El TSJM anula parte del decreto que permitía acabar con las licencias VTC

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha anulado algunas disposiciones del decreto aprobado en 2018 por el Consejo de Ministros sobre licencias VTC en el transporte urbano, estimando en parte el recurso presentado por la empresa Autos Laucar. De este modo, el TSJM estima las solicitudes de una indemnización complementaria o prórroga adicional a la habilitación temporal, relativa a las autorizaciones de arrendamiento de estos vehículos con conductor.

En septiembre de 2018 se aprobó un decreto ley que permitía a comunidades autónomas y ayuntamientos poner fin a las licencias de VTC en el transporte urbano con un periodo de gracia de cuatro años en el que podían seguir operando, aunque con restricciones. La moratoria de cuatro años tenía por objeto servir como indemnización por los derechos que pierdan las licencias si no pueden hacer transporte urbano a partir de 2022.

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Europa Press

En su recurso, Laucar alegaba que la modificación de la anterior ley de transporte terrestre era en la práctica "una expropiación encubierta" que volvía imposible la recuperación de la inversión y la indemnización por lucro cesante. Ahora, en sentencia fechada el pasado 27 de septiembre, el TSJM estima parcialmente el recurso y anula algunas de las disposiciones del decreto.

Se han presentado más de 15.000 reclamaciones por este motivo, acumuladas el TSJM en cerca de 700 pleitos, 25 de los cuales ya han concluido en sentencia. El resto, señala el tribunal, se resolverán en los próximos meses, con plazo suficiente para que la Administración del Estado se pueda pronunciar antes de que concluya el plazo.

El TSJM ordena también la retroacción de todos los expedientes administrativos hasta el momento de la presentación de las solicitudes ante el Ministerio de Fomento, para que este proceda a resolverlas conforme al procedimiento legalmente establecido. De este modo, se evita que las empresas afectadas "se vean obligadas a presentar nuevas solicitudes de indemnización o prórroga adicional a la habilitación temporal para obtener una respuesta de la Administración del Estado".