140.000 MILLONES EN CINCO AÑOS

48 medidas sin apenas concretar: el etéreo plan del Gobierno para digitalizar España

España Digital 2025 es probablemente el plan más ambicioso para digitalizar la sociedad, la administración y el país en general. A pesar de los objetivos, los expertos creen que falta concreción

Foto: Foto: Efe.
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España Digital 2025. Así se ha bautizado el plan con el que el Gobierno de Pedro Sánchez pretende dar el golpe de pedal definitivo a la digitalización en nuestro país. Una hoja de ruta presentada esta misma semana que engloba casi medio centenar de iniciativas en asuntos tan diversos como lograr banda ancha universal, el despliegue efectivo del 5G, la metamorfosis tecnológica de la administración pública y empresas, fortalecer el sector de la ciberseguridad, la inteligencia artificial y el 'big data', crear una central pública del dato, mejorar el atractivo del mercado nacional para las producciones audiovisuales o redactar una carta de derechos digitales. Una 'ensalada' de promesas sobre un asunto recurrente para el que pretende movilizar hasta 140.000 millones de euros durante el próximo lustro.

No es ni mucho menos la primera vez que un Gobierno pone una iniciativa de este tipo sobre la mesa. "Es algo recurrente. Han pasado prácticamente 20 años desde la primera vez que se hizo", recuerda Borja Adsuara, abogado, ex director de Red.es y experto en nuevas tecnologías con un amplio currículum en la administración pública en labores relacionadas con las TIC. Reconoce Adsuara que aspectos que se recogen entre las iniciativas de este documento -que describe como "ambicioso"- ya se habían visto en anteriores entregas, sin que hayan sido abordados con efectividad. La pregunta, una vez más, es cómo se conseguirá que esta bateria de voluntades no queden como un mero brindis al sol, transformar las promesas en avances concretos y lograr llegar a esos objetivos marcados en el tiempo establecido.

¿Cómo se mide el éxito?

El plan cuelga directamente del Ministerio de Economía y Transformación Digital aunque lo ecléctico de los propósitos que maneja hace que se hayan tenido que involucrar nada más y nada menos que 15 de los 22 ministerios así como otro largo número de organismos públicos.

"El liderazgo del siglo XXI se juega en el espacio digital", afirmó el presidente Sánchez. Para alcanzar esa cabeza de carrera, el Gobierno ha establecido 47 iniciativas, de naturaleza muy diferente, que el Ejecutivo ha englobado en diez apartados. Diez apartados cuyo cumplimiento se medirá con diez indicadores establecidos en el documento hecho público y que se pueden consultar en la siguiente tabla.

"Llama la atención que si vas a acometer 48 actuaciones te fijes solo en diez indicadores. Debería haber un objetivo para cada medida", argumenta Adsuara. "Que a estas alturas hables de administración digital o de digitalización de las empresas en pleno siglo XXI es señal de que algo se ha quedado atascado. Esto debería estar superado".

Insiste nuevamente en que es un "buen proyecto y está bien enfocado" en lo que se refiere a las metas pero lo importante es centrar la atención en el durante y en el después. "En España no hay una cultura institucional generalizada de analizar en detalle lo que se va consiguiendo con las diferentes inversiones públicas", defiende. "Lo que se hace básicamente es monitorizar que no haya fraudes. Es necesario monitorizar cómo van los proyectos y cambiar el rumbo si hace falta. Por supuesto hay que medir el resultado final, para ver si ha sido efectivo", añade. En este sentido, señala que la administración pública debería aprender de la filosofía de la empresa privada. "Allí, cada curso se dice lo que se ha logrado y se da cuentas ante un consejo o una junta de accionistas". Lo que propone en este sentido es crear un debate de liquidación de presupuestos que analice todo esto antes de celebrar el pleno de aprobación de unas nuevas cuentas.

¿De dónde sale el dinero?

