La incómoda realidad que se esconde tras el 'derecho a reparar' que ha aprobado la UE
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¿Y EN ESPAÑA?

La incómoda realidad que se esconde tras el 'derecho a reparar' que ha aprobado la UE

La UE trabaja en un 'nutriscore' de la reparabilidad o en nuevas limitaciones a la obsolescencia programada. Sin embargo, detrás se esconde el debate de hasta dónde somos propietarios de lo que compramos y la incapacidad de reciclar lo que necesitamos

Foto: Foto: EFE.
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Seguro que a muchos de los que leen estas líneas alguna vez se les ha deslizado el móvil entre las manos y, como si fuese la tostada por el lado de la mantequilla, ha tenido que ver cómo la pantalla se estampaba contra el suelo con fatal resultado. Los elementos de la ecuación pueden variar. Puede ser un café en la oficina el que deja fuera de juego el altavoz o un chapuzón en la taza del váter que deja noqueado el micrófono. Otras veces puede no ser un accidente, sino el mero paso del tiempo el que ha hecho que por el uso cualquier componente de un aparato electrónico dé signos de fatiga y empiece a fallar.

Foto: Así afecta la obsolescencia programada a los dispositivos electrónicos, según la OCU (Pixabay)

Todo depende del momento en que ocurra. Si la garantía está en vigor o uno tiene un seguro contratado, puede presentarse un camino más sencillo. Otra cosa es cuando esto no es así. Uno se pone a buscar un sitio para repararlo y se encuentra que los plazos de entrega o que la minuta que le pasan en el servicio técnico son tan elevados que uno se plantea seriamente si arreglarlo o comprarse uno nuevo.

No pocos buscan entonces la 'tercera vía'. Localizar una tienda de barrio donde hagan el apaño por mucho menos, aunque eso suponga que la garantía (si sigue en vigor) quede anulada o que no les den soporte en el futuro por hacer uso de piezas no oficiales. En un sector de la población, esta sensación de tecnología efímera ha calado hondo. "No me quiero dejar más de 200 euros en un móvil. Total, para cambiarlo dentro de dos años". Alguien a su alrededor lo ha dicho alguna vez. Seguro. Pero ahora esta situación podría tener los días contados, en el caso de que prosperen los planes de la UE, que la semana pasada dio un empujón al bautizado como 'derecho a reparar', un movimiento que en los últimos años ha venido haciendo mucho ruido a ambos lados del Atlántico.

Un 'nutriscore', pero de reparabilidad

El Parlamento Europeo, concretamente el Comité de Mercado Interior, votó masivamente a favor de un texto que pide a la Comisión Europea articular una serie de medidas legales con el fin de acabar con los "dispositivos de un solo uso". El texto, que recibió 395 votos a favor, 207 abstenciones y solo 95 en contra, aboga por crear un índice de reparabilidad y que la calificación aparezca impresa en los envases y cajas de los dispositivos electrónicos que se pongan a la venta. Es decir, una calificación similar a la que se maneja con la eficiencia energética con los electrodomésticos o una suerte de 'nutriscore', el semáforo alimenticio que puso en marcha el Ejecutivo español.

"Ha sido un buen primer paso", dice Chloé Mikolajczak, activista y portavoz de Right to Repare, una plataforma supranacional que aglutina varias entidades locales que han hecho presión en favor de este derecho. "Ahora se ha mostrado a la Comisión que tiene el apoyo para seguir adelante con el desarrollo de medidas para extender la vida útil de teléfonos inteligentes o portátiles. Pero esto no es suficiente".

Índice que se utilizará en Francia a partir de 2021.
Índice que se utilizará en Francia a partir de 2021.

La propuesta del Parlamento habla de crear un sistema "inmediatamente visible y fácil de entender" para los consumidores, con el objetivo de que se hagan una idea de lo fácil o no que puede ser reparar un aparato, así como de su vida útil. El problema, como en otros sistemas que se han puesto en marcha, es que realmente sea ilustrativo y plenamente entendible para el común de los mortales.

"Sería una herramienta interesante para abordar el costo de los repuestos", asegura Mikolajczak. "No lo haría con la intención de establecer un precio máximo de cada pieza, pero se podría enfocar desde el punto de vista de otorgar mayor puntuación en función de si el componente más caro supera un porcentaje del coste del dispositivo". Francia se adelantará al resto de socios comunitarios, ya que el país galo pondrá en marcha su propio sistema de medición a partir del próximo mes.

