Spotify, Uber o Airbnb están esquilmando internet: el coste oculto de los intermediarios

Glovo, Amazon, Uber, Spotify o Airbnb son enormes alfombras digitales por cuya superficie transitan millones de personas cada día. Lo hacen llamadas por la comodidad para conseguir comida a domicilio con un par de clics, para acceder a una enorme biblioteca de 70 millones de canciones cuando y donde uno quiere a un precio irrisorio, para encargar un coche con conductor en la puerta de casa para ir al aeropuerto o para conseguir un alojamiento en el centro de una ciudad por la mitad del coste que un hotel en esa misma zona. Aunque sus campos de actuación son diferentes, comparten un mismo modelo: se encargan de poner en contacto a los que crean un bien o dan un servicio con aquellos que quieren consumirlo o contratarlo. Esta generación de 'intermediarios digitales', alumbrados gracias al desarrollo de internet y los 'smartphones', ha conseguido acumular miles de millones de usuarios y de ingresos a lo largo y ancho de todo el mundo, revolucionando aparentemente industrias como la del turismo, la logística, el transporte o la música.

El arrollador éxito de sus productos se ha traducido en ingentes rondas de financiación para impulsar su internacionalización o astronómicas cifras de valoración cuando han querido hacerse adultas, dejar de ser una 'startup' y dar el salto a la condición de cotizadas. Sin embargo, no todo es tan bonito como parece. Algunas, por ejemplo, no han abandonado los números rojos y han estado ancladas a las pérdidas durante toda su existencia. En el camino a la rentabilidad, tanto las que la han alcanzado como las que no, han optado por utilizar recetas que han chocado con las normas y formas de funcionar establecidas en los mercados que aspiraban a conquistar. Llegaron con la promesa de que todos ganarían, ellos, los trabajadores y negocios que llevaban años sin modernizarse. Y de momento esa promesa, solo se ha cumplido muy parcialmente.

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Estás leyendo ThinkTek, nuestra serie de artículos de análisis sobre los temas tecnológicos del momento. En esta tercera serie, abordamos las diferentes crisis que atraviesan los grandes intermediarios de internet. Spotify, Airbnb, Glovo, Amazon, Uber... Se presentaron como los salvadores de internet, los magos que tenían la clave para dar con el modelo de negocio perfecto en la red. Sin embargo, han acabado envueltos en interminables problemas legales, laborales, competitivos o de rentabilidad. ¿De verdad era este el futuro de internet? ¿Son modelos viables a largo plazo? ¿Qué hay de las 'víctimas' de los intermediarios?

Si aún no has leído los anteriores ThinkTek, no te pierdas la primera entrega sobre la guerra contra Google, Amazon, Facebook y Apple, los todopoderosos GAFA. Puedes leer aquí la parte I, parte II y parte III.

La segunda entrega estaba dedicada a la industria del 5G, su despliegue mundial y el enorme reto al que se enfrentan las operadoras... y China. Puedes leer aquí la parte I, parte II y parte III.

Cuando uno levanta esas alfombras tan concurridas se encuentra la parte menos vistosa. A firmas como Amazon (uno de los mayores empleadores del mundo) o las 'apps' de 'delivery' se les señala como fuente de precariedad o de no ajustarse a la legalidad en materia laboral. A otras se les acusa de competencia 'desleal', generando efectos secundarios en sectores clave como los de la vivienda o el transporte. Hay a quienes se les afea no retribuir justamente a los creadores de los bienes con los que hacen negocio, como es el caso de Spotify y unos músicos que vuelven a rebelarse por enésima vez. Un debate que este año ha salpicado, aunque en menor intensidad, a una de las joyas de Apple, la App Store. Todo por la comisión que imponen a los desarrolladores, asunto que ha activado el 'sentido arácnido' de las autoridades de competencia a un lado y otro del Atlántico.

Aunque dista de ser una causa general contra todos ellos, esta economía de los 'intermediarios digitales' ha acabado siendo un cajón que no termina de cerrar. "En sus primeros años la gran mayoría de estas empresas eran plenamente conscientes de que estaban actuando en áreas legales grises. Y se movieron rápidamente para hacerlo", reflexiona en conversación con este diario Mike Isaac, corresponsal del 'New York Times' en San Francisco, encargado de cubrir la actualidad de las grandes tecnológicas.