De los 140.000 millones con los que se espera dotar al plan, la mitad corresponde al periodo entre 2020 y 2022. Pero esos 70.000 millones no saldrán en su totalidad directamente de las arcas públicas. Es más, solo lo hará una parte mínima de 5.000 millones. Otros 15.000 millones saldrán de diferentes partidas comunitarias y del fondo para la recuperación de la crisis del covid-19 pactado en Bruselas tras una maratoniana negociación de varios días y noches.

El resto, unos 50.000, corresponden, según lo explicado por el propio Pedro Sánchez, a la iniciativa privada. Las empresas tendrán, al fin y al cabo, la llave para que esto funcione en gran medida. Muestra de ello es el protagonismo que tuvieron en el acto de presentación, entre otros, Álvarez-Pallete, CEO de Telefónica, o Pilar López, máxima responsable de Microsoft en España.

Álvarez Pallete. Foto: Efe.
Álvarez Pallete. Foto: Efe.

"Esto suena un poco a carta a los Reyes Magos", opina José Antonio Herce, economista y cofundador de LoRIS, sobre el origen del capital para sacar adelante un plan "que tiene un tono más contundente que anteriores agendas digitales". "¿Se ha preguntado a todas las empresas cuánto dinero van a poner? ¿De qué forma? ¿En qué plazos?", se pregunta. "No hay que olvidar que son múltiples los sectores e industrias involucradas en este reto. ¿Se ha hablado con todos? El problema de no cerrar esto y aterrizarlo desde el principio es que puede diluirse".

"Hasta que no se baje todo al detalle no es más que una enumeración de buenas intenciones. Larga pero una enumeración al final y al cabo", analiza Luis Martín Cabiedes, reconocido inversor español. "Hay que hay que tener muy en cuenta el ratio de inversión. Son ideas muy buenas pero dependiendo de su implementación puede quedarse mucho dinero por el camino, en comisiones y órganos de gestión. Hay que hacer una evaluación final y decir: mira del dinero inicial invertido ha llegado tantas a empresas que ahora utilizan inteligencia artificial en sus procesos de negocio", remata. "Se parte siempre del supuesto que la inversión pública atrae el capital privado. Y no, siempre no es así. Muchas veces ocurre lo contrario. Hay que tener en cuenta que compiten y se mueven por criterios distintos, por ejemplo, en términos de rentabilidad"

Internet, mantener el ritmo

"En el pasado hemos visto cómo se ha cumplido también con lo propuesto en algunas materias y el efecto multiplicador de cuando se hace una buena aplicación de estos planes. Un buen ejemplo es el de las infraestructuras de red, que recientemente han superado un examen muy importante", dice Herce. Este economista recuerda cómo todos nos vimos obligados a "teletrabajar, estudiar y muchas cosas" desde casa en un tiempo récord. "Las redes nos han sorprendido por su calidad. Las conexiones han respondido de la noche a la mañana a un escenario que si no hubiese habido pandemia igual no tenían que afrontar hasta dentro de cinco años y si lo hacían, lo harían escalonadamente".

España Digital 2025 también dedica un importante espacio a internet. Uno de los grandes objetivos es que el 100% de la población tenga acceso, por lo menos, a 100mbps (actualmente la promesa que había sobre la mesa hablaban de 30mbps).

El plan quiere llevar al menos 100 mbps al 100% de España para 2025. Ahora mismo está en el 85%

Una conexión sólida, señala el documento, puede ayudar a mitigar la brecha digital entre la España urbana y la rural y ayuda a fijar la población en lugar remotos. Esto no es nuevo y ha protagonizado desde hace tiempo un largo debate en el que entran muchos otros factores como los servicios públicos en estas zonas o el envejecimiento.

Técnicamente es posible conseguirlo desde hace tiempo y no se está tan lejos de ese posible objetivo, según los números. Actualmente el 94% de los españoles tienen al menos 30mbps y el 85% tiene acceso a banda ancha de 100mbps. El resto está disperso en zonas de baja densidad población.

Foto: Reuters.
Foto: Reuters.

