Lime le dobla el pulso a Valencia: anulan todas sus multas por falta de regulación

Septiembre de 2018. La imagen de la Policía Municipal de Valencia llevándose de una brazada decenas de patinetes de alquiler de la compañía Lime se hace viral. En unos minutos llega a las portadas de todos los medios. Era la foto que mejor definía el caos que se estaba viviendo en muchas ciudades ante la llegada de nuevos negocios de movilidad, como el de los patinetes eléctricos, y unos ayuntamientos que preferían mirar hacia otro lado. El consistorio de Valencia decidió entonces cortar por lo sano: pidió a la policía retirarlos de las calles y multó en repetidas ocasiones a Lime por un total de 33.000 euros. Año y medio después, un juzgado de Valencia ha dado la razón a Lime anulando todas las sanciones y creando un precedente jurídico que puede acabar afectando a muchas ciudades en España.

Una sentencia del juzgado de lo contencioso administrativo número 9 de Valencia, a la que ha tenido acceso Teknautas, ha resuelto estimar el recurso presentado por Lime contra las 44 multas (tantas como patinetes requisados) de 750 euros cada una que había impuesto el Ayuntamiento de Valencia a la compañía por ocupar el espacio público y operar sin licencia. El contexto en el que ocurrió el incidente es clave.

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Lime había comenzado a operar en la ciudad sin licencia, un hecho probado en la sentencia y admitido abiertamente por la compañía. El motivo de operar sin licencia, sin embargo, según el juez del caso, es la clave del asunto: no había ninguna regulación vigente en Valencia en ese momento que impidiera a la empresa hacer lo contrario. La única referencia en la ordenanza local solo cubría los llamados "vehículos turísticos". Por ejemplo, los segway que alquilan los turistas para recorrer la ciudad. Un modelo que nada tiene que ver con el de las compañías de alquiler de patinetes, pensados para los ciudadanos locales.

"La parte demandada [Lime] ha sido sancionada por la comisión de una infracción muy grave prevista en el artículo 294.4", reza la setencia, contra la que no cabe recurso. La infracción en cuestión es la "ocupación del dominio público o espacios privados de uso público objeto de la presente ordenanza, sin disponer del correspondiente título habilitante, cuando no haya sido solicitado o cuando haya sido expresamente denegado". Dado que no había una regulación que expidiera los "títulos habilitantes", el juez concluye que existe una "falta de tipicidad", o lo que es lo mismo, los hechos no constituían ningún tipo de falta en el momento en que se cometieron.

Consultada por este diario, Lime ha preferido no entrar a valorar la sentencia. Desde este incidente, la compañía decidió no volver a operar en Valencia por las condiciones regulatorias adversas. Fuentes del sector consultadas señalan directamente a la política "anti-patinetes" llevada a cabo por el consistorio, en concreto por Giuseppe Grezzi, Concejal de Movilidad del ayuntamiento y uno de los hombres fuertes del alcalde Joan Ribó.

"El asunto viene de atrás, el ayuntamiento de Valencia siempre ha sido hostil a la idea de tener una alternativa de transporte urbano como los patientes. El equipo de movilidad nunca ha querido reunirse con las empresas del sector y la última ordenanza es la mejor prueba: hace inviable que ninguna compañía sea rentable", explica otra fuente del sector que pide el anonimato.

La nueva normativa de la ciudad, que entró en vigor el pasado junio, equipara los patinetes a las bicicletas en cuanto a normas de circulación, pero les exige aparcar en zonas muy reducidas y determinadas si son patinetes de alquiler (los patinetes de propiedad privada pueden hacerlo en los espacios reservados también para bicis). Varias fuentes del sector aseguran que estas exigencias hacen inviable el negocio del alquiler. Tan inviable como en Madrid, donde el reparto de número de patinetes máximo por barrio está llevando a empresas como Circ a la bancarrota y a ser adquirida por Bird.

Fuentes consultadas de la concejalía de movilidad del Ayuntamiento de Valencia aseguran que "la sentencia no es contundente, ya que únicamente valora el hecho de que el abandono de los patinetes no estuviera tipificado de forma explícita, una cuestión difícilmente imaginable en 2014. El Ayuntamiento de Valéncia está a favor y potencia todas las alternativas de transporte que son sostenibles. Lo que no es aceptable es utilizar el espacio público de la ciudad para obtener un rendimiento económico. ¿Para qué alquilar entonces un local en el que realizar la actividad de la empresa si las aceras se pueden utilizar para ello sin autorización alguna?".

Está por ver el precedente jurídico de esta sentencia en el resto de ciudades españolas. Será menor en las que ya han aprobado su normativa de movilidad cubriendo los patinetes de alquiler, como Madrid o Zaragoza (Barcelona lo hará en abril). Pero puede acabar empujando al resto de ayuntamientos en el limbo (la mayoría) a regular esta actividad ya que, de lo contrario, tampoco podrán frenar ni multar a empresas como Lime, Bird, Movo o Voi si deciden comenzar a operar en sus calles.