La Justicia de la UE avala la mayor multa de la historia a Google y solo afina la cuantía

La Comisión Europea se ha apuntado este miércoles una importante victoria en Luxemburgo, donde el Tribunal General de la Unión Europea (TUE) ha confirmado en su mayoría la multa que en julio de 2018 impuso el Ejecutivo comunitario a Google por prácticas anticompetitivas. El departamento de la danesa Margrethe Vestager anunció entonces la mayor multa de la historia en Europa, más de 4.300 millones de euros. Ahora, la Justicia europea la reduce, pero levemente, hasta algo más de 4.125 millones de euros.

El Ejecutivo comunitario determinó en 2018 que, desde 2011, Google había impuesto “restricciones ilegales a los fabricantes de dispositivos Android y operadores de redes móviles para consolidar su posición dominante en las búsquedas generales de Internet”. Así, Google obligaba a los fabricantes a preinstalar las aplicaciones de búsqueda general, Google Search, y la de navegación, Chrome, para poder contar con una licencia para la tienda de descarga de aplicaciones.

Google también obligaba a los fabricantes a firmar “acuerdos contra la fragmentación”, que evitaba que pudieran vender dispositivos que contaran con otras versiones del sistema operativo de Android que no estuvieran autorizadas por Google. Un tercer acuerdo, sobre reparto de ingresos, supeditaba la obtención de una parte de los ingresos publicitarios de Google a los fabricantes si estos renunciaban a la preinstalación de un servicio de búsqueda de la competencia en una serie de dispositivos.

El tribunal considera que, en este último punto, el referente a los llamados “acuerdos de reparto de los ingresos por cartera”, las pruebas que realizó la Comisión Europea no “permiten corroborar la constatación de un abuso resultante en sí mismo de los acuerdos de reparto de los ingresos por cartera”.

Además, la alta corte de Luxemburgo da parcialmente la razón a Google en una de sus quejas, la referente a una “vulneración del derecho de acceso al expediente” al no haber podido acceder a algunos documentos de trabajo del Ejecutivo comunitario, referentes a entrevistas realizadas durante el proceso, aunque el tribunal estima que la empresa no ha podido demostrar que haber tenido acceso a la documentación le habría permitido defenderse mejor.