Atacar nichos desatendidos

"La cultura de las empresas emergentes se trata de eso: encontrar nichos que han sido desatendidos", añade el también autor del libro 'La batalla por Uber' (Editorial Catarata), que pone el ejemplo de cómo la irrupción de los teléfonos inteligentes permitió cambiar completamente, por ejemplo, la industria del transporte. "Durante ese periodo en el que los sistemas legales existentes no están preparados para manejar este advenimiento, las empresas explotan agresivamente su posición para fortalecerse a la espera de que llegue el momento de la regulación", añade.

Apunta Isaac a cierta "arrogancia" congénita en el modo de funcionar de parte de Silicon Valley. Un sentimiento que a su parecer se resume bien en la frase que el difunto Steve Jobs expresó hace años, cuando vino a decir que la gente "no sabe lo que quiere" hasta que ellas (las empresas tecnológicas) se lo daban. "Parte de razón no le faltaba, visto el éxito del iPhone", comenta. "Pero esa idea de que los 'tecnólogos' saben mejor que nosotros lo que necesitamos y hay que adaptarse a esa idea que tienen de remodelar el mundo no deja de ser arrogante y significativa".

Esta filosofía es la semilla que acaba desencadenando roces con las instituciones de todo el mundo cuando estas intentan meter mano y acotar el margen de actuación de estos negocios. "La innovación tecnológica probablemente siempre desbordará a la regulación y eso pone a los gobiernos en desventaja", comenta. Eso da a las compañías arriba mencionadas margen para calar en el día a día de las personas, a veces con tarifas dopadas y por debajo del coste real.

"Uber, por ejemplo, llegó recaudando enormes cantidades de capital, subvencionado viajes a costes artificialmente bajos y con pérdidas de dinero para ganar pasajeros, lo que socavó a los competidores en la industria del taxi. Tras enganchar a la gente a usar sus servicios, la empresa utilizó la ventaja para subir precios", argumenta. ¿Comparte la idea de denominar la 'gig economy' como 'uberización del trabajo'? "Creo que después de Uber, todas las industrias vieron una manera de obtener mano de obra para contratar y socavar cómo funciona el empleo". Se refiere a cómo muchas de estas plataformas, a la hora de perfilar su papel como intermediarios, aligeran sus estructuras, recurriendo a un gran número de empleados por cuenta propia, lo que les da una ventaja frente a otros. "Sin embargo, no creo que pueda funcionar en todos los casos".

La popularidad que obtienen en ese periodo de gracia, explica, también condiciona las medidas que están dispuestos a tomar los dirigentes de muchas partes del mundo. "Esa es la principal ventaja que tienen estas empresas frente a los trabajadores", sentencia. Y es que a muchísimos usuarios les importa más "la comodidad de los viajes privados o la entrega de alimentos en casa" que las condiciones laborales, una posible explotación o los efectos en el mercado local de vivienda de la ciudad donde acaban de reservar un piso en Airbnb para sus vacaciones.

El tiempo que están sin regular sirve para engordar en volumen y popularidad rápidamente

Esta última compañía ha dado bastante que hablar en los últimos meses. La pandemia fue un misil en la línea de flotación de este negocio: con los viajes paralizados, miles de anfitriones y propietarios tuvieron que dejar de alquilar sus inmuebles. Eso cortó el grifo a la compañía californiana, que ya había cerrado 2019 con unas pérdidas muy superiores a las de 2018 o 2017. Se vieron obligaron a pedir préstamos y recortar su plantilla en todo el mundo.

A pesar de eso, no cancelaron su salida a Bolsa, algo que ocurrirá este jueves. Si se cumplen sus objetivos, alcanzará los 35.000 millones de valoración, lo que supondría un balón de oxígeno hasta que se produzca una recuperación masiva del sector turístico. Cuando se reactivaron sus planes de presentar una OPV en verano, tuvo que corregir sus expectativas iniciales y se fijó una meta que valoraba la compañía de 25.000 millones, ante los temores de que el retorno al escenario 'prepandémico' se dilatase mucho más en el tiempo. Algo que finalmente ha vuelto a la casilla de salida tras las noticias positivas de Pzifer, Moderna y otras farmacéuticas.

No será el único intermediario que saldrá a bailar con los tiburones de Wall Street antes de que termine el año. DoorDash, una de las 'apps' de 'delivery' más utilizadas en EEUU, pretende alcanzar 32.000 millones de valoración, recaudando 2.800 millones. Esta compañía, participada por Softbank, llega justo en la situación contraria que Airbnb: las restricciones por el covid han disparado su actividad y ahora busca apuntalar este avance.

