El veto a la portabilidad divide a las telecos: ¿quién reparará tu conexión si hay avería?

Lo que no ha logrado ninguna ley de privacidad lo ha conseguido el coronavirus. El Gobierno prohibió desde ayer que los operadores de telecomunicaciones puedan llamar a los ciudadanos ofreciendo ofertas para 'robar' clientes a la competencia. Es decir, ha vetado las portabilidades en fijo y móvil con el objetivo de evitar que técnicos de las compañías tengan que "realizar intervenciones físicas en los domicilios de los clientes", según describe el real decreto-ley. La medida ha sido acogida de forma positiva por la mayoría de los operadores, pero algunos critican al Ejecutivo por no haber calculado dos consecuencias del veto: generará una oleada de ERTE en las compañías de 'telemarketing' y pone en riesgo, aseguran, que se puedan reparar averías si un hogar se queda sin internet. Algo fundamental para que todos sigamos conectados desde casa.

Los tres grandes operadores, Telefónica, Orange y Vodafone, han aplaudido la nueva medida como necesaria. "Entendemos y aprobamos la medida del Gobierno, ya que asegura los servicios a nuestros clientes", dijo la multinacional francesa en un comunicado. Telefónica y Vodafone se pronunciaron en términos similares de manera oficial, pero el cuarto operador en discordia, MásMóvil, uno de los grandes ganadores en la guerra de las portabilidades el año pasado, cree que la medida es excesiva.

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"Entendemos y compartimos que en este momento la prioridad más relevante es la salud de los ciudadanos. Apoyamos eso. Sin embargo, al mismo tiempo, creemos que se tiene que garantizar el acceso a las telecomunicaciones, es un servicio esencial y mucha gente que ahora necesita internet en casa se está dando cuenta de que necesita más banda ancha de la que tiene contratada. En el fondo, se está eliminando el derecho de los consumidores a elegir el operador que más les convenga", explica a Teknautas Meinrad Spenger, consejero delegado y fundador de MásMóvil. Su compañía, igual que el resto de operadores, asegura haber cortado en seco las llamadas comerciales desde ayer mismo en cumplimiento de la ley, pero Spenger va más allá.

Argumenta que la nueva medida del Gobierno pone en riesgo la reparación de averías en domicilio en caso de que los clientes se queden sin internet. "Nuestros técnicos, la mayor parte del tiempo, realizan portabilidades en el hogar. El resto, normalmente una parte más pequeña, averías. Si no van a poder hacer lo primero, será complicado que hagan lo segundo, porque se requiere un volumen mínimo de técnicos para atender bien las averías", explica.

"No hay solución sencilla, pero es cierto que la medida de vetar las portabilidades durante el estado de alarma va a generar muchos ERTE en la empresas de 'telemarketing'", explica Montserrat Sánchez, responsable de CCOO del sector de 'telemarketing', quien calcula al menos 1.000 empleos en España relacionados con las campañas de portabilidades de los operadores. Spenger aboga por negociar con el Gobierno una flexibilización del decreto-ley para seguir permitiendo las portabilidades, pero con condiciones y protocolos establecidos de seguridad. Respecto a su propoa plantilla (los técnicos son subcontratados a terceros), MásMóvil de momento no se está planteando un expediente de regulación temporal de empleo (ERTE).

Varios altos directivos del sector consultados creen que la medida del Gobierno está plenamente justificada y quitan importancia al frente de las averías. "Si necesitas más velocidad, te la puede dar tu operador sin ir a casa. Si no tienes conexión, es imprescindible ir al domicilio, pero eso es un alta nueva, no una portabilidad. Si hay que ir a reparar algo, es precisamente a lo que hay que dedicar los recursos, eso tampoco es una portabilidad. En cambio, si por ansia comercial y solo cambiar de marca provocas una visita a un domicilio, estás poniendo en riesgo a las personas", señala un alto directivo de uno de los grandes operadores que prefiere mantener el anonimato por tratarse de un tema "sensible".

Otra fuente del sector consultada asegura que habrá que estar muy pendientes de lo que ocurre en los próximos días para asegurar el completo cumplimiento de la ley. "Hay algunos que no son conscientes de la gravedad de lo que está ocurriendo. Este lunes, varios operadores aún seguían haciendo llamadas comerciales. Ahora está prohibido, pero prueba a buscar 'fibra' en Google. Muchos siguen invirtiendo en SEO y SEM para empujar ventas", señala.

La inversión en publicidad 'online' para impulsar servicios de conexión a internet y tarifas de telefonía no queda prohibida por el real decreto, pero solo se realiza con un objetivo: crear demanda y empujar a los consumidores a contratar en una tienda o por teléfono. Si ni lo uno ni lo otro está permitido durante el estado de alarma, poco sentido tiene contratar publicidad a Google estos días. Una búsqueda por 'fibra' ahora mismo devuelve, por ejemplo, anuncios pagados por Jazztel (Orange) y Yoigo (MásMóvil). Otras fuentes consultadas advierten de lo que puede llegar si no hay un control efectivo. "Ahora empezará el truco de "te lo tramito como alta nueva poniéndote otra fibra en tu domicilio y cuando la tengas instalada llamas a tu operador y te das de baja". Y provocas encima una visita de instalador que hubiera sido innecesaria porque el cliente ya tenia fibra. Hay que evitar que estas cosas ocurran".

Asociaciones de consumidores como Facua piden al Gobierno que prohíba cualquier subida de tarifa durante estos días en los contratos en los que finalicen ahora los periodos de oferta o promoción. "Ahora somos clientes cautivos de las operadoras, así que pedimos al Gobierno que no permita a las telecos cambiar tarifas mientras dure el veto a las portabilidades", explica a este diario el portavoz de la asociación, Rubén Sánchez. Sobre el posible problema en la gestión de averías por la ausencia de técnicos, Sánchez asegura que es justo responsabilidad de las empresas asegurarse de que el servicio sigue prestándose. "Plantear ahora un todo o nada no tiene sentido. Como no me permiten gestionar portabilidades, echo a todos los técnicos a la calle con un ERTE y tampoco gestiono averías. Ese argumento no se sostiene y el Gobierno deberá asegurarse de que las empresas prestan servicio".