sinsentido para los expertos

“Desde el punto de vista social están intentando matar moscas a cañonazos. Muchas veces es más labor de enseñar que de prohibir mediante medios técnicos. En mi opinión, la Fiscalía no sabe lo que está diciendo. En primer lugar, porque prohibir a alguien el acceso a páginas webs no es posible en la práctica. Siempre hay redes anónimas como Tor que te lo van a permitir. De hecho, ahora es más fácil que nunca acceder de esta manera y esconder el rastro de tu ordenador. Y, en segundo lugar, porque dar con un sistema de identidad robusto que tenga significado en el mundo real y sea eficaz es muy complicado. El DNI es ahora mismo el peor método”, explica a este diario Jesús Díaz Vico, especialista en criptografía.

Es algo que hemos visto con propuestas como introducir un carnet para visitar webs porno. “Muchos pagarían justos por pecadores porque los que quieren hacer algo malo lo van a seguir haciendo. Y esto acabaría siendo un gran hermano en toda regla. La tecnología criptográfica se está diseñando justamente para que no se filtren esos datos identificativos de los usuarios. Con lo que se está experimentando es con lo que se conoce como anonimato contractual. Consiste en crear ciertas reglas y desanonimazar o extraer identidad de la persona que firma un mensaje si y solo si este mensaje contiene una palabra clave. Pero hay que programarlo regla por regla. Dentro de décadas será el método más factible”, señala Díaz.

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El fiscal Aguilar también hacía hincapié en que no todos los mensajes pueden ser constitutivos de un delito de odio, por lo que es difícil erradicar este tipo de campañas. “Hay muchos comentarios que no tienen trascendencia penal, por más que sean muy odiosos y socaven nuestro modelo de convivencia”, apuntaba. Por eso pedía medidas de otros sectores para "educar y prevenir", porque es peligroso fiarlo todo a la ley: "La ley no puede acotar qué se puede publicar y que no, es peligroso para nuestra democracia".

Es algo en lo que coincide el abogado y experto en protección de datos Borja Adsuara. “Odiar no es delito, la libertad de expresión permite expresiones odiosas, otra cosa es la incitación a la violencia contra un grupo determinado”. Adsuara defiende que muchas veces bastaría con simplemente cumplir con las leyes que ya existen, ya que no hay un vacío legal, como muchos defienden: “En el caso concreto de las redes sociales, existe desde 2002 una regulación que establece el deber de colaboración de las tecnológicas con policías y jueces cuando investigan un delito, aunque no lo hayan hecho siempre, excusándose en que lo tienen que aprobar las matrices de EEUU. Es de eso de lo que se quejan los jueces”.

Adsuara explica también que el problema radica muchas veces en que son terceras personas las que redifunden los mensajes y que no se puede ni rastrear ni perseguir a todo el mundo: "Por eso se suele apuntar a los incitadores, a los activistas que catalizan de alguna forma esos mensajes de odio".

El abogado señala que la actual Carta de Derechos Digitales, aprobada en 2021 en España, protege el 'seudonimato'. Es decir, se puede usar un seudónimo, pero si cometes un delito, el juez puede ordenar que se levante el velo del anonimato. “El Estado de derecho no puede defender la impunidad y, por tanto, el anonimato. De hecho, ahora hay una posibilidad con el Reglamento eIDAS de que las tecnológicas no sean quienes administren las identificaciones, sino un tercero de confianza mediante un certificado digital. La red social no sabe quién eres, sino otra parte”.

Sobre modificar el Código Penal, Adsuara apunta a que una orden de alejamiento es razonable y que ya existe en el mundo digital como pena accesoria en casos de acoso sexual (prohibición de escribir en WhatsApp) o ciberdelincuencia (prohibición de usar internet temporalmente a los hackers). Hay un precedente no muy lejano: cuando se le vetó la red social a un youtuber por darle galletas oreo con pasta de dientes a un mendigo. Entonces se le condenó a un distanciamiento físico trasladable al mundo virtual. Es justo lo que pretende el fiscal Aguilar con su propuesta, pero conseguirlo es técnicamente imposible.

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“Basta ya de decir que hay que hacer nuevas leyes cuando lo que hay que hacer es cumplir las que ya hay. Estamos sin aplicar un reglamento europeo que ya se aprobó hace dos años en Bruselas”, sentencia refiriéndose a que el tiempo para incorporar la Ley de Servicios Digitales se ha cumplido y el Gobierno aún no ha modificado los estatutos de la CNMC como coordinador nacional de esta ley para atribuirle sus nuevas competencias.

El debate no es nuevo

Hace tres años, el Partido Popular ya se propuso modificar la Ley 34/2002 de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico e incluir un artículo sobre el deber de identificación. "Los prestadores de servicios de intermediación consistente en albergar datos proporcionados por el destinatario del servicio estarán obligados a la identificación de cada uno de los perfiles y sus cuentas de usuario a través del DNI, el pasaporte o cualquier otro documento oficial acreditativo de la identidad". Lo hacía unos meses después de que el exministro de Seguridad y Delitos Económicos de Reino Unido, Ben Wallace, llevara a la agenda política británica la necesidad de introducir identificaciones digitales para acabar con el anonimato: "Lo que es ilegal fuera de Internet es ilegal online", afirmaba.

Aquel año, gran cantidad de expertos y analistas salieron a decir que nuestra privacidad se vería comprometida y que los gobiernos tendrían más mecanismos de control sobre las interacciones virtuales de los usuarios. Además, las grandes empresas podrían utilizar esta información para sacar provecho económico. Por otro lado, hay estudios que señalan que eliminar el anonimato corre el riesgo incluso de exponer a los grupos más vulnerables. Justo lo que se pretende evitar. Para las minorías, las mujeres, las sobrevivientes de abuso doméstico o los denunciantes de malas prácticas corporativas, el anonimato es muchas veces esencial y necesario.