Es probable que una vez completen su debut en el Nasdaq, con el horizonte de las vacunas más cerca que nunca, la principal preocupación de Airbnb vuelva a ser la misma de siempre: los pulsos que mantienen tanto ellos como otras plataformas de alquiler vacacional con varias metrópolis, especialmente en Europa. En España, ayuntamientos como el de Barcelona o el de Madrid movieron ficha para limitar esta actividad, de la misma forma que hicieron grandes ciudades como París, Ámsterdam, Nueva York o Berlín. "Creo que todos han llegado muy tarde a este asunto. A todas las administraciones les pilló con el pie cambiado", opina Josep Lladós, profesor e investigador de los Estudios de Economía y Empresa de la Universidad Oberta de Catalunya (UOC), que recientemente participó en una investigación sobre cómo se fijan los precios en esta plataforma. No le sorprende las metas que se manejan, dice, porque los inversores ven posibilidades a medio y largo plazo de negocio y porque "dan por descontado que habrá solución" los problemas que presentan de encaje a día de hoy.

Externalidades no esperadas

"Los efectos que ha tenido Airbnb son distintos en cada ciudad. Y se ha tenido que experimentar porque la normativa no estaba preparada. Eso es lo que estamos viendo ahora mismo: un conjunto de intervenciones públicas muy experimentales y diferentes, como ya ocurrió con Uber", responde Lladós para dar explicación a por qué hay autoridades que optan por limitar el número de días que un inmueble se puede usar con estos fines, otras por establecer elementos físicos como una entrada independiente y otras por un veto total.

Señala dos grandes motivos por los que han surgido estos roces. El primero, las "externalidades que genera en el mercado del alquiler". "No solo en el centro de las ciudades con más atractivo turístico. Cuando esa demanda de alquiler residencial se traslada a las zonas periféricas, ahí también aumenta el precio", resume. El otro, competir con un sector tan regulado como el de los hoteles. "No se le puede llamar competencia desleal, pero sí ventajosa".

Durante años, esta y otras plataformas evadían este debate hablando de que su público y su mercado "eran otros", que lo suyo era la economía colaborativa. "El problema también ha estado en llamarlo siempre así. Muchas veces no era gente que estaba compartiendo o que alquilaba una habitación que no usaba o su segunda residencia los meses que no estaba allí. Y lo mismo con los coches", argumenta Lladós. "Nos hemos encontrado con profesionales inmobiliarios e intermediarios especulando. Aquí ha habido fondos de inversión que han comprado casi edificios enteros con este fin. A la hora de hacer una regulación hay que diferenciar el actor". Señala que hay "maneras de intervenir esta situación", pero hay que tener en cuenta que la compañía ha adquirido "un volumen importantísimo". Lladós lamenta la falta de información clara y la dificultad existente para obtenerla por la falta de transparencia que existe en la plataforma. Una situación que ha empujado al INE a utilizar técnicas de 'scrapping' en Airbnb y otras webs para conocer el número exacto de viviendas que manejan en España.

Una política laboral retorcida

"Este caso y otros han venido a demostrar que la legislación que teníamos, muy enfocada a una concepción industrial de la economía, no servía y no estaba preparada ante los negocios digitales. Tenemos una oportunidad también para mejorar lo que teníamos y actualizarlo", remata este economista. No duda en subrayar que estas compañías han aportado cosas buenas "como una eficiencia mayor gracias a la tecnología, una reducción de intermediarios, así como una mayor diversidad en la oferta, que permite atender a más perfiles".

Sin embargo, es excesivamente crítico con aquellos partidarios de que el sustento de estos avances sea el recorte de condiciones laborales. "No hay que tener miedo a cambiar la legislación. Vamos a un mercado laboral que va a cambiar mucho más rápido de lo que legislamos. Va a ser mucho más flexible, pero esa flexibilidad no puede ir en contra del trabajador. Hay que acabar con la obsesión de que solo se puede ser competitivo teniendo salarios bajos".

Señala como claro ejemplo el uso "fraudulento" que se ha hecho del autónomo, una figura que se había "diseñado con un fin concreto en su momento" y se ha ido retocando a la baja con el paso de los años. Los trabajadores por cuenta propia han sido uno de los grandes protagonistas de este choque de trenes. La sociedad se ha pasado años debatiendo el futuro del empleo en torno a cómo los 'robots' iban a eliminar los puestos menos cualificados y generar nuevas profesiones y mientras tanto un puñado de 'startups' de corte tecnológico utilizaban ejércitos de autónomos para montar sus negocios con el postulado de la 'gig economy' (economía de encargos o trabajos cortos).