No solo piden crear un índice, piden controlar el 'green washing' y la obsolescencia programada

Pero no es ni mucho menos lo único que se ha solicitado a la Comisión. La resolución incluye una referencia a hacer las "reparaciones de producto", especialmente en la llamada electrónica de consumo, un proceso más accesible y más atractivo, bien por establecer procesos más sistemáticos (liberando información) o más baratos. "En este sentido, estamos empujando para hacerlo económicamente atractivo, con ayudas que hagan accesibles y asequibles las reparaciones, como en Austria".

En el texto, se expresaba el deseo de limitar el conocido como 'green washing', una práctica de 'marketing' al alza en los últimos años que básicamente consiste en venderse como un producto o empresa 'eco friendly'. El problema es que muchas veces se hace solo apoyándose en eslóganes y anuncios que se sustentan en evidencias presentadas de forma parcial.

Hay más tela que cortar. El Parlamento propone perseguir y castigar las prácticas de los fabricantes para acortar deliberadamente la vida de los dispositivos, algo que se conoce como obsolescencia programada, un asunto que lleva utilizándose años para atizar las tecnológicas, especialmente tras la escalada de precios que han sufrido algunos mercados como el de los móviles en los últimos años.

Estas prácticas que no buscan otra atar en corto a los consumidores para que acaben renovando sus dispositivos antes de tiempo se pueden realizar de dos maneras: por 'hardware' o por 'software'. En el primer caso nos encontraríamos con equipos tecnológicos en los que piezas múltiples están soldadas a la placa base o presentadas conjuntamente. En muchas ocasiones se hace con el fin de crear equipos más compactos. Algo que hace en muchos casos casi imposible poder reemplazar las piezas fallidas fácilmente o hay que recurrir a equipos muy especializados y no al alcance de la mano de cualquiera. La OCU emitió un estudio en el que aseguró que el 60% de las averías se producen con la garantía en vigor y que si quieres repararlo cuando acabe, si estás contento con el dispositivo y quieres repararlo pasado ese tiempo de 'gracia', es "misión casi imposible".

"Si un fabricante diseña un producto de tal manera que no se pueden desmontar, o si deciden no fabricar repuestos, información de reparación o actualizaciones de 'software' disponibles, están haciendo una elección deliberada que da como resultado una vida útil limitada", añaden desde Right to Repair, que ponen sobre la mesa la necesidad de introducir modificaciones legales para empujar al 'ecodesign', evitando estas prácticas.

Estos diseños empujan, por tanto, a los clientes a buscar soporte, pudiendo acudir en muchas ocasiones solo al soporte autorizado o los proveedores oficiales, por lo que el fabricante, de alguna manera, la sartén por el mango. En otras ocasiones se ha hecho mediante funcionalidades de 'software' instalado que limitaban el rendimiento del procesador con el fin de salvaguardar la batería cuando esta se deterioraba, en función del voltaje que esta pieza era capaz de ofrecer.

Ese caso afectó a Apple, que, tras reconocer esta práctica, tuvo que poner un programa de remplazo de componentes con un precio mucho más reducido y desembolsó varios millones en EE UU y Francia en materia de compensación o multas por este asunto.

Tanto los de Cupertino como los Samsung, su tradicional rival, tuvieron que pagar cinco millones de euros en Italia en 2018, porque sus actualizaciones ralentizaban los teléfonos antiguos. Cabe decir que dos años después esto ha mejorado. Al menos en parte. Un buen ejemplo ha sido como Apple ha abierto la mano y ya suministra piezas a reparadores independientes y ha hecho modificaciones sustanciales en esta política, expandiendo programas de recompra de tus viejos dispositivos a la hora de realizar una compra y estableciendo programas de reciclado y reacondicionamiento. Eso sí, para algunos no es una transformación completa, ya que recientemente le han acusado de bloquear ciertas funciones del teléfono (por ejemplo la cámara) cuando se ha sustituido por una pieza no oficial.

La razón que tradicionalmente han esgrimido las marcas (los casos más mediáticos son los de Apple, pero es una práctica extendida) para impedir estos remplazos a través de terceros proveedores, ajenos a sus partners de confianza o sus propios departamentos, son los asociados a la seguridad y a los daños que se puede generar en el equipo si se manipula incorrectamente. El problema viene cuando se utiliza esto para deshacerse de responsabilidades sobre fallos que poco tienen con los cambios realizados. Por ejemplo, una pantalla que falla tras cambiar la RAM. El asunto ya alerto a la FCT (el rector de las buenas prácticas comerciales en EEUU), que sacó 'tarjeta amarilla' a varias empresas por anular garantías por este motivo.

Foto: Reuters.
Foto: Reuters.