Las razones de que la red -una de las mejores de Europa- no se haya extendido más, son motivos puramente económicos. Las empresas que tienen que llevar la fibra óptica hasta el último de los rincones de la geografía patria no lo hacen o no lo tienen entre sus prioridades por un motivo simple: rentabilidad. "Sería un segmento ruinoso". Por eso muchos ven que la única opción para acometer este meta sea que el propio Estado actue de palanca. "Puede ser llegando a acuerdos puntuales con las diferentes 'telecos' o como proveedor público del servicio. Esto es como un barrio a las afueras. Aunque dos personas utilicen el autobús por viaje y sea deficitario, el Ayuntamiento tiene que habilitarlo".

Pero que se tenga acceso, no significa que se pueda contratar en todos los casos. Se tiene previsto -una promesa incluida en los programas electorales de los partidos que conforman la coalición- la creación de un bono social de internet. Similar al de la electricidad, la idea pretende que familias desfavorecidas puedan tener un acceso a internet con un mínimo de calidad. Algo esencial en un escenario como esta pandemia, donde muchos menores han tenido problemas para seguir el ritmo de las clases telemáticamente al no tener recursos suficientes.

El 5G también tiene su cuota de protagonismo con un bloque dedicado. Pretenden que en 2025 todo el espectro esté preparado para esta tecnología. Actualmente solo lo está el 30%. Para facilitar el salto hay varios deberes pendientes. El primero cambiar la TDT de frecuencia para subastar el espacio que ocupa, algo que tenía que ocurrir en junio pero por el covid-19 se ha retrasado a octubre. La licitación de la banda de los 700 mHz se producirá, por tanto, en el primer trimestre de 2021. Sin embargo, habrá que esperar para la banda de los 26Ghz. Es la franja en la que mayores velocidades se pueden conseguir y se valora limitarla básicamente al uso empresarial, por lo que estas velocidades quedarían lejos del público general. Se subastará a partir del segundo trimestre del año que viene. Hasta que ese momento llegue se seguirá con el actual modelo de proyectos pilotos en diferentes ambitos.

Administración electrónica: arreglar el fracaso

La pandemia y el confinamiento dejó al desnudo algunas carencias de la administración pública. Es el caso de la Seguridad Social que vio cómo el SEPE, el nuevo INEM, reventaba por las costuras y llegaba al colapso. ¿El motivo? Su estructura digital no estaba dimensionada para prescindir de la atención presencial, su principal eje de atención al ciudadano. "Ha quedado demostrado que cosas como los registros oficiales o las oficinas de empleo estaban inadaptadas ya no para la actual situación, sino para el estándar precovid. No es un sistema fácil para el ciudadano", argumenta Herce. Y es meridianamente claro: "España no puede permitirse un fracaso así de nuevo".

En este sentido el plan recoge varios objetivos. La mitad de los servicios públicos deberán estar disponibles en el móvil en formato aplicación para 2025. Para ello se habla de habilitar una "fábrica de aplicaciones" que desarrolle estas herramientas, así como un sistema centralizado de notificaciones, para facilitar la comunicación entre el usuario y la administración, así como una parte destinada a los funcionarios. Además se prevé una actualización de la infraestructura tecnológica y nuevos puestos de trabajo. En este punto, por cierto, el texto hace referencia a la posibilidad de apoyar la administración digital en GAIA-X, un proyecto en pañales que pretende crear una alternativa europea a Amazon Web Services o Google Cloud. ¿El problema? Que apenas ha echado a rodar.

La iniciativa privada

Pero no solo la administración pública está llamada para entrar de lleno en el siglo XXI. Algunos de los epígrafes y las metas están orientadas a la empresa privada. Así el Gobierno pretende, entre otras cosas, que un 25% de las empresas nacionales "utilicen" tecnologías relacionadas con "inteligencia artificial y el big data". Para ello propone cosas como la creación de la oficina del dato o impulsar un consejo asesor de Inteligencia Artificial, ya constituído, con expertos en la materia.

