El plan de Google para evitar pagar la mayor multa de la historia de la Unión Europea
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El plan de Google para evitar pagar la mayor multa de la historia de la Unión Europea

La compañía quiere anular la multa de 4.300 millones de euros por abuso de poder en Android con una reclamación ante el Tribunal General de la UE que arranca esta semana

Foto: Vista de la sede de Google en Ciudad de México. (Reuters)
Vista de la sede de Google en Ciudad de México. (Reuters)

Aunque a veces parezca que la 'causa general' abierta por las autoridades de medio mundo contra el poder que han acumulado las grandes tecnológicas mundiales es una campaña reciente, nada más lejos de la realidad. Un buen ejemplo es de los gerifaltes de la Comisión Europea, que llevan años ya metidos en este fregado regulatorio. Nadie se ha librado. En los últimos tiempos la lupa se ha puesto especialmente sobre Apple y Amazon, a quienes investigan por presuntas prácticas monopolísticas en su tienda de aplicaciones o en sus relaciones con los vendedores de la plataforma, respectivamente.

Sin embargo, no hay compañía que haya sufrido tanto el escrutinio y el látigo sancionador de los máximos responsables del Viejo Continente como es Google. Los de Mountain View, que también han sido investigados por sus supuestos tics autoritarios en varias ocasiones al otro lado del Atlántico, llegaron a ser sancionados en 2018 con la mayor multa dictada en la historia de la Unión Europea contra una única empresa: 4.430 millones de euros por abuso de posición con Android, el sistema operativo más utilizado del mundo, por encima de Windows (Microsoft) e iOS (Apple).

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Lejos de resignarse, aflojar la chequera y abonar esa estratosférica cantidad, la multinacional ha decidido pelear en los tribunales continentales con el fin de anular esta sanción. La compañía interpuso un recurso ante el Tribunal General europeo este verano. Un recurso que fue tomado en consideración por dicha institución, la segunda más importante solo por debajo del Tribunal de Justicia de la UE. La vista comenzará el próximo 27 de septiembre para que, durante cinco sesiones, los jueces escuchen los argumentos de la compañía para librarse del castigo.

Pero ¿en qué momento Android, una plataforma considerada mucho más flexible que iOS por parte de los usuarios, se ha convertido en un monopolio que merece un correctivo de tal envergadura? La clave no está tanto en la relación con los clientes sino en las condiciones leoninas que supuestamente Google ofrece al resto de fabricantes para poder utilizar este sistema operativo y los conocidos como Mobile Services (una serie de soluciones que mejoran el funcionamiento) en sus dispositivos. Las empresas agraviadas (algunas de ellas eran Nokia, Oracle o Microsoft) se movilizaron bajo el nombre Fairsearch, que fue la alianza que presentó la queja ante las autoridades comunitarias en 2015.

placeholder Margrethe Vestager. (Reuters)
Margrethe Vestager. (Reuters)

Eso supuso la apertura de una investigación comunitaria que se saldó con tres acusaciones por parte de la Comisión. La primera queja hacía referencia a que los fabricantes de móviles y tabletas instalaban Google y Chrome como el motor de búsqueda y el navegador predeterminado antes de darles la llave para acceder a su tienda de 'apps'. La segunda era que ofrecía incentivos fiscales para que su buscador fuese la única opción. El último agravio, evitar que los fabricantes creen aparatos con sistemas operativos basados en AOSP, una versión de Android de código abierto. Esta versión es la que utiliza Amazon en sus Kindle Fire. Pero apostar por esto no es fácil. La firma creada por Jeff Bezos ha renunciado a poder utilizar la tienda de 'apps' oficial y ha tenido que crear la suya propia. Algo que también tuvo que hacer Huawei desde que entró en vigor el veto de EEUU.

La defensa de Google

Google negó desde un primer momento que obligase a ninguna empresa a precargar sus aplicaciones. Uno de los mantras que siempre han repetido desde que este asunto saliese a la luz es que Android crea más oportunidades. En un escrito firmado por el propio Sundar Pichai, CEO de Alphabet y Google, se aseguraba que en ese momento había más de 1.300 marcas impulsadas por Android.

