La tecnología del cannabis arrasa en la sombra: ¿llegará España a tiempo?

“La duda no es si será legal, sino cuándo”. Con esa premisa, los defensores de la regulación del cannabis suelen presionar para que se acelere el proceso de despenalización ya que, advierten, España va ‘tarde’. Ante la oleada mundial de legalización en los últimos años, piden trabajar cuanto antes para tener una industria propia potente y no ir a rebufo de lo que hagan otros países. El caso más claro es el de Estados Unidos, donde ya no solo se invierte en cannabis, sino también (y mucho) en las tecnologías que giran a su alrededor.

La regulación en decenas de estados norteamericanos, donde la fiebre verde cada vez alcanza más grados, ha hecho que varios fondos de inversión se impliquen en la financiación de ‘startups’ tecnológicas relacionadas con el cáñamo. De los 2.600 millones de dólares que se han invertido en el sector en lo que va de año, más de la mitad —1.600 millones frente a los 1.450 del ejercicio anterior— han ido destinados a este tipo de empresas, que en su mayoría son estadounidenses, según datos de PitchBook recogidos por 'Business Insider'.

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Entre los nombres que han apostado por el sector está el fondo de inversión de Peter Thiel —uno de los principales financiadores del origen de Facebook—, pero también otros pesos pesados como Tiger Global, Thrive Capital o Eminence Capital. De hecho, algunas de estas compañías ya han salido a bolsa o están en proceso de hacerlo, pese al pinchazo que han experimentado las compañías más grandes del sector cannábico que, tras unos meses de sobrevaloración, han vuelto a la misma valoración (o incluso menor) que la que tenían hace un año. Entre sus grandes bazas para crecer está una hipotética regulación en Europa, donde Alemania puede convertirse en la punta de lanza.

Según la publicación estadounidense, se trata de una forma de apostar por la expansión de la legalización por todo el país, pero, claro, sin mancharse las manos con la sustancia, que en muchas partes del país sigue siendo ilegal. Por eso, ofrecen todo tipo de servicios relacionados menos el propio cannabis, por lo que también se ahorran los malos tragos que les pueda dar una jurisprudencia que, en muchos casos, les hace caminar por determinados limbos legales.

También influye una cuestión de escala: el volumen de negocio es cada vez mayor, mientras que antes era tan pequeño y complejo que apenas merecía la pena. Eso sí, aún no es tan grande como para que los gigantes del sector, como Oracle o Amazon, se hayan animado a entrar. Eso sí, la compañía fundada por Jeff Bezos ya ha anunciado que apoya una propuesta de legalización a nivel federal en EEUU.

Las lagunas de la regulación en España

“Con el avance de la regulación en Estados Unidos, las tecnológicas están cobrando mucha fuerza”, afirma Bernardo Soriano, abogado del despacho S&F, especializado en el sector, que comenta que en España la situación se limita a investigación y alguna 'startup' "muy a pequeña escala". Este letrado indica que “la tecnología es clave para lograr unos procesos sin fallos y, sobre todo, para controlar", pues uno de los mayores riesgos que existen con la regulación es que los cogollos acaben donde no deben. "Se puede establecer un sistema de trazabilidad con un código único que identifica cuándo se produce, cómo se ha cultivado, por dónde ha pasado, de modo que hace más difícil que se puedan producirse desviaciones y da una mayor seguridad”.

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Soriano ha sido el coordinador del equipo de diseño legislativo y redactor de la Ley de Regulación Integral y Control del Cannabis en Personas Adultas, propuesta por el grupo parlamentario Unidas Podemos y pendiente de debate. Entre otros aspectos, esta norma aboga por la creación de un 'software' de control estatal a través del cual se "gestionen las comunicaciones de las empresas del mercado regulado con la Administración".

Eso sí, los usos tecnológicos en este sector son tan amplios como el propio concepto de tecnología. Además de la trazabilidad, puede desarrollarse 'software' para crear plataformas de comercio electrónico o reparto como las que existen en otras industrias, pero también herramientas para gestión de inventarios, algo que ya hace la 'startup' española SmokApp con distintas asociaciones de cannabis. Y eso es solo una parte: el 'hardware' ofrece otro mundo aparte para explorar.