"No creo que hayan buscado provocar esos efectos intencionadamente, pero lo cierto es que se generan ciertas externalidades negativas que hay que abordar", explica José María Visconti, economista y director del máster en Negocio Digital y Márketing Digital en ESIC, que cree que un posible error fue "abrazar" estas empresas con una visión cortoplacista y, por eso, ahora surgen estas fricciones.

Este dilema no solo ha cobrado fuerza por estas latitudes, también se ha colado en su lugar de nacimiento. En California hace unas semanas se votó y aprobó la llamada 'Propuesta 22', impulsada por empresas como Uber o Lyft (una especie de Cabify estadounidense), que exime a las empresas de la 'gig economy' de tener que emplear a sus conductores. En países como España la batalla se ha jugado en otro plano y el asunto lleva mucho tiempo judicializado. Este otoño el Supremo se pronunció a favor de un repartidor que había denunciado a Glovo, al considerar que tenían una relación laboral. No son los únicos que han recibido varapalos en este sentido. Otras empresas como Uber Eats, Deliveroo o Amazon, por su programa Flex, han sido objeto de investigación por la Inspección de Trabajo, que ahora les reclama miles de euros en cuotas a la Seguridad Social. Uber también tuvo que cambiar su modelo cuando empezó a actuar en España, cuando cualquier particular podía darse de alta en la app, e irse a un modelo de flotas de VTC.

Mucho antes de que el alto tribunal se pronunciase sobre el caso de Glovo, el Ministerio de Trabajo dirigido por Yolanda Díaz ya anunció sus planes para pergeñar la llamada ley rider, con el fin de poner coto al uso torticero de la figura del autónomo en las plataformas digitales. Visconti es partidario de actualizar las figuras legales "que nacieron en otra época" para adecuarse a la nueva realidad. Sin embargo, este economista cree que hay que ir un paso más allá. "Hasta que aparecieron los actores digitales, había una serie de instituciones, mercados y gobiernos que se regían por el principio de territorialidad". Pero estas empresas se mueven rápidamente, establecen bases regionales en la que dan soporte a varios países donde están presentes bajo una misma forma de operar. "Eso ahora ha cambiado, la territorialidad no es esencial en un escenario de virtualización, y por eso hay que optar por una regulación global", remata. ¿Una ley a nivel europeo? "Es una solución hacia la que se camina. Pero la realidad siempre ha sido más lenta que el derecho en la UE. Y la digitalización no ha hecho más que aumentar esa brecha. Es todo demasiado lento".

De Amazon a Uber, pasando por Glovo. Todos han tenido sus cuitas con Inspección de Trabajo

Una de las cosas que suelen deslizar estas plataformas cuando su modelo laboral recibe un toque es que no se pueden ajustar al mercado laboral tradicional. Exigen una solución intermedia, una tercera vía. Si no se encuentra una figura a medida, aseguran que solo les quedaría optar por un sistema de flotas subcontratadas para salvar un negocio que quedaría tocado. "Una visión parcial de tu modelo de negocio te lleva a esa conclusión, pero las posibilidades son mucho mayores que la actividad principal", señala Visconti. Pone el ejemplo de Amazon, que mantuvo una actividad central (la venta 'online') que fue deficitaria durante muchísimo tiempo y se ha enfrentado a muchos problemas en lo que se refiere a materia laboral. Pero acabó utilizando ese negocio como trampolín para crear otros paralelos que le han acabado reportando grandes beneficios como es el caso de AWS, unas perspectivas de futuro mucho mejores y un colchón para afrontar mucho mejor los costes operativos de la expansión de su negocio logístico.

¿Cuánto debe cobrar un intermediario?

El frente laboral no ha sido el único de los aspectos que se han cuestionado sobre estos intermediarios y la relación con otras partes de la cadena. Un asunto que ha dado mucho que hablar este año es si los creadores reciben una remuneración justa o si tienen que afrontar elevados costes por poder hacer negocio a través de estas plataformas. Esta polémica ha tomado cuerpo en 2020 con el culebrón de Apple y la App Store, a la que en lugares como Estados Unidos, Europa o Rusia investigan por prácticas monopolísticas.

No solo por las condiciones que impone a los desarrolladores sino también por la comisión que se queda de sus ventas o descargas, un 30%. Si es una suscripción, ese precio se mantiene durante el primer año y a partir del segundo cae a la mitad. El sistema ha generado quejas por partes de múltiples voces como Airbnb, Spotify o Epic Games, cuyo juego 'Fornite' está vetado de la App Store por incluir pagos en su app, algo terminantemente prohibido por las condiciones de Cupertino. ¿Qué tienen en común la mayoría de ellos? También tienen negocios basados en la intermediación. Recientemente, la compañía decidió hacer una pequeña cesión y anunció un recorte del 15% en esta tarifa a los desarrolladores que ganasen menos de un millón al año.