Pero no son, ni mucho menos, los únicos que han estado salpicado por polémicas así. Nintendo, por ejemplo, ha visto cómo le presentaban una demanda porque sus 'Joy-Con' (los mandos de su consola Switch) se estropeaban demasiado pronto, obligando a pasar por caja. El debate de la 'autorreparación' va mucho más allá que los aparatos de consumo.

En EEUU el asunto ha llegado, incluso, al gremio de la maquinaria industrial o al sanitario, donde los suministradores impiden a cualquier persona ajena meter mano a los equipos, aunque estén en desuso. "Es un problema amplio, pero la razón por la que se presta tanta atención a los teléfonos inteligentes es que, a pesar de su poco peso, tienen un gran impacto medioambiental", explica Mikolajczak, que indica que cada año se venden 200 millones de estos aparatos en el mercado comunitario.

Recuperar materiales, clave

Todo este movimiento no solo busca empoderar al usuario y establecer una nueva relación, sino también reducir el impacto de la industria electrónica. Es obvio que un teléfono no puede vivir eternamente, ya que elementos como la memoria, la RAM o las baterías sufren un desgaste natural, producido por el uso, sin que medie ninguna mano negra en el proceso. Incluso aunque se cuide y se apliquen buenas prácticas, el deterioro tarde o temprano es inevitable.

Se presupone también que con el paso del tiempo esto ha mejorado, pero no siempre es así. Un estudio de Öko-Institut, una entidad medioambiental germana, cifraba en un 8,3% los grandes electrodomésticos que había 'muerto' de los cinco años en 2012. Ocho años antes, la cifra estaba en el 3,5%. La clave, por tanto, parece residir en cómo se articula un sistema que facilite cambiar piezas individuales para ganarle años de vida al dispositivo dentro de las posibilidades.

Esto puede influir directamente en el consumo de recursos naturales. ¿Dónde se suele situar la mayor huella ambiental de un electrodoméstico? En algunos casos, como el aire acondicionado o el microondas durante su uso. Sin embargo, en otros casos, como una lavadora, en la selección de materias primas, que supone un 55% de la huella de carbono. En el caso de un móvil puede llegar al 83%. En ningún caso de los ejemplos mostrados la carga principal está en el proceso de fabricación, por lo que el margen de mejora está, dependiendo de cada caso, en la eficiencia del aparato o en la selección y recuperación de los materiales utilizados.

Alargar la vida de estos aparatos, bien mediante la autorreparación (para seguir usándolo o para venderlo de segunda mano) puede ayudar a recortar esta factura ecológica y miles de toneladas al año en basura electrónica y también en materias primas y metales raros. Esto también puede hacerse mediante el reciclaje. En este sentido, han hecho mucho ruido los robots puestos en marcha por empresas como Apple. El problema es que estas iniciativas, a nivel privado y público, todavía no están lo suficientemente perfeccionadas y no supone un músculo suficiente para engullir el volumen al que hay que hacer frente.

El problema no deja de aumentar. Según el informe 'Global e-waste', publicado este año se ha alcanzado una cifra récord en 2019, con 53,6 millones de toneladas de residuos electrónicos generados a nivel global. En una década podría aumentar esta cantidad hasta los 73 millones de toneladas si se siguen los ritmos actuales. Algo que se supone, según las estimaciones de los autores, unos 50.000 millones en pérdidas cada curso por no recuperar metales como oro o coltán. Por regiones, Europa mantiene con diferencia la mayor tasa de clasificación y reciclaje, según el informe de la ONU, pero también es el territorio que más basura electrónica produce.

Piezas recuperadas por Daisy, uno de los robots recicladores de Apple. (Reuters)
Piezas recuperadas por Daisy, uno de los robots recicladores de Apple. (Reuters)

Hace unas semanas trascendió una investigación parlamentaria en Reino Unido, que concluyó que el país era el segundo del mundo que más generaba después de Noruega, con un total de 155.000 toneladas de estos desechos. El documento señalaba que firmas como eBay o Amazon no hacían lo suficiente para ayudar a reducir esa gigantesca cifra.

Una acusación que el gigante del comercio electrónico de Seattle, desmentía asegurando que en diez años actuando en ese mercado habían ayudado a tratar 10.000 millones de ese material. El documento también recogía menciones a Apple, llegando a afirmar que los propietarios de un teléfono no lo eran plenamente porque no podían abrirlo e incluir la pieza que querían. Los costes, añade el texto, hace más rentable pagar por uno nuevo muchas veces que por el arreglo.