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"El mayor impedimento para que se desarrolle este sector tecnológico del cannabis es la falta de una regulación clara”, lamenta Soriano, que desarrolla esta idea: "Existen unos reglamentos europeos donde solo se considera prohibido el cultivo de cáñamo si sus porcentuales de THC superan el 0,2% [en enero, pasará a ser el 0,3%]. Eso entra en contradicción respecto lo que dice la Convención Única de Estupefacientes, que fiscaliza los cogollos de la planta y solo aprueba la producción industrial de fibra o semilla. Ante esta situación, los distintos países interpretan la norma de forma dispar. En España se considera que la flor no se puede comercializar".

"¿Cómo le explicas a un agricultor español, que no llega casi a fin de mes y podría tener una actividad de alto valor añadido, que él no puede hacer lo que sí se hace en Polonia, Italia, Austria o Portugal con la misma normativa? Es algo absurdo", critica este abogado.

En caso de tener más de ese porcentaje de THC —en lenguaje de andar por casa: el componente que hace que te coloques—, la única forma legal de cultivarlo es mediante las autorizaciones que concede la Agencia Española del Medicamento (AEMPS). En total, ya ha expedido 25 licencias, de las cuales 14 son para investigación y 11 para producción y fabricación con fines médicos y científicos. Además, según el Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA), la superficie dedicada al cultivo del cáñamo se multiplicó por ocho entre 2016 y 2020, cuando se registraron 510 hectáreas dedicadas a esta actividad.

La primera en obtener este permiso fue Linneo Health, una sociedad surgida en 2018, después de que el fondo de inversiones inglés GHO comprara Acaliber, una de las mayores productoras mundiales de opio. Hasta entonces, su principal propietario era el fondo Torreal, gestionado por la familia Abelló, histórica del sector farmacéutico que, entre otros medicamentos, fabricaba Frenadol. Participada en un 60% por GHO y un 40% por Torreal, la compañía sigue en números rojos: en el último ejercicio han pasado de los 6,49 a los 9,96 millones de pérdidas, algo que achacan al hecho de estar aún en una fase incipiente del negocio.

Las fuentes consultadas coinciden en señalar una paradoja evidente en la normativa que se aplica en España: hay empresas produciendo y exportando cannabis medicinal con la licencia de una autoridad que, al mismo tiempo, no lo reconoce como medicamento y prohíbe su uso en pacientes.

"Es mucho más que un porro"

Pero no todo es la producción o exportación. Una de las licencias para la investigación la tiene el Centro de Investigaciones Científicas y Tecnológicas de Extremadura (Cicytex), socio del Polo Tecnológico del Cáñamo. Fundado hace un año, se trata de un ente fundado por el Centro Tecnológico Nacional Agroalimentario de Extremadura (Cetaex) —de carácter privado— y una veintena de socios, entre los que hay instituciones, universidades y empresas.

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Hoy en día es el principal laboratorio de control analítico de cannabinoides en España, de modo que pueden medir el porcentaje de THC que concentra una muestra y evitar quebraderos de cabeza legales. “Nos dedicamos al I+D+i con el objetivo de ofrecer soluciones y aumentar su rentabilidad, uno de los principales problemas del sector”, explica José Luis Llarena, presidente de Cetaex, en conversación con El Confidencial. De hecho, enfatiza que puede servir como “actividad complementaria al tabaco, porque Extremadura produce la práctica totalidad de esta industria, que ahora está pasando por una crisis de precios”.

“El cáñamo puede generar empleo y riqueza porque aporta muchísimo valor”, defiende Llarena, que menciona algunos ejemplos de proyectos en los que está involucrado el Polo Tecnológico del Cáñamo. Por ejemplo, elaborar materiales para la construcción de viviendas con este material, utilizarlo para alimentación animal e, incluso, tecnologías 'blockchain'. “Esto ayudaría a evitar cualquier falsificación y asegurar los cannabinoides que tiene una planta”.