También pretenden aumentar el peso del comercio electrónico en la facturación de las empresas. El objetivo fijado es que se alcance una cuota del 25%. Para ello hablan, sin concretar demasiado, de una 'ley para startups', modernización de los mecanismos de financiación pública, la Oficina nacional del Emprendimiento, proyectos tractores en agroalimentación, salud, movilidad... Algo que, nuevamente, es un mensaje hueco para algunos emprendedores del sector.

"El Gobierno puede fijar los objetivos que quiera, pero luego son las empresas las que tienen que conseguirlo, que hacerlo realidad", añade Herce. Aboga por convertir "esas ideas" en planes sectoriales detallados, que incentiven y que empujen a implementar las soluciones. "La digitalización no se produce así por la buena voluntad. Tiene que haber algo que la active. En los últimos meses ha sido la pandemia. Ahora toca aprovechar ese tirón inicial y tomar medidas para consolidar esos avances, subsanando los problemas producidos por lo abrupto del proceso".

Foto: Efe.
Foto: Efe.

"Creo que esta parte de PYMES y empresas es bastante significativo de todo lo que hay que matizar y profundizar. La realidad es que no puede caber todo en un PDF", afirma el analista, que cree que se peca "de meter demasiados asuntos de muy distinta índole sin un hilo conductor claro". Se hablan de objetivos de competencias digitales y se hace referencia a cuotas de igualdad, se habla de digitalización de empresas y se habla de reducción de emisiones de CO2.... "Da la sensación que se ha querido meter todo, tocar todos los palos y eso hace que se pierda capacidad de concreción de medidas en un documento de este tipo".

Una falta de concrección que también echa en falta Adsuara en algunos capítulos. En el apartado de ciberseguridad nos encontramos intenciones como el de fomentar la candidatura del INCIBE y la ciudad de León para albergar el Centro Europeo de Competencia Industrial y de Investigación de Ciberseguridad, crear una línea pública de atención para atender incidentes de esta materia o conseguir 20.000 especialistas para este sector, IA o 'big data'. Algo para lo que se ejecutará un plan de 1.500 millones de euros para reformar la Formación Profesional. "Sin embargo, luego te encuentras cosas como que se quieren aumentar los alumnos de carreras STEM, fortalecer la ciberseguridad en ciudadanos o empresas o formar con competencias a millones de personas sin decir cómo".

Medida que habla solo salud digital. Foto: España Digital 2025.
Medida que habla solo salud digital. Foto: España Digital 2025.


La excepción audiovisual

Los expertos consultados coinciden en que prácticamente todo el plan necesita desarrollar y profundizar en las medidas concretas. Pero hay una excepción no poco llamativa: la del sector audiovisual. Es prácticamente el único bloque de los diez por los que se medirá el éxito de este plan España Digital 2025 que no solo tiene objetivo sino también algunos instrumentos detallados. El objetivo es aumentar un 30% las producciones en nuestro país en los próximos cursos. Para ello se va articular una nueva ley del sector que pretende eliminar las cargas administrativas, existiendo flexibilidad y simplificando los procesos en función del tamaño de la empresa.

Foto: Efe.
Foto: Efe.

Se abrirán 11 ventanillas digitales en diferentes consulados para que el equipo de producción pueda realizar gran parte de los trámites sin necesidad de salir del país de origen. También se hace mención al decreto-ley 17/2020 en el que se recogen ciertos incentivos fiscales así como ayudas a la financiación con un fondo de 780 millones de euros en avales para permitir el acceso a créditos así como ayudas directas a las salas de cine. "Esto es algo que se llevaba haciendo desde hace tiempo atrás. España tiene tres o cuatro 'hubs' como Baleares que estaban atrayendo muchos proyectos internacionales. Estas medidas, que muchas no son nuevas, se han incorporado y se han vendido como una parte más de este agenda. Lo que sorprende en este caso es que se hayan circunscrito a lo audiovisual y no a otro tipo de contenidos", remata Herce.

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