El antecedente Lexmark

Esa idea de que el cliente no es realmente el propietario es fruto de un debate que cobró especial fuerza con las impresoras. Lexmark vendía sus impresoras con una especie de programa de cartuchos 'as a service'. Cuando se acababan, se devolvían a la empresa para que los rellenase. A cambio se les descontaba parte del precio que pagarían si lo adquirían de la forma tradicional.

El asunto tiene el mismo trasfondo que vivimos con Lexmark: ¿qué derecho tienen a limitarnos tras la compra de un dispositivo?

Sin embargo, apareció la empresa Impression, que empezó a comprar estos cartuchos, retirar el chip que evitaba que fuesen reutilizados sin la supervisión de la empresa, rellenarlos y venderlos más baratos. El caso llegó al Supremo de EEUU, que acabó dando la razón a Impression, al considerar, 'grosso modo', que la patente "quedaba agotada" tras la venta de la impresora a un particular, que podía decidir qué hacer y qué cartuchos usar, algo que abrió la puerta a un mercado secundario en torno a eso. Ahora, salvando las diferencias, muchos ven un escenario similar y el mismo debate: ¿hasta dónde es lícito que una marca nos imponga límites de 'hardware' o 'software' a un producto que hemos comprado?

El derecho a reparar en España

España, uno de los mercados mundiales con mayor penetración de 'smartphones' por habitante, no ha movido aún pieza en este asunto como sí lo han hecho algunos de sus socios europeos. Eso no significa que no tengan algunas normas en esta materia. "Por ley el fabricante está obligado a ofrecer 5 años después de descatalogar el producto piezas de recambio (la UE quiere ampliar el plazo a entre 7 y 10 años)", explica Alejandro Costa, fundador y CEO de Myfixpert / CyG It Sustainable Tech., un proyecto que empezó como una tienda de informática hace más de dos décadas y que se ha convertido ahora en un negocio presente en más de 100 países y que reparan más de medio millón de dispositivos al año. "Otra cosa es que algunos echen cálculos y prefieran no hacerlo, pero por ley están obligados", recuerda.

Foto: CyG It Sustainable Tech.
Foto: CyG It Sustainable Tech.

Costa y su empresa (que opera como servicio técnico de gigantes de la talla de Samsung, LG, Lenovo o Asus, algunos de ellos en exclusiva) han ingresado recientemente en la Fundación COTEC, un 'think tak' hispanohablante dedicado a la innovación, donde están liderando la mesa de trabajo sobre economía circular, donde se enmarca el derecho a reparar. "Todo lo que sea dar información antes de la compra es positivo", analiza Costa. "Si el consumidor ve una etiqueta de que hay un 9,5 de reparabilidad significará que no se va a llevar ningún susto como los que ahora pueden suceder. Que dos años y dos meses después de comprar una tele, con la garantía acabada, te sale una línea en la pantalla y cuando la vayas a reparar no te encuentres que entre la mano de obra y el coste de la pieza te salga el 75% de una nueva".

Foto: Alejandro Costa es el fundador y CEO de Myfixpert.

Explica este directivo que estas iniciativas son importantes en un escenario en el que muchos procesos de innovación tecnológica, como son crear móviles o teles cada vez más compactas, han llevado cambios en el proceso de fabricación, aglutinado piezas que antes se montaba por separado en una misma unidad y haciendo más costoso su reemplazo. Costa señala también que ayudará a evitar incertidumbre en un contexto en el que hay una avalancha de nuevos fabricantes, especialmente asiáticos, muchas veces desconocidos por el comprador. "Que un ordenador a 400 euros puede estar muy bien. Pero si luego lo quieres reparar, la historia cambia si tiene un 5 sobre 10".

Costa remata que siempre va a haber "obsolescencia por modas" y usuarios que siempre quieran dar el salto cada uno o dos años a una nueva generación de móviles. "Lo que aquí se trata de garantizar es que el que quiere tener un equipo que le dure cinco o más años, pueda mantenerlo". ¿Puede reparar cualquiera cualquier aparato? Hay páginas como iFixit —conocida por desmontar cada nuevo aparato que llega al mercado para saber cómo de fácil es repararlo— llevan años comercializando kits 'Do it yourself' y manuales de instrucciones. Manuales de mantenimiento que, según lo aprobado por el Parlamento Europeo, deberían proporcionar los fabricantes libremente. No cree que un desarrollo muy amplio del derecho a reparar pueda comerles un gran negocio, aunque sí puede crear más competencia y precios más competitivos. "Hay que pensar que los servicios técnicos oficiales estamos sometidos a unos estándares de calidad y tenemos que dar unas garantías que no tienes si lo haces tú en tu casa", concluye.

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