Juicios aplazados y policías 'congelados': caos de videoconferencias en la Justicia española

El pasado 14 de junio, Andrés Galán se hizo casi 600 kilómetros entre Cartagena (donde vive) y Sevilla para asistir a un juicio como abogado defensor y se tuvo que volver con las manos vacías. Un fallo en el sistema de videoconferencia que conectaba el juzgado de Sevilla con el de Madrid, donde comparecía un testigo, hizo que la vista se tuviera que aplazar hasta finales de septiembre. Una semana después, se recorrió 1.000 kilómetros más hasta Betanzos (A Coruña) para defender a otro acusado y volvió a ocurrir lo mismo, el sistema de videoconferencia falló incomprensiblemente. "Yo he tenido suerte, mis juicios se retrasaron solo unos meses. Pero otros colegas tendrán que esperar un año. Es una chapuza que nos hace perder tiempo y dinero a todos, el primero, al contribuyente", explica Galán a Teknautas.

La experiencia de este abogado no es única ni tampoco generalizada en la justicia española, pero estas situaciones se han disparado durante el último año a raíz de la pandemia. En abril de 2020, un real decreto aprobado por el Gobierno abrió la posibilidad de realizar juicios telemáticos para intentar seguir operando con normalidad. El primero se realizó el 11 de mayo en Cantabria. Todo salió bien y la medida se recibió como un gran avance. Desde entonces, según Justicia, se han celebrado 300.000 comparecencias telemáticas. Sin embargo, el ministerio no ofrece cifras de cuántas vistas se han tenido que aplazar o anular por incidencias técnicas. Los profesionales consultados apuntan a que estamos ante una problemática creciente y que afecta a casi todo el territorio español.

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"Me tuve que desplazar de Logroño a Toledo para un juicio por lo penal en el que tenían que declarar dos policías. Uno estaba en Madrid y otro en País Vasco y entraban ambos por videoconferencia. Fue imposible. No se oía nada y se congelaba la imagen. Nadie logró entender qué estaba fallando. Se aplazó un mes y entonces no hubo problema, pero porque todos fueron presencialmente a petición del juez", explica con ironía el abogado David Maeztu, que también ha vivido en primera persona estas incidencias. "Es un problema serio y va en aumento porque cada vez se usan más estas conexiones en juicios".

"Nosotros también lo hemos sufrido, es el tema de conversación cada semana en el despacho y es un caos. Hay juzgados que funcionan bien, hemos estado pasando juicios en videoconferencia sin problemas, pero con otros es imposible. Especialmente en la parte penal, ahí hay problemas recurrentes", explica un abogado penalista al frente de un despacho madrileño con una veintena de juristas que prefiere no desvelar su identidad. José Luis Vilaplana, miembro del Colegio de Abogados de Sevilla, se lamenta de los mismos problemas y señala la fuente del caos. "No hay una única plataforma para todo el territorio nacional. Cada comunidad usa un sistema, así que cuando hay varias regiones conectadas entre sí se produce un cortocircuito".

En el llamado 'territorio ministerio', donde no hay competencias de justicia transferidas (compuesto por Castilla-León, Castilla-La Mancha, Extremadura, Murcia y Baleares, además de las ciudades autónomas de Melilla y Ceuta) los juzgados usan el sistema de videoconferencias Webex, de la compañía Cisco. En el resto de comunidades, la ensalada de sistemas en funcionamiento hace que algo aparentemente tan sencillo como conectarse online se convierta en un campo de minas.

En la Comunidad de Madrid usan Zoom; en Andalucía, un sistema llamado Circuit, desarrollado por la multinacional francesa Atos; en Asturias, Aragón y La Rioja, tiran de programas propios; en Cataluña, Galicia, Comunidad Valenciana, Baleares y Canarias coinciden con el Ministerio de Justicia y usan Webex, pero con versiones y soporte diferente al del resto de comunidades. Hacer una videoconferencia a tres con asistentes da Madrid, Andalucía y Asturias, por ejemplo, es misión imposible.

Consultados por esta situación, el Ministerio de Justicia no ha ofrecido ninguna explicación. "Estamos trabajando en este frente, pero ahora no es el momento de hablar", explica un portavoz. Mientras Justicia solo tenga responsabilidad en 5 de las 17 comunidades autónomas, imponer un único sistema no va a ser sencillo. Ocurre exactamente lo mismo con Lexnet, el sistema de notificaciones judiciales recibidas por abogados y procuradores que usan solo las cinco regiones del territorio ministerio. En el resto, es otro caos parecido al de las videoconferencias.

"Hay que decir que esto no es tan fácil como montar un Zoom. El sistema tiene que permitir a todas las partes proyectar documentos, realizar registros remotos, grabar todo etc. Debería ser un programa desarrollado a medida, pero el mismo para todos", señala Maeztu. Los profesionales consultados explican que la solución sería un único sistema para todos en código abierto, con Justicia coordinando el despliegue pese a que las competencias estén transferidas. "Aquí hay que incluir formar bien a todo el personal administrativo", puntualiza el abogado Sergio Carrasco. "Hay muchos casos en los que se tienen que aplazar juicios, pero no porque el sistema falle, sino porque el personal de alguna sala no ha sido formado en cómo usarlo y no son capaces de hacerlo funcionar".

José Luis Vilaplana coincide con esta necesidad de formar al personal administrativo. "Para que no falle nada, hay que hacer pruebas antes y llegar preparados al juicio. Muchas veces el problema no es del sistema, es de la gente", señala. Y explica, además, que en su experiencia no todos los juicios son idóneos para realizarse por videoconferencia.

"Hay procedimientos sencillos que se hacen sin problema por vídeo, por ejemplo, los juicios de cláusulas suelo o la mayoría de procedimientos administrativos. Pasas de cerrar casos en hasta dos años a hacerlo en tres o cuatro meses. Los procedimientos penales son otra historia. El juez necesita una visión más cercana de los testigos y valorar el lenguaje no verbal. Eso es complicadísimo captarlo a través de una videoconferencia". En España, de momento, hacer uno u otro tipo de juicio por videoconferencia es dolor de cabeza asegurado.