Respecto al punto de las 'apps' propias, como Gmail o YouTube, desde la empresa se sostenía que de media cada dispositivo trae unas 40 'apps' preinstaladas de múltiples desarrolladores. Argumentan que la presencia de sus servicios por defecto ayuda a "equilibrar el ecosistema Android" y que cosas como Chrome o Maps suponen una importante fuente de ingresos que sostenga los gastos que supone ofrecer su sistema operativo de forma gratuita a sus socios. "También son libres para preinstalar aplicaciones de la competencia junto con las nuestras. Solo ganamos dinero si están instaladas y la gente decide utilizarlas", remata Pichai.

Probablemente, este argumento se encuentre entre las principales líneas de defensa durante el juicio. Lo que vienen a decir, en resumen, es que estos ingresos compensan los costes de mantenimiento de Android como una plataforma abierta. Esta frase no es casual e incluye un segundo mensaje oculto: si se corta ese grifo, quizás haya que ganar el dinero por otro lado.

placeholder Sede de Google. (Reuters)
Sede de Google. (Reuters)

Aquí también cabe señalar sus diferencias con iOS y Apple, que seguramente también se saque a debate durante la vista. Mientras que los iPhones solo traen las 'apps' que eligen los de Cupertino instalar, un teléfono con Android puede traer lo que el fabricante quiera. Incluso está el asunto de que los terminales de la manzana solo permiten descargas 'apps' por la App Store, Google deja a marcas y usuarios instalar y usar otras tiendas de 'apps'.

La subasta de buscadores

Desde que Margaret Vestager, comisaria de Competencia, anunciase el castigo a Google, la compañía ha introducido cambios sutiles pero significativos para desmontar otra de las acusaciones: que su buscador es la única opción predeterminada a la hora de la verdad.

El gran cambio que realizó la multinacional es la pantalla de elección de buscadores cuando se configura un terminal con Android. En ese menú se incluyen opciones como DuckDuckGo o Bing, además del propio motor de búsquedas de Google. Además, está previsto que en esta segunda mitad de 2021 aumente el número de opciones hasta las nueve. Sin embargo, este sistema parece no haber convencido a los actores más minoritarios del mercado de búsquedas.

¿Por qué? Porque consideran que la subasta que tienen que realizar para aparecer entre las opciones elegibles dificulta crear una alternativa real a Google. Por ejemplo, Microsoft, tal y como explicó CNBC, logró ganar con Bing dicha subasta en 14 mercados. DuckDuckGo se posicionó con la mejor oferta solo en cuatro. Otros buscadores como Ecosia o Qwant se quedaron fuera de juego. La cuestión, denuncian, es que la inversión que hay que hacer deja fuera de juego a los más especializados y los más pequeños. En este argumento también hay alguna que otra excepción, como PrivacyWall, un buscador menor, que ha pasado el corte de la subasta en varios mercados y aparece entre los elegibles.

Foto: Gabriel Weinberg, creador y CEO del buscador privado DuckDuckGo. (Foto cedida)

Desde Google defienden esta subasta como una solución equilibrada. Sostienen que este pago permite a las diferentes candidaturas ajustarse a sus objetivos de negocio, al poder pujar individualmente por los países y mercados concretos y no por un paquete de ellos. Una vez más justifican que este sistema es un punto equilibrado entre la demanda de ofrecer alternativas y sus necesidades para mantener Android como una alternativa gratuita, de código abierto y accesible a las empresas que quieran utilizarlo cumpliendo las reglas básicas que imponen.

Este caso es el que más perjuicio económico podría causar a las cuentas del gigante californiano, pero no el único. En total, el buscador ha desembolsado más de 8.000 millones por sanciones impuestas tanto por la UE como por alguno de sus países miembros en la última década. La mayor parte de estas multas ha salido de Bruselas. La última gran multa llegó hace dos años, cuando castigó con 1.490 millones sus prácticas monopolísticas en Adsense. La veda se abrió en 2017. En aquel momento fueron 2.420 millones de euros los que tuvo que abonar por cómo el algoritmo de Google Shopping priorizaba sus resultados por encima de la competencia.

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