¿Un 30% es una comisión alta? Depende del valor percibido por el usuario o desarrollador

Los responsables de la manzana se defendieron ante los que decían que esta cuota era abusiva. Lo hicieron con un informe encargado a Analysis Group, en el que analizaban las comisiones de multitud de servicios que hacen de intermediarios, desde empresas de 'delivery' hasta plataformas de servicios o videojuegos. La conclusión de este documento es que lo fijado por la compañía no es desmesurado y está en línea con el mercado o incluso por debajo de lo que exigen otros. El condicionante, en este caso, es que la App Store es la única vía para instalar apps legalmente en los iPhone o los iPads. Eso sí, ese control le ha permitido mantener unos estándares de seguridad y de calidad que no ha habido en otras plataformas similares.

¿Un 30% es mucho o es poco? "Depende del valor que aportes. Apple por ejemplo no se caracteriza por un uso frívolo de los datos", opina Visconti. "Si hiciese una explotación salvaje de la información personal, como otros de sus competidores, igual podría ser más aún más rentable y prescindir de esto". Según su punto de vista, no hay que olvidar que una comisión será alta o baja "en función de la apreciación de valor" que hagan los usuarios o los desarrolladores. "Si no se corresponde con el valor que ofrece, eso será capitalizado por la competencia. Se rige por las leyes del mercado".

Pero, aunque Apple ha dado y dará mucho que hablar por las investigaciones que deben resolverse en los próximos meses, hay otras plataformas donde la relación con la comunidad de creadores es mucho más complicada. Un buen ejemplo de esto es Spotify y otras plataformas de 'streaming', que han vuelto a ser objeto de las críticas del gremio musical, en horas bajas una vez la pandemia ha mandado al congelador el calendario de conciertos, salvo honrosas excepciones, hasta que el panorama escampe. Este pulso, al que este periódico dedicó un amplio reportaje, ha activado una campaña global que aboga por un pago de al menos un céntimo de dólar por cada reproducción en la plataforma y así poder aumentar unos ingresos que ahora mismo son raquíticos. Supone una diferencia sustancial frente a los 0,0032 céntimos que paga la plataforma sueca, la mitad aproximadamente que Apple Music o Amazon Music.

Nacho Gallego, director del Máster en Industria musical y estudios sonoros de la Universidad Carlos III, asegura que es "prácticamente imposible" no estar en Spotify a día de hoy. "Si no estás ahí, es muy complejo tener visibilidad. Incluso si estás dentro, es difícil tener visibilidad y emerger", señala. "Hay que pensar el poder que tiene Spotify, que ahora hace el papel de radio, pero también de tienda".

¿La precaria vida del creador?

Gallego señala que el 'streaming' lejos de conseguir la prometida figura del 'prosumidor' (un consumidor que crea valor) y un entorno de relación más directa entre el usuario y el creador, ha aumentado el número de intermediarios. "Simplemente se han reconfigurado", señala. Una vez se calcula lo que debe cobrar un artista, son las 'majors' o los agregadores los que reciben el pago. Estos se quedan con un porcentaje y pasan el pago al sello musical y estos a su vez hacen lo propio con el músico de turno. "Hay algunos casos en los que el artista tiene relación directa con el agregador, pero no son tantos. Y hay otros casos en los que las grandes 'majors' han comprado también los agregadores independientes. Eso ha dado pie a un proceso de concentración muy grande". Gallego alerta de que tarde o temprano, este debate llegará a los podcasts, donde no se ha fijado aún un coste por reproducción.

Sin embargo, Gallego pone el acento también en la situación en YouTube, donde es mucho más difícil rentabilizar las reproducciones, ya que pagan una sexta parte de lo que Spotify, según las cifras de Songtrust. "El debate se ha centrado más en esta plataforma porque es el actor y tienen más de 140 millones de suscriptores mientras que en YouTube no hay pago de una cuota directa, como tal", dice este experto. "Pero no hay que olvidar que YouTube es el medio por el que los más jóvenes escuchan música. Ahí depende todo de la publicidad de cada mercado y el nivel de reproducciones que tienes que conseguir es mucho mayor. En la industria musical también hay un sentimiento muy crítico al respecto".

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