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Entre los socios de esta iniciativa está Cannabis Hub, cofundado por la Universidad Politécnica de Cataluña (UPC) en mayo de este año. Joan Simó, coordinador del ámbito agroalimentario de esta institución, explica que “ya hay un montón de investigación tecnológica en numerosos ámbitos, que muchas veces son transversales, como los sensores o la inteligencia artificial". "Ahora se trata de incorporar a personas que hayan trabajado con cannabis o empresas que no hayan tratado con él, pero puedan aportar su innovación", comenta en conversación con este periódico.

Eso sí, lamenta que, además de estar encorsetado por la regulación, el sector también "requiere fuertes inversiones", algo que es complicado conseguir de entornos ajenos al sector. “Hay una estigmatización muy fuerte del cannabis, que es mucho más que un porro, y se puede avanzar mucho en su investigación como materia prima", defiende. "Es el pez que se muerde la cola y que impide que se pueda trabajar con una economía circular potente”.

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“Cuando haya un atisbo de cambio de legislación, estamos listos para desarrollarnos”, dice el presidente de Cetaex, que deja caer que “en Portugal el cáñamo medicinal ha pegado un subidón enorme”: “En Extremadura no nos podemos quedar atrás y tenemos necesidad de que el sector agrario tenga soluciones. Se puede crear empleo de alto valor añadido, porque es una vía de crecimiento impresionante. En Francia hay más de 20.000 hectáreas dedicadas al cáñamo, ¿por qué aquí no?”.

¿Un 'Blackstone' de marihuana?

Según el CIS, nueve de cada 10 de españoles están a favor de regular el cannabis medicinal y casi la mitad apoya el uso en personas adultas, al que se suele llamar recreativo y que es el otro gran melón que parece que se empieza a abrir. De hecho, las iniciativas parlamentarias presentadas a favor de la legalización han hecho hincapié en este punto. “El modelo que se plantee aquí tiene que tener la idiosincrasia de España, porque hay que reconocer las realidades que existen de manera informal a día de hoy”, dice Soriano para aludir a los llamados clubes sociales de cannabis: “Su marco jurídico se ha desbordado y el enfoque participativo o cooperativo se ha perdido en la mayoría”.

En la propuesta Unidas Podemos en la que ha participado, se regulan 13 tipos distintos de licencia según el tipo de modelo de negocio. Así, indica Soriano, “se limita la integración vertical al no ser posible la acumulación de distintas licencias y que no tienda todo a la macdonalización del cannabis y respetar la atomización que ya existe, pero con un tratamiento ordenado y regulado”.

“Una vez se supere el debate sobre si se regula o no, la siguiente pregunta es de qué manera se regula, quién sale beneficiado o sobre qué criterios se hace. Ahí surge el riesgo de que surja una financiarización con los 'Blackstone' del cannabis. Hay que buscar formas de evitar que sea un diamante en bruto para fondos de inversión”, advierte por su parte Jorge Moruno, diputado de Más País en la Asamblea de Madrid.

Moruno también pone sobre la mesa los criterios de integración, “sobre todo hacia la población que se ha visto afectada por las regulaciones prohibicionistas”. “Eso no quiere decir integrar al narco, pero sí a mucha gente que vive de eso. Hay que hacer una pasarela de mercado negro a regulado, y se puede hacer bien desde el principio”, apunta antes de ejemplificar con un caso práctico: "En Massachusetts, las personas más afectadas por la guerra contra las drogas se quedaron fuera, así que el sistema incluyó fondos para que estos sectores no estuvieran a un lado mientras sí se integraba a blancos con alto sistema adquisitivo”.

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Este diputado fue uno de los impulsores de la propuesta de despenalización que este partido presentó hace unas semanas en el Congreso y que fue rechazada. No obstante, las de Unidas Podemos y ERC —que también ha presentado su propuesta— aún tienen que pasar por todo el trámite parlamentario, aunque la negativa del PSOE pone su futuro en entredicho. “El objetivo final es que se beneficie al territorio, de modo que refuerce el tejido productivo garantizando que la riqueza se queda en España”, afirma Moruno, que pone de relieve que se trata de "una decisión política, no de expertos o usuarios". Así que ahí queda la pregunta que, en algún momento, se tendrá qué abordar en España: ¿qué modelo de regulación se quiere implantar?